El exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo logró frenar de manera temporal una orden de aprehensión por actos de corrupción librada en su contra gracias a una suspensión provisional otorgada por un juez federal.
La decisión judicial impide, al menos por ahora, que sea detenido por las autoridades, pese a los señalamientos por delitos de los que se le acusa relacionados con corrupción durante su administración como jefe del ejecutivo en Tamaulipas.
La medida fue emitida por el secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, quien estableció una garantía económica de solamente “52 mil pesos” como condición para hacer efectiva la suspensión.
En el acuerdo se señala que “…se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se haga efectiva la orden de arresto. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
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Este recurso legal permite que Aureoles Conejo no pierda su libertad, incluso si el proceso penal en su contra contempla prisión preventiva justificada. La suspensión es temporal y estará vigente hasta que se resuelva si se le concede o no una suspensión definitiva.
El cuestionado exmandatario michoacano, quien gobernó la entidad entre 2015 y 2021, enfrenta serias acusaciones de desfalco por miles de millones de pesos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Se le imputan delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones están vinculadas con la compra presuntamente irregular de cuarteles para la Guardia Civil en distintos municipios del estado.
De acuerdo con la FGR, Silvano Aureoles, junto con cuatro de sus excolaboradores, habría generado un daño patrimonial por “tres mil 400 millones de pesos” al adquirir inmuebles a sobreprecio en localidades como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Como parte de este proceso judicial, cuatro exfuncionarios del gobierno estatal ya fueron vinculados a proceso. Una jueza federal le otorgó a la FGR un plazo de tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria, lo que permitirá profundizar en los hechos y determinar la posible responsabilidad penal de los implicados.
Con Información de Agencias
