Día histórico para México; presenta AMLO paquete de reformas
Hoy es un día histórico para México, ya que el paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará este lunes 5 de febrero fortalece los derechos, las libertades y la democracia, que es esencia de nuestro proyecto, manifestó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena a la Presidencia de la República.
Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación en Ixtlán del Río, Nayarit, detalló algunos de los ejes que conforman las enmiendas, las cuales, dijo, tienen como objetivo seguir garantizando una vida de bienestar para las mexicanas y mexicanos a través del acceso a los grandes derechos universales.
“Sabemos que viene el fortalecimiento de los derechos, al salario digno, al trabajo digno, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, los apoyos para becas”, expuso la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien también hizo hincapié en que este paquete de reformas que se presentará busca defender la democracia.
“Hay otro paquete que tiene que ver con el fortalecimiento a la democracia en nuestro país, que tiene que ver con la reforma electoral, la reforma al Poder Judicial, que es que el Poder Judicial esté al servicio del pueblo. También que las elecciones, las consultas, la democracia electoral y participativa se lleven a cabo de mejor manera en nuestro país sin tantos recursos y algunas que tienen que ver con el fortalecimiento también de las libertades en nuestro país”, concluyó.
En el último año de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará esta tarde (17:00 hs. Tiempo de la CDMX) un paquete de iniciativas de reformas constitucionales al Congreso de la Unión.
Según el propio mandatario, se trata de al menos diez iniciativas y cambios importantes en materia político-electoral, pensiones, salario mínimo, industria eléctrica y Poder Judicial, las cuales serán presentadas a la Cámara de Diputados en el aniversario de la Constitución.
Además, dijo, también prepara una serie de propuestas para ‘blindar’ los programas sociales que impulsó durante su Gobierno. Se trata del último intento del presidente para hacer pasar este ‘combo’ de reformas, ya que su mandato concluirá oficialmente el próximo 30 de septiembre.
En el tema electoral, López Obrador adelantó que planteará la desaparición de las candidaturas plurinominales, como una forma para reducir los gastos de campaña, además de disminuir el número de diputados y senadores.
De igual forma, indicó que se enfocará en los montos que se destinan a los partidos políticos: “vamos a proponer más austeridad republicana porque empezamos con un plan de austeridad que nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, declaró en una de sus conferencias matutinas.
En medio de sus constantes disputas con los ministros de la Suprema Corte, el presidente propuso una reforma al Poder Judicial que tendrá como principal eje que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular.
Dicha reforma también incluirá la reducción del salario para que los integrantes de la Corte no puedan ganar más que el presidente, tal y como lo hizo la recién nombrada ministra presidente de la SCJN, Lenia Batres.
López Obrador insistió en que es necesario reformar el Poder Judicial para “garantizar la elección de jueces, magistrados y ministros honestos, íntegros e incorruptibles”.
A principios de este año, el mandatario anunció que impulsará una propuesta para que los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE puedan recibir su sueldo completo al momento de su retiro.
La finalidad es que los trabajadores puedan acceder a una jubilación digna con el 100 por ciento de su último salario y que ésta no se reduzca a la mitad como ocurre actualmente.
Ante las críticas y los ‘peros’ que han señalado opositores y analistas, el presidente aclaró que esta medida no implica cambiar la administración de las Afores, sino aumentar la aportación del gobierno al ahorro para el retiro.
Otra de sus iniciativas de reforma se refiere al aumento del salario mínimo para que los trabajadores no tengan un sueldo por debajo de la inflación.
Al respecto, propuso modificar los artículos 123 y 127 de la Constitución para poner un ‘candado’ al aumento al salario mínimo, el cual pasó en su administración de 88 a 249 pesos.
“Voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución, para que se establezca que nunca, jamás, va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más”, explicó el mandatario el pasado 8 de enero.
Asimismo, el presidente López Obrador anunció que volverá a enviar una reforma a la Constitución para instaurar la industria eléctrica como estratégica y de interés público, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulara la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 y la declarara inconstitucional.
La finalidad, dijo, es eliminar la reforma energética de 2013 y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además adelantó que impugnará el amparo otorgado por la SCJN a empresas privadas.
Una vez más, el presidente enviará su iniciativa para traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues, aunque esta propuesta sí fue aprobada anteriormente en el Congreso, la SCJN la frenó mediante un recurso de revisión, al considerar inconstitucional la medida.
Andrés Manuel López Obrador presenta este lunes una batería de reformas constitucionales tan amplia que más parece un programa de gobierno propio de inicios del sexenio. Para su aprobación necesita una mayoría de la que no dispone en el Congreso, de modo que necesitará el beneplácito de la oposición, enredada en una trampa para elefantes. Si los adversarios dicen no tendrán que vérselas con los votantes nada menos que en plena campaña para acudir a las urnas el 2 de junio. Si dicen sí puede que no les guste a los suyos y, en todo caso, se presentará como un éxito del presidente. Difícil coyuntura. Si hace unas semanas el PAN, PRI y PRD anunciaron que serían un férreo escudo contra las iniciativas presidenciales, ahora han cambiado el mensaje. ¿Quién se atreve a decir que no a la consagración constitucional de un aumento de las pensiones y su presupuesto? ¿Quién puede rechazar que los trabajadores tengan una jornada semanal de 40 horas en lugar de 48? Nadie en su sano juicio electoral. Los tres partidos aliados contra Morena ya han dicho que estas dos medidas pueden contar con su voto a favor.
Lo que antes parecía un encono del presidente para sacar por las buenas o por las malas sus reformas antes de concluir el mandato, ahora se ha convertido en una jugada maestra electoral. El paquete de reformas tendrá que debatirse en las próximas semanas, cuando la panista Xóchitl Gálvez dispute en campaña hasta el último voto a la candidata morenista Claudia Sheinbaum, muy por delante en las encuestas políticas. López Obrador tendrá entonces en el Congreso un sinfín de debates públicos abiertos con los que pretende no solo garantizar constitucionalmente el 100% del salario del trabajador para su pensión de jubilado así como la reducción a los 65 años para cobrarla, o rebajar a 40 horas semanales la jornada laboral. También presenta una reforma de las consultas ciudadanas para que baste con un 30% de participación para obtener un resultado vinculante; la elección de los jueces y magistrados por voto popular, que ya ha calentado durante meses acusando a estos funcionarios públicos de estar en el lado del privilegio y alejados del pueblo llano; el aval constitucional para que no se reviertan las ayudas sociales, uno de los puntos fuertes de este gobierno cara a las elecciones; una modificación de la ley electoral fácil de vender a la ciudadanía porque retira recursos a la clase política y hace ver como inservible el Tribunal Electoral mientras resta peso al INE, lo mismo que retirar el fuero al presidente de la República, medidas de alto calado popular o populista, según quién lo califique; el salario mínimo siempre por encima de la inflación; la extinción de los organismos autónomos, tachados también de costosos e inútiles; la reforma de la ley eléctrica, el traslado de la Guardia Nacional bajo mando militar o la prohibición constitucional del consumo de fentanilo, entre otras.
Los analistas y la oposición de derecha (ambos) ya han salido a decir que estas reformas son un programa electoral encubierto, una injerencia en la campaña inadmisible por parte del presidente. Alguno ha querido ver en las iniciativas cierto nerviosismo por parte de Morena, si no para conseguir ganar la presidencia, que parece un terreno fácil, sí por la necesidad de conquistar mayorías suficientes en el Congreso que les garanticen un último año cómodo que deje sólidos cimientos al siguiente gobierno. No hay nada más eficaz para hacerse con el voto que decirle a los ciudadanos que la oposición no deja gobernar al partido ganador, que no le permite subir las pensiones, por ejemplo. Conscientes de ello, Gálvez y los priistas se han apresurado a declararse a favor de algunas reformas. Pero los titulares en los medios de comunicación todavía no pueden ser de su gusto: algunos mencionan que se han “unido” al presidente, mientras López Obrador se jacta de la “desesperación” de sus adversarios, que les obliga, dice, a votar a favor de algunas de sus medidas. Y a analizar otras.
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