Los trabajadores del Poder Judicial no tienen por qué preocuparse si se cancelan los fideicomisos que esa instancia tiene, porque solamente se trata de cortar “el copete de privilegios” de los ministros y la gente de arriba, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que la Secretaría de Hacienda remitió al Congreso, la solicitud de presupuesto que hizo el Poder Judicial que asciende a 84 mil millones de pesos y corresponderá a los legisladores determinar el monto.
En su conferencia, dijo que históricamente el Poder Judicial ha tenido un trato preferencial en materia presupuestal porque ha sido una instancia al servicio de la oligarquía que jugó un papel importante en la privatización de bienes públicos durante el periodo neoliberal. En ese entonces, consideró, no hubo decisiones que beneficiaran a la mayoría de la población, por el contrario, se canceló la posibilidad de una consulta sobre la reforma energética; se canceló la posibilidad a los culpables del incendio de la guardería ABC o, en su caso, fue víctima del desafuero como jefe de Gobierno,
Insistió en que la cadena de privilegios de los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación les permite percibir hasta 700 mil pesos de presupuesto mensual, si se suman todas las prestaciones con las que cuentan. Esto es 4 o 5 veces más el salario del Presidente, dijo.
Uno de los grandes beneficiados en la Suprema Corte de Justicia, es el exempleado de Genaro García Luna, juzgue usted los beneficios y el sueldazo.
López Obrador aseveró que “los trabajadores del Poder Judicial no deben preocuparse en nada. Que no los quieran confundir, diciéndoles que se va a quedar sin sueldos y prestaciones No es así, es con los de arriba No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
En conferencia de prensa matutina reiteró que sólo la Cámara de Diputados puede reestructurar el presupuesto del Poder Judicial, el cual ascendería a 84 mil millones de pesos en 2024, de acuerdo con lo solicitado.
“Es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Desde luego, eso lo va a resolver el Poder Legislativo que tiene facultad para eso”, enfatizó.
El mandatario recordó que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede percibir hasta 700 mil pesos mensuales, lo que equivale a cinco veces más de lo que gana el jefe del Ejecutivo.
En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional puntualizó que el Poder Judicial es autónomo y fue beneficiado durante el periodo neoliberal para apoyar intereses económicos y políticos de una minoría.
“También hay que preguntarnos: ¿en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos? Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo, es un poder al servicio de una minoría rapaz, al servicio de la oligarquía, no de la mayoría del pueblo. (…) Ha sido bien atendido para contar con el apoyo de jueces, de magistrados, de ministros”, apuntó.
Cámara de Diputados durante la sesión del día de ayer martes 10 de octubre.
Avalan extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial
Con el voto de Morena y sus aliados, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obligará a extinguir 13 fideicomisos, donde hay disponibles 15 mil 434 millones de pesos.
De aprobar el pleno el cambio la próxima semana, únicamente se conservaría el fondo de apoyo a la administración de la justicia, donde hay 6 mil 103 millones más.
Como parte del desglose de los fondos que se manejan en el Poder Judicial, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación controla seis, donde a junio pasado había 6 mil 241 millones de pesos.
En los últimos ocho años, esos seis fideicomisos se han mantenido prácticamente sin movimiento, salvo por los intereses que generan en los bancos. Viven del sudor de la lana, acusó.
En general, los fideicomisos del Consejo de la Judicatura, la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permiten la cobertura de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, de mandos superiores y medios, así como apoyos médicos.
Uno de los que más polémica han causado es el 80693, que paga el mantenimiento de las casas de magistrados y jueces, donde hay disponibles 76.5 millones de pesos.
El alcance de la reforma generó un debate de tres horas en la comisión, que aprobó con 30 votos en favor y 21 en contra la iniciativa presentada por Mier en septiembre pasado.
Hamlet García Almaguer (Morena) explicó que el Poder Judicial fue engordando un cochinito dorado desde 2013, cuando comenzó una operación sistemática para generar subejercicios de manera artificial, que no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación, sino depositados en dichos instrumentos a manera de ahorro. Con la reforma, los privilegios del Poder Judicial están en agonía; sólo los mantiene vivos la respiración artificial que les otorga la oposición, añadió.
El legislador planteó que el dictamen no se discuta en la sesión de este miércoles, cuando se le dará declaratoria de publicidad, sino en la siguiente, para que la oposición tenga oportunidad de leer y releer esta pena de muerte a los privilegios del Poder Judicial.
En contraste, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) dijo que en su partido estamos sorprendidos, al identificar la estrategia de Morena y el gobierno de asfixiar todo órgano o poder que no esté en consonancia con ellos. Así sucedió con el INE y con el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y hoy perpetran un asalto a la autonomía del Poder Judicial.
Consideró que la reforma es agresiva y retrógrada; menoscaba y se entromete en la autonomía de un poder de la Unión y va contra la progresividad de los derechos laborales de los trabadores de base y mandos medios.
También, la panista Leticia Zepeda Martínez aseguró que la reforma es una venganza por las resoluciones que ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quieren Poder Judicial débil ante Palacio Nacional, consideró.
Según la reforma, cuando entre en vigor, el Poder Judicial deberá devolver los fondos a la Tesorería de la Federación.
No obstante, el priísta José Yunes Zorrilla alertó que el artículo cuarto transitorio de la iniciativa justifica el reintegro a partir de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Presupuesto, el cual prevé que cuando se extinga un fideicomiso del Congreso, del Poder Judicial o los entes autónomos, los recursos deberán ser devueltos a sus respectivas tesorerías.
Si quieren que el dinero se rembolse, tendrían que cambiar ese transitorio, dijo. Su propuesta fue desechada.
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