Diputados alistan avales a reforma energética y ferroviaria
La próxima semana, legisladores de la Cámara de Diputados discutirán dos reformas constitucionales: la primera relacionada con el sector energético, y la segunda sobre el uso ferroviario para trenes de pasajeros, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.
Desde sus redes sociales, el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) detalló que serán prioridad. Además, indicó que marcan un hito, ya que serán las primeras que se discutirán con la nueva administración de gobierno.
De igual manera, explicó que en San Lázaro se esperan las nuevas iniciativas legislativas de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. “Seguramente también la presidenta constitucional enviará un paquete de iniciativas y vamos a estar esperando qué decisión toma para su envío a la Cámara de origen, sea la nuestra o el Senado de la República”.
A tres días de que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México tome protesta como la primera mujer presidenta, Monreal mencionó que la Cámara de Diputados ya se está preparando para efectuar la ceremonia, sin dejar obligaciones o deberes.
Entre los principales objetivos de la nueva reforma energética, está mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Además, pretende modernizar y fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin privatizarlas. Asimismo, busca contar con un mayor abasto de energía sin elevar los precios.
Igualmente, la reforma ferroviaria garantizará que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías férreas. De esta manera, la nación otorgará las concesiones a compañías privadas o las asignaciones a las empresas públicas, para llevar a cabo la implementación del servicio público de transporte de pasajeros, de acuerdo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó en febrero un paquete de 20 reformas que buscan, según dijo, regresar el espíritu social a la Constitución promulgada en 1917 y que, aunque ha sufrido numerosas reformas, es la que rige el país actualmente.
“Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”, aseguró durante su presentación el pasado 5 de febrero.
Agregó que la esencia de estas normas y nuevos derechos es “reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia”.
La primera reforma de este paquete en ser aprobada es la Reforma Judicial, que ha causado amplia controversia y que finalmente fue promulgada por López Obrador el domingo, unas horas antes de dar el último Grito de la Independencia de su sexenio en el Zócalo de la Ciudad de México.
Otra de las reformas aprobadas es la pueblos indígenas y afrodescendientes.
En la que el Gobierno modifica el Artículo 2 de la Constitución para reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Señala que el Gobierno federal, los estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México deben impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas para mejorar su bienestar.
Propone garantizar la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones, fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe. Además de impulsar su economía y fomentar la agroecología, los cultivos tradicionales y el óptimo uso de la tierra.
A los integrantes de las comunidades afromexicanas se les da carácter de sujetos de derecho público y protege su identidad cultural, modos de vida, así como expresiones espirituales.
Se les incluirá en la producción de datos y estadísticas oficiales como censos y encuestas.
Una reforma más ya autorizada es la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad.
Dicha reforma en Materia de Bienestar busca convertir en derechos constitucionales varios programas sociales.
La iniciativa plantea que toda persona con discapacidad menor de 65 años reciba una pensión, además se deberá garantizar su rehabilitación, priorizando a los menores de 18 años.
Que el monto de los recursos de las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y becas a estudiantes sean progresivas; es decir, que no disminuya su monto con los años. Estos recursos serán transferidos directamente a los beneficiarios.
Aval a Becas, la reforma aprobada otorga becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Los montos se incrementarán cada año de manera progresiva.
Las Becas para el Bienestar Benito Juárez pasarían a ser parte de la Constitución. El monto varía según el grado escolar, pero se otorgan para todos los niveles: desde el básico (preescolar, primaria y secundaria), educación media superior y superior.
Asimismo, restan por ser aprobadas al menos 15 reformas del paquete presidencial, las cuales deberán ser discutidas y, en su caso, aprobadas por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso (esto es 334 votos de 500 a favor en la Cámara de Diputados, y 86 de 128 en la de Senadores, lo que se conoce como mayoría calificada).
El Gobierno propone hacer un cambio para que además de que la atención médica sea integral, universal y gratuita, como ya lo plantea el artículo 4 de la Constitución, ahora se adicionará que “los estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos necesarios” también sean gratuitos.
La iniciativa busca que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) además de otorgar créditos para la compra de vivienda ofrezca algunas en alquiler con precios accesibles.
Los trabajadores que ya tengan un año cotizando en el Infonavit podrán arrendar una casa cuya renta no será mayor al 30% de sus ingresos.
Los ciudadanos que alquilen una vivienda por 10 años tendrán derecho a comprarla.
Se dará preferencia a los esquemas de vivienda del Infonavit a los trabajadores con más años cotizando que no tengan vivienda.
Propone la reforma de los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución para prohibir el maltrato animal y obliga al Estado a garantizar protección, trato adecuado y conservación de los animales.
La protección será de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas.
Se prohíbe el maltrato de los animales de crianza y de aquellos que sean para consumo humano.
La iniciativa busca declarar a México país libre de maíz transgénico para la siembra y el consumo humano y reconocer su importancia como alimento básico.
El Estado debe fomentar la actividad agropecuaria y forestal, pero libre de cultivos con semillas de maíz genéticamente modificadas.
Se prohíbe la minería a cielo abierto y se aplicarán sanciones para quien lo haga.
También prohíbe el fracking, o fracturamiento hidráulico, porque altera los ecosistemas, además de que propicia la contaminación del aire, agua y provoca problemas respiratorios y cáncer, según la exposición de motivos.
El agua también se incluye en la iniciativa. Señala que se debe autorizar presupuesto para garantizar el recurso para todos y no deben darse concesiones en zonas con baja disponibilidad de agua.
El presidente plantea prohibir el uso y venta de vapeadores, también el uso de drogas sintéticas y peligrosas como el fentanilo.
Propone adicionar un párrafo quinto al artículo cuarto y un párrafo segundo al artículo quinto constitucional para prohibir los vapeadores y crear una veda para el comercio de vapeadores y fentanilo.
La iniciativa destaca que la etiqueta de los vapeadores no señala todas las sustancias tóxicas que contienen.
Sobre el fentanilo señala que es una de las drogas sintéticas cuya producción, distribución y comercialización ilegal ha incrementado y que representa “una seria amenaza a nivel mundial”.
El presidente propone modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa.
Se argumenta que todos estos delitos —como el narcomenudeo, la extorsión y la defraudación fiscal— han aumentado durante el actual Gobierno y que se deben combatir para garantizar la paz, seguridad y salud.
Se propone modificar el artículo 123 para establecer que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación.
Los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeros, no podrán tener un salario mensual menor al registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La iniciativa busca que los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 reciban una pensión “igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.
Este monto representa aproximadamente $16 mil 777 pesos, que es el salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS con la inflación estimada de 2024.
Propone la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, con recursos iniciales de US$ 3.509 millones (64 mil 619 millones de pesos). El fondo se integrará con las aportaciones del Gobierno federal, provenientes de varias fuentes.
El mandatario busca adicionar un artículo transitorio a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para reducir el adeudo que tienen los gobiernos de estados y municipios con el instituto para dar a sus trabajadores servicios de salud.
Con la iniciativa se busca que el Issste reduzca el monto por actualizaciones y recargos de los adeudos por cuotas y aportaciones no pagadas al instituto. Así los gobiernos deudores podrán ponerse al corriente con sus pagos.
Este dinero que se dé al Issste será parte de la bolsa de recursos para Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El Gobierno busca agregar un párrafo al artículo 123 constitucional para dar un apoyo económico mensual a jóvenes de entre 19 y 29 años que no estudien ni tengan un trabajo.
El apoyo será equivalente a por lo menos un salario mínimo general vigente por un periodo de 12 meses mientras se capacitan en negocios, empresas, talleres o tiendas, entre otros.
Esto es lo que hace el programa actual Jóvenes Construyendo el Futuro. Con este cambio, esta ayuda sería un derecho constitucional.
Dar a campesinos que cultivan sus tierras con árboles frutales, maderables y especies, cuyos frutos requieren ser procesados para su consumo un jornal, aunque no especifica el monto. También recibirán un apoyo anual y fertilizantes para los pequeños productores.
Propone mantener los precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.
También a los pescadores se les dará un apoyo anual, sin especificar cantidad.
La reforma al artículo 28 constitucional plantea que el Gobierno de México vuelva a utilizar las vías ferroviarias para el servicio de transporte de pasajeros.
El Ejecutivo otorgará las concesiones a empresas o particulares para dar este servicio. Las empresas que ya dan servicio de carga tendrán preferencia para dar el servicio de pasajeros.
Señala que esta modalidad de transporte creará fuentes de empleo y descongestionará carreteras y vías internas.
Propone modificar tres artículos de la Constitución. El cambio al artículo 28 plantea que el único responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano. Debe preservar la autosuficiencia energética del país y darla al pueblo con tarifas bajas para evitar el lucro.
El cambio al artículo 27 plantea que una empresa privada no pueda tener prevalencia sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El cambio al artículo 25 señala quitar el concepto de empresa productiva del Estado que tienen CFE y Pemex, para que no se rijan con un modelo corporativo de accionistas e inversionistas y lo hagan como una empresa pública del Estado.
La iniciativa de reforma electoral propone modificaciones a 18 artículos de la Constitución: 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122.
Propone cambiar el Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como “autoridad electoral independiente”. Este organismo absorbería los órganos electorales locales.
Reduciría los consejeros electorales de 11 a 7 y serían electos por voto popular por un periodo de 6 años. El titular de la Sala Superior del Tribunal Electoral sería elegido por sus compañeros en votación por un periodo de cuatro años.
Propone reducir 50% el financiamiento de los partidos políticos y regular las aportaciones de particulares a partidos.
También plantea usar el voto electrónico para bajar el costo de la elección y ampliar los tiempos de radio y televisión oficiales para los candidatos.
Establece que no se pueden poner a consulta popular temas relacionados al sistema fiscal o la Guardia Nacional, pero se elimina la restricción a los relacionados con obras o temas electorales.
La iniciativa propone reducir de 500 a 300 los diputados y de 128 a 64 los senadores de representación proporcional.
Cabe resaltar que la reforma a la Guardia Nacional ya fue aprobada.
La Guardia Nacional queda a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que sea “regida por normas y principios de seguridad pública” para que sus elementos obedezcan “a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar; pero en cuanto a su acción es policial”.
Con su incorporación a la Sedena, la Guardia Nacional se consolidará como institución para contribuir a la seguridad de la ciudadanía, pues “desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales, no bélicos”.
El titular de la Guardia Nacional deberá tener el grado de general de división en activo y será designado por el presidente a propuesta del secretario de la Defensa Nacional.
La iniciativa señala lo siguiente: “El presidente de la República podrá disponer de ella para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación, en caso de estimarlo necesario”.
El Gobierno propone la desaparición de siete organismos autónomos y la extinción o fusión de 17 organismos descentralizados.
Entre los organismos autónomos que se propone eliminar están el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y las comisiones Federal de Competencia Económica, Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos y Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Las funciones de estos organismos serían absorbidas por dependencias de la administración pública federal alegando duplicidad de funciones.
En la simplificación orgánica se eliminarían la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Las funciones de estas pasarían a diversas secretarías de Estado.
Algunos institutos se convertirían en Unidades Administrativas, estos son los siguientes: de las Personas Adultas Mayores, de las Personas con Discapacidad, de la Juventud, de Economía Social, de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
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