En los últimos 6 años, las empresas del llamado Cártel de las Medicinas obtuvieron 31 mil 422 contratos de 31 entidades federativas y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto en su último año. De acuerdo con la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, el monto total identificado supera los 308 mil 662 millones de pesos.
Todas las entidades de la República –con la excepción de San Luis Potosí– en algún momento contrataron, al menos, a una empresa del conglomerado de 45 razones sociales y 24 grupos empresariales. Según las investigaciones de las autoridades financieras, la empresa más beneficiada es Farmacéuticos Maypo, SA de CV, con 16 mil 563 contratos.
Es parte del grupo de seis empresas con más de 1 mil contratos, las cuales concentran 30 mil 368, es decir, el 97.92 por ciento de las asignaciones. Además de Maypo se encuentra la razón social Fármacos Especializados, SA de CV, con 6 mil 83. Luego, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, SA de CV, con 4 mil 258. Le sigue Vitasanitas, SA de CV, con 1 mil 815. Y concluyen la lista Dicipa, SA de CV, con 1 mil 35, y Comercializadora de Productos Institucionales, con 1 mil 14.
Otras empresas, aquellas con menos de 1 mil contratos, son las también sociedades anónimas Fármacos Especializados, con 357; Instrumedical, 127; Inovamedik y Link Internacional del México, con 24 cada una; Medalfa, con 18; Comercializadora Antel, con 17; GNK Logística y Purehd, con 15 cada una; GNK Logística del Bajío, 12; Cistesco Solutions, Diseño de Salud Integral y Movimedical, con ocho cada una; Thomasant Group, con seis; Medkin y Samedic, con cinco cada una; EPG Digital, con tres, y Fármacos Especializados La Luz y Zdenko, con un contrato cada una.
Sin embargo, el número de contratos podría seguir aumentando. Una revisión de Contralínea en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ubica, para algunas empresas, más contratos que los señalados en el expediente de la UIF.
Son los casos de Cistesco Solutions, que en la PNT aparece con 22 contratos; Dicipa, de la que se ubican 1 mil 196; Diseño de Salud Integral, de la que se observan 31; GNK Logística del Bajío, 17; Link Internacional, 45; Medalfa, 42; Medckin, seis; Movimedical, 25; Purehd, 27; Samedic, ocho; Thomasant Group, 10, y Zdenko, 11.
Otras empresas del llamado Cártel de las Medicinas que no aparecen en el listado de la UIF, pero que sí aparecen en la PNT son BCG Limited Consulting, SA de CV, con tres contratos; Consultores y Asesores del Este, SA de CV, con uno; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV, con cuatro, y Raica, SA de CV, con uno.
Los documentos no desglosan el número de contratos asignados por los gobiernos de las entidades de la República. Sin embargo, una búsqueda realizada por Contralínea en la PNT arrojó un total de 12 mil 726 resultados de contratos de la administración pública federal y estatales con las empresas del llamado Cártel de las Medicinas.
De ellos, la Federación, en el sexenio anterior, firmó 8 mil 887. Las empresas contratadas fueron Comercializadora de Productos Institucionales (276 contratos); Instrumedical (39); Movimedical (cuatro); Purhed (12); Raica (uno); Vitasanitas (823); Digital Beacon Programatic Services (cuatro); EPG Digital (uno); Dicipa (434); Farmacéuticos Maypo (6 mil 535); Link International de México (45); Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (66); Grupo Fármacos Especializados (621); GNK Logística del Bajío (15), y GNK Logística (11).
Por su parte, el gobierno de Sonora de Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021) asignó 1 mil 899 contratos. Las empresas fueron Comercializadora de Productos Internacionales (101); Madalfa (seis); Dicipa (219); Farmacéuticos Maypo (1 mil 386); y Grupo Fármacos Especializados (173), e Inovamedick (14).
En el caso de Colima, el gobierno de José Ignacio Peralta (2016-2021) asignó 421 contratos a las empresas Dicipa (cinco) y Farmacéuticos Maypo (416). Mientras, Sinaloa, bajo el gobierno de Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) firmó 197 contratos con Dicipa (129) y Farmacéuticos Maypo (68).
El gobierno de Zacatecas, durante el periodo de Alejandro Tello Cristerna (2016-2021) y también durante el actual de David Monreal Ávila, celebró 156 contratos con Vitasanitas (siete), Dicipa (23), Farmacéuticos Maypo (124) y Grupo Fármacos Especializados (dos).
Otra entidad con más de 100 contratos es baja California Sur. Durante el periodo de Carlos Mendoza Davis (2015-2021) asignó 147. De ellos, siete fueron para Comercializadora de Productos Institucionales; 28 para Dicipa; 90 para Farmacéuticos Maypo, y 22 para Grupo Fármacos Especializados.
También aparece el gobierno de Yucatán de Mauricio Vila Dosal (desde 2018 en el cargo). Celebró 141 contratos con Thomasant Group (dos) y Dicipa (139). Por su parte, la administración de Silvano Aureoles Conejo, en Michoacán, asignó 127 contratos a las empresas Citesco Solutions (19), Comercializadora de Productos Institucionales (uno), Diseño de Salud Integral (16), Medalfa (31), Medckin (cinco), Movimedical (ocho), Samedic (ocho), Zdenko (dos), Thomasant Group (cinco), Farmacéuticos Maypo (14), Grupo Fármacos Especializados (14), GNK Logística del Bajío (dos) y GNK Logística (dos).
Con contratos a la red de empresas supuestamente liderada por la familia de Roberto Madrazo Pintado también aparece el gobierno de Jalisco de Enrique Alfaro, en el cargo desde 2018. Celebró 106 contratos con Movimedical (cuatro), Vitasanitas (57), Dicipa (23) y Farmacéuticos Maypo (22).
Las demás entidades de la República firmaron menos de 100 contratos con empresas del llamado Cártel de las Medicinas. Son los casos de la Ciudad de México (90); Chihuahua (85); el Estado de México (63); Guanajuato (60); Baja California (48); Quintana Roo (47); Tabasco (34); Veracruz (33); Nuevo León (28); Querétaro (26); Hidalgo (24); Aguascalientes (21); Guerrero (16); Puebla (18), y Morelos (13).
Finalmente, entre las entidades con menos de 10 contratos se encuentran Coahuila y Tlaxcala (ocho cada uno); Campeche, Chiapas y Durango (seis cada uno), y Oaxaca (cuatro).
Para la UIF, las 45 empresas integran una red organizada para obtener contratos de gobiernos estatales y del gobierno federal. Las autoridades financieras investigan asignaciones irregulares de contratos, adquisiciones con sobreprecios y tráfico de influencias.
Como lo publicó Contralínea, las investigaciones se concentran en 11 estados, pero involucran también a otras 20 entidades federativas y al propio gobierno federal de Enrique Peña Nieto.
En los diagramas de flujo del expediente se ubica en la cúspide del entramado a la familia de Roberto Madrazo Pintado, dueño del medio Latinus. En específico, además del político priísta, aparecen sus hijos, Federico y Ximena Madrazo Rojas; su nuera María Fernanda Rodríguez Luengas; su yerno, Alexis Nickin Gaxiola, y los hermanos de éste: Michel, Harvey y Morrey.
Con información de la revista Contralínea
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