Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), al resolver las controversias promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el gobierno de Colima, además de la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición.
Los tres proyectos de resolución fueron elaborados por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien propone avalar a la LIE, partiendo de la propuesta de reconocer el acceso al servicio eléctrico como un derecho humano, frente al cual el Estado tiene la obligación de actuar como garante.
Para que esta ley pueda ser declarada inconstitucional sería necesario que se reúnan los votos de cuando menos ocho de los once ministros del pleno.
Por el contrario, si la mayoría vota a favor del proyecto de la ministra Ortiz, la SCJN avalaría que el texto de la LIE es congruente con la actual redacción de la Constitución.
Una tercera opción es que ni el proyecto de Ortiz sea aprobado, ni se alcance la mayoría calificada para invalidar la LIE, por lo que las controversias y la acción se desestimarían, es decir, que la SCJN no emitiría ninguna tesis sobre su constitucionalidad, pero tampoco la invalidaría.
Esto dejaría abierta la puerta para que los amparos contra la LIE, que ya han sido promovidos en diversos juzgados del país, siguieran su curso y eventualmente llegaran hasta tribunales colegiados, donde se definiría la constitucionalidad de su aplicación, caso por caso.
Hasta el momento, solo el ministro Javier Laynez Potisek se ha manifestado en contra del proyecto de la ministra Ortiz, mientras que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha dicho que lo apoya parcialmente, pues considera que se le deben agregar puntos a favor de las llamadas energías limpias y garantías para la asegurar la libre competencia.
El martes pasado, al terminar la sesión, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, anunció que hoy trabajarán hasta resolver el asunto: “El jueves sesionaremos hasta concluir de manera total esta acción de inconstitucionalidad. Levanto la sesión y convoco a las señoras y señores Ministros al próximo jueves, a las once de la mañana, a nuestra próxima sesión pública ordinaria. Se levanta la sesión”.
Así, el pleno de la Suprema Corte comenzó a estudiar a fondo si son o no constitucionales las reformas que plantea el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Ley de la Industria Eléctrica para priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante las empresas privadas.
Después de las 11:00 horas dio inicio la discusión del proyecto de la ministra Loretta Ortiz, el cual plantea determinar la validez del decreto por el que se reforman y agregan disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, que se publicó el pasado 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, declaró anteriormente que la sesión no sería levantada hasta que el asunto no quedara completamente resuelto.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó no compartir el mismo sentido del proyecto por resultar contrario a la Constitución, pues aseguró que la ley da privilegios al cumplimiento de entrega de energía limpia y no a la generación con un menor precio a los usuarios.
Por lo consiguiente resaltó que priorizar a la CFE genera una alteración en la libre competencia y es contrario a los artículos 25, 27 y 28, hecho que alertó que afectará a los consumidores porque se desincentivará que los costos sean menores para los usuarios finales.
El ministro Luis María Aguilar también destacó que las normas impugnadas son una barrera para la libre competencia si se llega a favorecer a la CFE, ya que no habría una igualdad de condiciones.
Anteriormente Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara habían dicho que consideran inconstitucional priorizar a CFE mediante el despacho de energía y también rechazaron que sean eliminadas las subastas para adquirirlo.
El Presidente aseguró en la “mañanera” del 6 de abril que el tema central de la discusión es el precio de la energía eléctrica, “lo que van a pagar los consumidores”, ya que, según sus declaraciones, se deben corregir los abusos que se cometieron cuando fue aprobada la Reforma Energética.
Asimismo, recalcó aquí se debe definir si se va a considerar constitucional o no la Ley Eléctrica, que establece un trato igualitario a la Comisión Federal de Electricidad al que reciben las empresas particulares porque en la reforma pasada “actuaron de manera corrupta”.
También mencionó que dicho ordenamiento vigente consideró las hidroeléctricas que no producen ni generan energía limpia “y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho y todas las hidroeléctricas, 60 hidroeléctricas del país están subutilizadas o paradas porque no les permiten subir la energía que producen”.
Los 11 ministros de la Suprema Corte deben fallar sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.
El proyecto de la ministra Loretta Ortiz ha causado incertidumbre porque sólo se requieren los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca un cambio en el sector eléctrico, ha nombrado a cuatro de los actuales integrantes de la Suprema Corte además de mostrarse cercano a su presidente, Arturo Zaldívar.
En la sesión del martes, varios de los ministros de la Corte mostraron su preocupación por el impacto que podría tener para la inversión privada y para el impulso de las energías limpias.
El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica del 2014 fue publicado en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo.
La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de renovables.
Además, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para favorecer a plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”, entre otros puntos.
El debate de esta ley en la Suprema Corte se suma al comienzo del análisis en el Legislativo de la polémica reforma constitucional en el sector eléctrico que impulsa López Obrador.
La propuesta de reforma constitucional es controvertida porque limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE.
La reforma debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y, para ello, el oficialismo debería lograr votos por parte de la oposición, que ya ha anunciado que no votará en favor de la reforma si no hay cambios.
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