Desvíos en la “Estafa Maestra”, para pagos en campaña de Peña

Por primera vez la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez las declaraciones de Emilio Zebadúa como uno de los 17 datos de prueba para imputar a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por uso indebido de atribuciones y facultades como parte del caso conocido como la Estafa Maestra.

Las revelaciones de Zebadúa conectan directamente el desvío millonario de recursos con el pago de deudas de la campaña del ex presidente, Enrique Peña Nieto.

La fiscalía sostuvo que Zebadúa, señaló en su declaración que Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Hacienda, dispuso de más de mil 200 millones de pesos de recursos no presupuestados para el financiamiento de campañas políticas y proselitismo, compra de votos en diferentes municipios, así como pagar deudas y compromisos de la campaña electoral de Peña Nieto.

En la audiencia inicial de ayer en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, vía remota, el Ministerio Público Federal acusó a González Tiburcio de firmar un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero en 2016, lo que causó un quebranto a la hacienda por 185 millones 839 mil 480 pesos.

Sin embargo, quien fue uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles solicitó la duplicidad del plazo. Su situación jurídica se resolverá el sábado, cuando el juez Marco Antonio Fuerte decidirá si lo vincula a proceso o le dicta prisión.

La primera comparecencia que Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, tuvo con funcionarios de la FGR como parte de negociar un criterio de oportunidad, fue en octubre del año pasado, cuando acudió ante la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción y responsabilizó a Robles de haber dirigido las operaciones, que hasta ahora las autoridades han calculado que el daño supera 5 mil millones de pesos.

El dinero sería asignado a través del programa Cruzada contra el Hambre y a Zebadúa le constaba que Robles conoció las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre los convenios de la Sedesol y Sedatu con distintas universidades estatales y organismos públicos, en la Estafa Maestra.

A González Tiburcio, se le imputa firmar el convenio SEDATU/DGAPADN-UPFIM /339901.03/2016 con el entonces rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, Juan de Dios Nochebuena, para dar una aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales.

El testimonio fue incorporado por la FGR durante la audiencia inicial en la que imputó a Enrique González Tiburcio, por lo que se trata de la primera vez que la declaración de Zebadúa es tomada como dato de prueba en una causa penal relacionada con el desvío millonario del sexenio anterior.

González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, fue acusado por la autoridad judicial de uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la Estafa Maestra.

Zebadúa, que ofreció la información tras solicitar convertirse en testigo colaborador para obtener un criterio de oportunidad, precisó que la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, dio las órdenes desde 2012 de suministrar los recursos públicos de la Secretaría de Hacienda, autorizados por el titular Luis Videgaray, por más de mil 267 millones de pesos, cita la nota de la reportera Diana Lastiri.

De esta manera, Zebadúa aseguró a la Fiscalía que Robles Berlanga tenía conocimiento previo de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los convenios de colaboración con entidades públicas que fueron asignados por medio de la “Cruzada contra el Hambre”.

La FGR no ha detallado aún si el exoficial mayor recibió el criterio de oportunidad a cambio de la información que ha brindado.

El exsubsecretario Enrique González Tiburcio fue señalado por los fiscales de firmar un convenio entre la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo en enero de 2016 por un monto de 185 millones 839 mil pesos. Posteriormente, la Universidad subcontrató los servicios a dos empresas privadas, como parte del esquema conocido como la Estafa Maestra.

La audiencia continuará el próximo sábado, después de que la defensa de González Tiburcio solicitara la duplicidad al término constitucional a 144 horas para presentar datos de prueba a su favor.