La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aclaró en el Senado que los límites a los beneficios fiscales por donativos sólo afectan a una minoría que ha abusado del esquema, en particular a siete integrantes de una o dos familias que en los últimos años han deducido entre 170 y 340 millones de pesos, pero los recursos donados no los destinan a organizaciones filantrópicas, sino a sus propias fundaciones.
Además, resaltó, esas asociaciones abusivas deducen más de lo que aportan y debido a ello, “en las deducciones fiscales de 2020 se inventaron 732 millones de pesos adicionales”.
Al participar en la reunión de trabajo de las comisiones del Senado que dictaminan la minuta de Ley de Ingresos y miscelánea fiscal del próximo año, y ante preguntas de legisladores de oposición, Buenrostro aclaró que de los 10 mil donantes registrados, únicamente unas 50 personas físicas, directores de fundaciones en su mayoría, verán afectados sus ingresos.
Entre ellos situó a los siete personajes que donan millones, “pero no se los dieron a las mujeres maltratadas, no se los dieron a Cáritas, sino fueron directamente a sus fundaciones familiares”.
No es defraudación, pero sí abuso
En breve entrevista final no hizo públicos los nombres porque se lo impide el secreto fiscal. “No, no vamos directo sobre ellos porque hacer una auditoría lleva mucho tiempo” y los recursos obtenidos serían pocos. No es defraudación, dijo, pero sí un abuso que no debe tolerarse más.
Durante la reunión con senadores resaltó que se busca robustecer el combate a la elusión y la evasión tributaria, en un país donde prevalece “la cultura de no pago” de los impuestos y 30 millones de registros de contribuyentes presentan irregularidades.
Después explicó que la obligación de registrarse como contribuyentes al cumplir 18 años tiene una doble intención: por principio, hacer conscientes a los jóvenes de que están obligados a cumplir con su país y declarar los ingresos que reciben y protegerlos de robos de identidad, incluso de la delincuencia organizada, sin que estén siquiera enterados.
La nueva medida permitirá que si alguien usa su RFC o lo dan de alta como representante legal de una empresa u otra anomalía, reciba una alerta o le llegue un aviso, como hacen los bancos.
Durante la reunión, senadoras de PRI y PAN insistieron en que las nuevas medidas se inscriben en un marco de terrorismo fiscal, propio de regímenes autoritarios.
En su respuesta, la titular del SAT advirtió que había “un abuso del lenguaje”, explicó, que no se habla de terrorismo educativo por hacer exámenes a los alumnos o de terrorismo penal por encarcelar a los delincuentes, tampoco se debe señalar de terrorismo fiscal hacer que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias.
En ese contexto se explica que se finque responsabilidad fiscal a los contadores que no informen sobre esquemas de elusión fiscal. Se trata, detalló, de desmontar los grandes despachos dedicados a defraudar tanto al fisco como a los grandes contribuyentes. Durante la reunión participaron también el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, y el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, quienes coincidieron en que la miscelánea fiscal está orientada a crear una nueva cultura tributaria que erradique la impunidad.
En entrevista, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que la minuta con el paquete fiscal se discutirá el próximo martes en el pleno del Senado.
La Miscelánea Fiscal 2022 tiene dos objetivos: generar una cultura fiscal para que todos paguen impuestos y acabar con la evasión de impuestos que algunas personas físicas cometían con la simulación de donativos, aseguró Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT.
La Miscelánea Fiscal 2022, que fue aprobada en el pleno de la Cámara Baja con 274 votos a favor y 220 en contra, reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Código Fiscal de la Federación.
Los legisladores de oposición calificaron los contenidos de esta miscelánea como “terrorismo fiscal”, pero los diputados de Morena argumentaron que era necesario poner un tope a las “sospechosas” donaciones millonarias que personas envían a las organizaciones, así como atacar los mecanismos más frecuentes de evasión fiscal a la que recurren los grandes contribuyentes.
Al respecto, la Jefa del SAT precisó, en entrevista para el programa “Los Periodistas”, conducido por Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, que la miscelánea no representa ningún “terrorismo fiscal” ni para los jóvenes de 18 años ni para las organizaciones.
“Lo primero que hay que decir es que no hay terrorismo fiscal. Queremos que cuando los jóvenes alcancen su mayoría de edad también sean conscientes de que en algún momento tienen que contribuir con la sociedad una vez que entren al mercado laboral”.
“Nosotros observamos mucho robo de identidad por parte de empresas fantasmas y facturases, que usan el RFC de jóvenes entre 18 y 20 años y gente mayor de entre 85 y 90 años. Estos son los sectores que escogen estas empresas, que son perfiles que no tienen actividad fiscal y les roban la identidad para meterlos como socios de empresas que mueven miles de millones de pesos. Ahí lo que nosotros queremos es que todos se registren para evitar este robo de identidad”, destacó.
Sobre el tope de donativos a organizaciones sociales por parte de personas físicas, la Jefa del SAT explicó el modus operandi de algunos de estos donantes para evadir impuestos.
“Por ejemplo, toda la gente dona, por buena fe, y no pide comprobantes fiscales y se va haciendo una bolsita de recursos donde nadie exigió un comprobante fiscal, y de repente todo ese recurso una persona física lo abona y esa persona aparece como la beneficiaria de esta deducibilidad de impuestos”, detalló.
Otro ejemplo, agregó, “es que yo soy un empresario, tengo mi dinero y mi fundación es un museo, compro obras de arte y esas obras las dono y la fundación es mía y las exhibo. Pues sí, pero eso es acaparar tu dinero y tus activos en lugar de tenerlos como persona física y moral y pagar tus impuestos porque eso es un ingreso que se va una fundación para acreditar el gasto. Tenemos otros donativos de que una persona dona y con ese dinero la fundación le compra productos a su empresa y luego esa empresa le vuelve a donar. O sea son casi casi como adjudicaciones directas y además es una promoción de marca”.
–Hablando de los grandes contribuyentes que eluden impuestos, ¿ya pagó Ricardo Salinas Pliego?
–No, los que están en juicio siguiesen juicio, ahí está el juicio que va más avanzado que está en la Corte y tenemos que esperar los tiempos judiciales. Yo creo que sí es importante que se sepa lo que está pasando, es momento de que la sociedad exija parejo a todos los poderes.
–El caso de Inés Gómez-Mont ha llamado mucho la atención, parece que hay un modelo que estaba muy extendido en México. ¿Hay más gente como ese caso?
–Sí, es el modelo que utilizan las factureras, muchos de ellos empiezan con contratos y con servicios con el Gobierno, de hecho muchas veces lo que hacen es que tiene servicios con el gobierno, supuestamente tiene un número de empleados y la verdad es que lo operan con el 55 por ciento o el 25 por ciento, y el gobierno paga dinero de más. Ese dinero se va a unas nóminas las cuales bajan el recurso, supuestamente a personas físicas y es ahí donde viene el robo de identidad porque nosotros tenemos personas de 18 años que cobran en Yucatán, Sonora, Sinaloa, Baja California y que al mes reciben ingresos por 80 millones. Cuando vamos a investigar dónde está la persona, resulta que la persona vive en una comunidad rural y que ni siquiera sabe que tenía un problema, pero que su supuesta empresa maneja miles de millones de pesos.
Como ese caso hay muchos, hay muchos esquemas mixtos, digamos que para que puedan dar la fachada tienen que tener una que otea operación real, entonces hay muchas, tantas, que nosotros observamos en el Padrón de Contribuyentes, que es de 90 millones, 30 millones tiene irregularidades de ese tipo, con más de un domicilio fiscal y las tenemos localizadas. Hay muchas en Nuevo León, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Sonora.
–¿En el caso de Gómez-Mont y Álvarez Puga es un asunto relevante en términos de evasión y deducción fiscal?
–La denuncia como está es por lavado de dinero y peculado, esa denuncia vino por el lado de la UIF y nosotros estamos abonando con elementos –finalizó la Jefa del Sistema de Administración Tributaria.
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