La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que sobre el contenido de la reforma de pensiones que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual tiene por objetivo que los trabajadores puedan pensionarse con el cien por ciento de su salario y que se costeará a partir del Fondo de Pensiones para el Bienestar que contará con un fondo semilla de 64 mil millones de pesos.
Esta reforma, informó Luisa María Alcalde, pretende revertir los efectos de las reformas de 1997, aprobada en el sexenio de Ernesto Zedillo, y la de 2007, aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón.
Entre los efectos de estas reformas se encuentra que cientos de miles de trabajadores quedaron excluidos de una pensión por el aumento de los requisitos. En la legislación de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vigente de 1973, se requería contar con 500 semanas de cotización para alcanzar la pensión (lo equivalente a diez años) y con la reforma de 1997 se incrementó a mil 250 semanas (equivalente a 24 años).
Además, con las reformas posteriores de 1973, se redujo el porcentaje del salario base para las pensiones. Con la Ley IMSS de 1973, la pensión alcanzaba el 89% del sueldo base, con la Ley IMSS de 1997 se bajó a 27% y con la Ley del ISSSTE del 2007 se redujo a 60%.
Para revertir esta tendencia, en 2020 se llevó a cabo la Reforma Laboral que logró la disminución de semanas de cotización de mil 250 pasó a 750, con un incremento paulatino a mil semanas en 2030; hubo un incremento de la aportación patronal que va a ir incrementando hasta alcanzar el 13.9% para 2030, y un tercer elemento fue poner un límite a las Afores, ya que estaban llegando a tener comisiones muy elevadas, lo que ha generado 160 mil millones de pesos a favor de los trabajadores que antes se iban a las comisiones de las Afores.
Lo que plantea la reforma de pensiones es que los trabajadores pueden pensionarse con el cien por ciento de su último salario, es decir, contar con un complemento solidario para todos aquellos que se pensiones con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual sería de 16 mil 777 pesos.
Este complemento se obtendrá a partir del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que a su vez se nutrirá de recursos de las operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, las operaciones de Fonatur, el cobre de los adeudos de entes públicos con el ISSSTE, SAT e IMSS, y los recursos de la aplicación de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit. Con lo anterior se logrará crear un fondo semilla de 64 mil millones de pesos.
Además, como complemento, se incorporarán los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, los ahorros en la extinción de organismos autónomos, 25% de las utilidades que generen las empresas paraestatales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), y la capitalización de los rendimientos generados por las inversiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La reforma aplica para trabajadores de 65 años que cumplan con los requisitos para tener una pensión y una vez se haya aprobada la reforma y creado el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para los trabajadores del Estado asegurados ante el IMSS que hayan comenzado a cotizar a partir del 1 de enero de 1997 y para trabajadores asegurados ante el ISSSTE, para personas trabajadoras bajo el régimen de cuentas individuales de 2007.
Cuestiona AMLO actuar de legisladores y medios
El impacto de la reforma al régimen de pensiones que se aprobó durante el sexenio de Ernesto Zedillo provoco una caída sustancial del promedio de pensiones con respecto al último salario.
Antes de esa reforma los trabajadores se jubilaban con el 89 por ciento de su salario, pero con estos cambios se desplomó al 25 por ciento de su último salario. “¿Dónde estaban los dirigentes? ¿Dónde estaban los legisladores para aprobar esto?”, cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para remediar esta injusticia, dijo, ya hubo una primera reforma al régimen de pensiones en 2020 para reducir el porcentaje de comisión que cobraban las Afores porque cobraban “muchísimo”. Se acordó con el sector empresarial que se fijara el porcentaje en un promedio de lo que se cobraba en Chile, Colombia y Estados Unidos, por lo que desde entonces, los beneficios para los trabajadores que ha redundado esa reforma han sido de 160 mil millones de pesos.
“¿Qué era el gobierno entonces? Era un comité al servicio de unos cuantos. Era para robar en despoblado. De todas maneras, quedaba este pendiente y se hizo el compromiso de crear este fondo del Bienestar para que el trabajador pueda jubilarse con el cien por ciento del salario. Lo que gane su salario último”.
Reconoció la colaboración que tuvo el sector empresarial para aprobar estas modificaciones en 2020 y ahora se pretende con la nueva iniciativa de reforma constitucional complementaria, porque aún es insuficiente para garantizar que los trabajadores se pensionen con el cien por ciento de su salario.
Poco antes, al dar a conocer pormenores de las reformas al régimen de pensiones de los trabajadores para revertir los cambios introducidos en 1997 y 2007, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseveró que estas fueron muy nocivas para los trabajadores pues incrementaron de 500 a mil 250 semanas la cotización mínima de los trabajadores para poder pensionarse.
Subrayó que la reforma impulsada por López Obrador comenzó a rendir frutos para los trabajadores pues el 93 por ciento de los trabajadores pensionados entre 2021 y 2023 lo pudieron hacer gracias a esta reducción con un salario promedio de 64 por ciento.
Al explicar la forma como se fondeará el costo de la reforma para garantizar el cien por ciento del último salario de los trabajadores será mediante los recursos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado; la liquidación de la Financiera Rural; la venta de los terrenos del Fonatur; el cobro de adeudos a empresas a entidades públicas como el IMSS o el Servicio de la Administración Tributaria.
Eventualmente, dijo, derivado de otras reformas y litigios en marcha se podría utilizar el presupuesto que ahora se asignan a los organismos autónomos o los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial.
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