A cuatro días del incendio en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, que dejó 23 personas sin vida y una docena de lesionadas, el gobierno de Sonora anunció la separación del cargo del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, mientras avanza la investigación sobre presuntas omisiones oficiales.
El gobernador, Alfonso Durazo Montaño, informó que la decisión responde a la necesidad de garantizar transparencia en las indagatorias, luego de confirmarse que el establecimiento no contaba con un programa interno de protección civil vigente desde 2021. Es decir, los últimos cuatro años operó en la ilegalidad.
“Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo. No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo”, expresó el mandatario a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. Durazo señaló que la separación es temporal y busca evitar cualquier conflicto de interés mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado revisa permisos, documentos y responsabilidades institucionales.
“Mi gobierno responderá con verdad para que no haya dudas, y con justicia para que no haya impunidad. Humildad para escuchar, firmeza para actuar y memoria para no olvidar”, afirmó en un video mensaje compartido a través de sus redes sociales.
En tanto, una de las cuatro víctimas graves del siniestro fue trasladada este miércoles a Phoenix, Arizona para recibir atención médica especializada. María Isabel Morales Bracamontes, de 20 años, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 40 por ciento de su cuerpo, fue enviada al hospital Valley Wise.
Su tía, Angélica Morales, informó que el personal médico preparó el traslado ante la necesidad de cuidados avanzados y pidió a la ciudadanía unirse en oración por la recuperación de la joven: “Que sigan orando por María Isabel para que se recupere pronto”, expresó.
El incendio, ocurrido el pasado 1° de noviembre, ha generado movilización ciudadana y reclamos por garantías de seguridad en establecimientos comerciales. Autoridades estatales y federales mantienen abiertas investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y penales. Mientras tanto, familias continúan velando a sus seres queridos y acompañando a quienes aún luchan por sobrevivir.
