A 25 años de la matanza de Acteal, en la región de los Altos de Chiapas, las víctimas y sus familiares aún claman memoria y justicia, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un video difundido en redes sociales, para recordar esta masacre que dejó un saldo de 45 personas muertas, de ellas 18 mujeres, cuatro embarazadas, así como 16 niñas y cuatro niños, expuso que “fue un acto atroz perpetrado por el Estado”, consecuencia “de la política oficial para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un autogobierno”.
Este crimen, enfatizó, “fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales bajo una lógica militar. Ahí, se decidían programas e inversiones de las zonas indígenas”.
Rememoró que el 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente de 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del Ejército a integrantes de la organización de la sociedad civil pacifista Las Abejas, conformada por indígenas tzotziles, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita en el poblado de Acteal.
Ese ataque, señaló, dejó también 26 lesionados graves y 12 de las víctimas murieron por golpes o heridas punzocortantes, y quienes fallecieron por disparos “recibieron balas expansivas por la espalda”.
La CNDH indicó que “aunque había una distancia muy corta del Ejército y de la seguridad pública local al lugar, las autoridades decidieron no intervenir”.
Además, apuntó, “existen diversos testimonios que señalan esta omisión como parte de las políticas de Estado que generaron los gobiernos mexicanos contra el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)”.
La matanza de Acteal
El día 22 de diciembre de 1997 se situó la llamada Matanza de Acteal, siendo esta una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas al sureste de México.
Todo comienza cuando a partir del 24 de mayo de 1997, en el Municipio de Chenalhó, Chiapas, se presentaron varios homicidios, desapariciones de personas, daños y robos a casas habitación. Debido a esto, miles de personas abandonaron sus comunidades por temor de ser agredidos. En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudió el 18 de noviembre de 1997 a las comunidades de Yabteclum y Polhó ambas del Municipio de Chenalhó, donde un habitante de dicho lugar les informó que la situación ahí y en las comunidades aledañas era tensa, debido a que se habían suscitado enfrentamientos.
El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Bajo una lógica militar ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas. La matanza fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio.
Aquel 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente unos 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del Ejército a un grupo de hombres, mujeres y niños integrantes de la organización pacífica “Las abejas”, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas, —quienes se encontraban en situación de desplazamiento—, dejando un saldo de 45 personas muertas, todos ellos indígenas tzotziles, entre ellos 18 mujeres de las cuales cuatro de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, cuatro niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves; respecto a las víctimas, 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes. Los que murieron por disparos de herida de bala los recibieron por la espalda. Eran proyectiles expansivos.
El obispo Tatik Samuel Ruiz García, los apoyó en los momentos más difíciles para sobrellevar esta tragedia que enlutó a todos los pueblos originarios de Chiapas, perseguidos y criminalizados por buscar justicia y paz.
Aunque existía una distancia muy corta del ejército y de la seguridad pública local al lugar, durante ese tiempo deliberadamente omitieron intervenir; al respecto, existen diversos testimonios que señalan esta omisión como parte de la política de Estado mencionada anteriormente. Es importante destacar que, la matanza de Acteal debe situarse dentro del violento contexto de las políticas de Estado que generaron los gobiernos mexicanos contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esas políticas incluyeron la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares (Montemayor, 2009; Hernández Navarro, 2012), de los cuales desde el Estado aún en la actualidad se niega su existencia, al tiempo que se han realizado investigaciones sesgadas que impiden documentarlos y lograr una reparación a la población atacada.
Debido a los terribles hechos ocurridos en la comunidad de Acteal, la CNDH emitió la Recomendación 1/1998 dentro de la que expone las siguientes recomendaciones al señor gobernador de Chiapas:
Que a efecto de contribuir con el desarrollo y expedientes de las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas y/o penales que por los actos u omisiones señalados pudieran resultar, solicite de inmediato la renuncia al cargo que tienen los señores (…)
Ordene el inicio del procedimiento administrativo que corresponda a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos.
Que instruya a quien corresponda para que de inmediato realice las acciones necesarias tendentes a hacer efectivo, en términos de equidad, la indemnización a cargo del Estado.
En contraste con lo anterior la Red “Todos los derechos para todos” integrada por 48 organizaciones exige ante la masacre cometida por las autoridades por acción u omisión violando los derechos consagrados en la Constitución Mexicana así como los pactos y convenios internacionales:
Investigación exhaustiva y pronta ante la grave de los hechos. Que la Procuraduría General de la República cumpla con su cometido y envíe agentes del Ministerio Público a Polhó para tomar las declaraciones de los sobrevivientes.
Investigación y recomendación de la CNDH sobre la masacre sin exonerar a ningún funcionario público que este involucrado. De igual forma emitir otra recomendación para desarmar a los distintos grupos paramilitares que actúan con toda libertad en el estado de Chiapas.
Exigimos al Presidente Zedillo el cumplimiento cabal de las garantías individuales y colectivas de toda la población indígena, de acuerdo a lo establecido en los instrumentos internacionales.
“A quienes les arrebataron la vida, hoy las recordamos, las hacemos presente. Enarbolamos su voz que clama memoria, justicia y verdad”, recuerdan deudos y víctimas en Acteal.
En el libro “El dolor de Acteal. Una revisión histórica, 1997-2014”, de la especialista en asuntos religiosos Mónica Uribe, señala como personaje responsable al expresidente Ernesto Zedillo, recurre a fuentes documentales casi desconocidas o sólo parcialmente utilizadas. Entre los documentos, se encuentra la demanda civil que un grupo de 11 víctimas puso (en contra de la opinión de Las Abejas) en una corte de Estados Unidos contra el ex presidente Ernesto Zedillo. Se le acusa de responsabilidad de mando, por ordenar, participar y conspirar en asociación delictuosa para ejecutar la matanza de Acteal y por su posterior encubrimiento. Lamentablemente en el 2014, esa misma Corte de Estados Unidos lo eximió de responsabilidad legal por los hechos ocurridos aquel 22 de diciembre de 1997. Con la llegada del nuevo gobierno en gobierno, las sobrevivientes de la masacre de Chenalhó, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. (Frayba), demandan al actual presidente de México, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, que los escuche, tal y como lo hizo con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. A 21 años de aquellos terribles acontecimientos, Acteal aún espera justicia.
“El caso Acteal, es la muestra fehaciente de que el neoliberalismo —con la clase política que lo promueve, que se caracteriza por una total carencia de humanismo—, ha campeado en la visión política del gobierno mexicano de 1995 a la fecha.”
Mónica Uribe, escritora autora del “Dolor de Acteal: Una revisión histórica 1997-2014.
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