Cuantiosos recursos originalmente destinados para la compra de medicamentos, el mantenimiento de equipos contra incendio en instalaciones estratégicas y la adquisición de uniformes y calzado para policías, fueron desviados por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para ocultar el financiamiento utilizado en el sistema de espionaje Pegasus, según los contratos dados a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).
La dependencia hizo públicos 27 de los 31 acuerdos presuntamente fraudulentos. Se trata de 18 firmados con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Policía Federal (PF); dos con el Servicio de Protección Federal (SPF); siete con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), y cuatro más con el hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), aunque de estos últimos no se proporcionaron los contratos completos, únicamente sus datos básicos.
Entre 2011 y 2018, la PF firmó 18 contratos presuntamente relacionados con el software Pegasus con cuatro empresas fachada vinculadas a la firma israelí NSO Group.
De ellos, 16 contratos por 17 millones 208 mil 328.64 millones de dólares fueron suscritos entre 2011 y 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, y dos más en 2018, en el periodo de Enrique Peña Nieto, que sumaron 464 millones 500 mil pesos.
La PF camufló la adquisición del software espía con maniobras como la supuesta compra de uniformes para sus elementos, el mantenimiento de los sistemas de seguridad de algunas de sus sedes, la puesta al día de sus equipos electrónicos de inteligencia o servicios de reconfiguración a algunas aeronaves.
Justamente una empresa que se anunciaba como especialista en el mantenimiento, compra y venta de aeronaves fue la favorita del sexenio de Felipe Calderón para adquirir el software de espionaje. Se trata de K.B.H. Aviation, a la que se asignaron 12 contratos por un total de 12 millones 152 mil 305.66 dólares, de los que sólo uno tenía que ver con aeronaves. El resto fue para la supuesta puesta en marcha y mantenimiento de equipos de seguridad.
En la mitad de esas contrataciones quien firmó a nombre de la institución federal fue Rodrigo Alcántara Fernández, entonces director general de Recursos Materiales de la PF y quien hasta el año pasado laboraba en el gobierno federal de la 4T como director de Administración del Oadprs.
El mayor de los contratos hecho por la PF fue asignado en 2018 a la empresa Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MV, SA de CV. Se trata de un supuesto encargo de uniformes por la suma de 464 millones de pesos.
Entre los contratos fachada resalta el registrado como OADPRS/DGA/A/030/2018, cuyo objetivo era la “adquisición de medicamento para los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social”, cuyo monto fue de 145 millones 154 mil 706 pesos con 65 centavos.
El contrato fue firmado con la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, e incluía la entrega de medicamentos en 17 centros federales de readaptación social, Almoloya e Islas Marías entre ellos.
Por sus montos sobresalen los contratos firmados por el Oadprs con la empresa BSD Security Systems, de la cual figuraba como socio el empresario israelí Avishay Samuel Neriya, personaje cercano a Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia y quien se sospecha se oculta en Israel.
BSD Security Systems obtuvo otros dos contratos, uno por 43 millones 470 mil 124 mil dólares y otro por 599 millones 998 mil 980 pesos, para la actualización de los sistemas de circuito cerrado de televisión en cárceles federales.
También más de 5 millones de pesos destinados para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas contra incendios del edificio sede de la PF y de su centro de inteligencia, habrían sido desviados mediante tres contratos firmados en 2012 con la empresa Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale.
Según la denuncia presentada por la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, todos estos recursos fueron desviados para pagar Pegasus.
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