La entrega de delincuentes a Estados Unidos -entre ellos del piloto del avión que trasladó a ese país a Ismael El Mayo Zambada-, por parte del Consejo Nacional de Seguridad “se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Después de que la Fiscalía General de la República admitió que extraditó a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, en agosto de 2025, sin conocer su verdadera identidad, señaló que “ellos tendrían que dar más información”.
Recordó que desde la primera entrega de delincuentes “participó directamente el Gabinete de Seguridad. No participé personalmente en esas reuniones y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México”.
Subrayó que la decisión que toma el Consejo es para la protección de México, “para mejorar la seguridad de nuestro país”.
-Hasta ese momento no se sabía que era el piloto
-Eso es lo que comenta la Fiscalía, ellos tendrían que dar más información sobre todo este caso.
La mandataria también comentó que la fiscal Ernestina Godoy FGR debe explicar la salida de Ulises Lara como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución. “No me corresponde a mí evaluar. Es un asunto de la fiscalía”, afirmó en su conferencia de prensa.
“Su entrega no extingue investigaciones”
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la entrega de Mauro Alberto “N”, alias “Jando”, a las autoridades de Estados Unidos no pone fin a las investigaciones relacionadas con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense en julio de 2024.
A través de un comunicado, la FGR precisó que mantiene abiertas las carpetas de investigación y conserva grabaciones, peritajes, entrevistas y demás evidencias recabadas durante las indagatorias, por lo que podrá solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre México y Estados Unidos.
Asimismo, la institución precisó que Mauro Alberto “N” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento entre presuntos integrantes de un grupo delictivo y elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Durante ese operativo murió un militar y cinco más resultaron heridos.
Al ser presentado ante el Ministerio Público, el detenido proporcionó una identidad falsa; sin embargo, pruebas periciales posteriores permitieron establecer su verdadera identidad. Posteriormente fue vinculado a proceso por diversos delitos e identificado como integrante de alto nivel del cártel de Sinaloa.
Posteriormente, “Jando” fue entregado a las autoridades estadounidenses en agosto de 2025, junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.
En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el procedimiento de traslado y entrega de estos delincuentes se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y que el Gabinete de Seguridad participó en la revisión del perfil y nivel de riesgo de las personas entregadas.
La FGR señaló que, durante las investigaciones realizadas en junio de 2026, se encontraron coincidencias en la voz y las huellas dactilares de Mauro Alberto “N” con las del piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López desde Culiacán, Sinaloa, hasta Nuevo México, Estados Unidos.
La Fiscalía enfatizó que esa entrega no extingue la acción investigadora del Estado mexicano, por lo que continuará con las indagatorias y, de ser necesario, solicitará información o nuevas actuaciones a las autoridades estadounidenses para esclarecer plenamente los hechos.
El caso del traslado de “El Mayo” Zambada ha sido uno de los principales temas en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, luego de que el capo fuera llevado a territorio estadounidense junto con Joaquín Guzmán López sin que, hasta ahora, exista una versión definitiva sobre cómo se desarrolló la operación.
El Gobierno de México ha sostenido que mantiene abierta una investigación para determinar si durante esos hechos se cometieron delitos en territorio nacional y se vulneró la soberanía del país.
