La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, en el gobierno de Vicente Fox, su titular de la Conagua entregó concesiones de agua para él y su familia en Chihuahua, incluido el clan de los Le Barón.
Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum retomó las razones por las que era necesaria y urgente una reforma a la Ley de Aguas. Sin mencionar su nombre, Sheinbaum recordó el caso de Alex LeBarón, quien fue titular de Conagua en el sexenio de Fox.
“Imagínense una persona que llega a ser delegado de Conagua y que se otorga a sí mismo y a su familia concesiones. Totalmente irregular, ilegal, vinculado con privilegios y por lo menos vinculado a interés del gobierno”, señaló Sheinbaum.
La mandataria federal señaló que esa es precisamente la razón por la que se aprobó la nueva ley de aguas, pues se pretende acabar con la corrupción y el acaparamiento del agua.
Por último, Sheinbaum detalló que las concesiones en cuestión otorgadas por LeBarón, se dieron en zonas de Chihuahua dónde mucha gente tiene necesidad del vital líquido.
Cuestionada sobre las concesiones de la familia LeBarón en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo es un problema de acaparamiento de agua y “es parte de la corrupción y los privilegios del pasado”.
Imagínese, dijo, “una persona -en referencia a Alex LeBarón- que llega a ser delegado de Conagua y que se otorga a sí mismo y a su familia concesiones totalmente irregular, ilegal, vinculado con privilegios y por lo menos intereses vinculados al gobierno del pasado”.
Esa, afirmó, “es justamente la razón de la nueva Ley de Aguas y de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que todo eso se ponga en orden. Primero, que no vuelva a ocurrir (la entrega irregular de concesiones) y luego que se ponga en orden y que las zonas que no tienen agua, que hay muchas zonas en Chihuahua, “pues realmente puedan garantizar el derecho humano al agua”.
En su conferencia de prensa, interrogada sobre las concesiones que entregó a su familia Alex LeBarón como delegado de Conagua en Chihuahua, la presidenta afirmó es “un problema de un uso poco eficiente del agua y de acaparamiento en la zona.
“Por eso muchos en esa zona se opusieron a la ley, porque lo que busca es ordenar el uso del agua en el país”.
Sostuvo que en este caso hay que “sentarse con ellos porque no es nada más llegar y quitar el agua y punto, sino que haya mesa de trabajo (para ver) en donde se dio, cuáles pozos no son legales, cómo puede haber sustitución de cultivos y, en el caso también del uso industrial del agua, si pueden reubicarse ciertas empresas o reorientarse. Es parte de lo que estamos haciendo, además de los distritos de riego”.
Lo cierto, afirmó, que “una parte importante del agua del río Bravo y de la zona de esas cuencas se está usando muy ineficientemente”.
Fox con múltiples concesiones de agua
Exgobernadores del PRIAN, sus familias y hasta el expresidente Vicente Fox Quesada, concentran grandes concesiones de agua en regiones donde el vital líquido ha escaseado de manera importante.
De acuerdo a un reportaje publicado por el medio Revolución 3.0, la crisis hídrica que atraviesa México no solo responde a la falta de lluvias, también es consecuencia de un sistema de concesiones que por décadas permitió la concentración del recurso en pequeños grupos vinculados al poder político y económico.
Y es que según la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) con corte al 30 de septiembre de 2025, en estados como Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila bastiones del prianismo, donde la sobreexplotación de acuíferos es ya una emergencia ambiental, persisten títulos de extracción en manos de exgobernadores, familias influyentes y empresarios con acceso privilegiado a decisiones de gobierno.
Uno de los casos más importantes es el de la familia del expresidente Vicente Fox Quesada, que registra diez concesiones de uso agrícola en Guanajuato, alimentadas por acuíferos en estrés hídrico como La Muralla. En conjunto, suman alrededor de 2.17 millones de metros cúbicos anuales, destacando Mercedes Fox Quesada como la mayor extractora con medio millón de metros cúbicos al año.
Situaciones similares se repiten en otros liderazgos del PAN en el estado. La familia del senador Miguel Márquez Márquez posee cinco títulos, incluido uno a nombre del propio legislador, con una extracción permitida de 150 mil metros cúbicos anuales. El norte del estado, afectado por la sobreexplotación y el déficit de recarga, resiente cada vez más los efectos de este uso desigual del agua, que ha impactado el abasto en zonas urbanas como León.
Aguascalientes enfrenta un problema similar con la familia del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat concentra cinco registros agrícolas en el acuífero Valle de Aguascalientes, uno de los más críticos del país, con un déficit anual superior a los 95 millones de metros cúbicos. Sus concesiones suman más de 717 mil metros cúbicos de extracción, en una región donde los niveles de agua subterránea han descendido entre 1.5 y 2 metros por año.
En Coahuila, el actual gobernador Manolo Jiménez Salinas cuenta con un título agrícola de 120 mil metros cúbicos anuales, mientras que su hermano posee otro por 50 mil. Ambos se abastecen del acuífero Región Manzanera Zapalinamé, localizado en Arteaga, zona donde la Conagua ya ha advertido que no es posible otorgar más permisos debido a la falta de disponibilidad. El municipio arrastra condiciones de sequía que, según el Servicio Meteorológico Nacional, han oscilado entre moderadas y extremas desde 2020.
En el mismo estado, el priista Enrique Martínez y Martínez, exgobernador y exsecretario federal de Agricultura, registra nueve concesiones entre Arteaga y Saltillo, varias de ellas de uso agrícola, doméstico y de servicios. Entre los documentos destaca una autorización de 2003 para ocupar y explotar una zona federal en el Arroyo El Charquillo, de 9 mil 261 metros cuadrados.
Estos casos ilustran el patrón de concentración de un recurso fundamental en regiones donde la ciudadanía enfrenta cortes, racionamiento y disminución acelerada de niveles freáticos. También explican parte del rechazo de la oposición y el impulso político detrás de la nueva Ley General de Aguas, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, que busca limitar el acaparamiento, fortalecer la vigilancia sobre las concesiones y garantizar que el agua sea gestionada bajo criterios de interés público.
La legislación reconoce sistemas comunitarios, incorpora reglas para impedir la concentración en zonas vulnerables y plantea la prioridad del derecho humano al agua sobre los usos comerciales.
