Destituyen a jueza en Tamaulipas por imponer multa de casi 1.3 millones de pesos a litigante

El Poder Judicial de Tamaulipas destituyó de su cargo como jueza de enjuiciamiento a Mónica Iliana Pérez Chapa, luego de que se viralizó la imposición de una multa considerada “excesiva e injustificada” contra una abogada litigante durante una audiencia celebrada el pasado 4 de noviembre en la capital del estado.

La medida disciplinaria, inédita en los últimos años dentro del sistema penal acusatorio del estado, fue adoptada luego de que múltiples voces en el medio legal cuestionaron la legalidad y proporcionalidad de la sanción económica de la jueza recién electa hace unos meses.

La multa, que ascendía a aproximadamente 1 millón 249 mil pesos, fue dirigida a la abogada litigante Aglaeth Yesenia González Cruz. La penalización surgió cuando, en pleno desarrollo de la audiencia, la defensora solicitó que la jueza se declarara incompetente ante lo que consideró irregularidades procesales que afectaban el curso del juicio.

El monto sorprendió a especialistas en derecho penal, quienes señalaron que sanciones de esa magnitud no corresponden a lo previsto por la normativa del sistema acusatorio, donde las multas por faltas procesales suelen ubicarse en rangos mucho menores y requieren una fundamentación estricta.

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La presión pública y el debate jurídico que detonó el caso llevaron al Órgano de Administración Judicial a ordenar la separación inmediata de Pérez Chapa de su función en los juicios orales, con el objetivo —según se informó— de asegurar el correcto funcionamiento del modelo acusatorio y evitar afectaciones al derecho de defensa.

Como parte de la medida, la jueza fue asignada de manera temporal al sistema penal tradicional, estructura en la que no opera la figura de audiencias orales y en la que su intervención será limitada mientras avanzan las investigaciones.

Paralelamente, González Cruz promovió un juicio de amparo ante instancias federales, lo que permitió que un juez otorgara la suspensión provisional de la sanción económica mientras se revisa el fondo del asunto y se determina si la multa fue o no legal.

El Poder Judicial del Estado mantiene abierta una indagatoria administrativa para determinar si Pérez Chapa incurrió en abuso de autoridad, faltas disciplinarias o violaciones a los principios procesales.

La resolución final podría constituir un precedente relevante respecto a los límites del poder sancionador de los juzgadores dentro del sistema oral, así como sobre las garantías que protegen el ejercicio de la defensa en Tamaulipas.

Con Información de Agencias