Envían a Puente Grande a repartidor y 6 más por pedir agua limpia

Tras la detención arbitraria del repartidor de la aplicación Rappi, Samuel Morales Navarro, hoy sufre una injusticia más al ser enviado junto con otros seis detenidos al penal de alta seguridad de Puente Grande solo por el hecho de haber estado en el lugar y el momento menos preciso.

Samuel Morales Navarro, de 24 años, trabaja como repartidor de la aplicación para pagar el tratamiento oncológico de su madre y cuya detención arbitraria está documentada en videos publicados en redes sociales.

De cualquier forma, la Fiscalía de Jalisco trasladó a la prisión de Puente Grande a los siete manifestantes detenidos durante la protesta frente a Casa Jalisco, donde ciudadanos exigieron agua de calidad y fueron brutalmente reprimidos por policías a cargo del gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus.

Los siete hombres, identificados como David Isaac, Teodoro Isaac, Juan Darío, Alexis Daniel, Samuel, Israel e Iván Octavio, permanecían detenidos en las instalaciones de la Fiscalía estatal, en la Calle 14. La dependencia informó que considera que “existen elementos para presentarlos ante un juez de control y oralidad”.

Uno de los casos más sonados es el de Samuel Morales Navarro, un repartidor de aplicación de 24 años, fue detenido por policías antimotines, mientras pasaba por la zona, pues vídeos evidencian que no se encontraba protestando cuando, de forma violenta, policías jaliscienses lo atacaron y capturaron.

A seis de ellos se les atribuye el presunto delito de lesiones dolosas, con la agravante prevista en el Código Penal de Jalisco cuando las lesiones se cometen contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública. Al séptimo se le imputa presunta desobediencia o resistencia de particulares. Las acusaciones deberán ser presentadas ante la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

El traslado ocurre tras la represión y detenciones que ha generado críticas por la violencia y arbitrariedad en la captura de los manifestantes. Mientras la exigencia original era obtener respuestas sobre la calidad del agua, la actuación de las autoridades estatales produjo manifestaciones a las afueras de la fiscalía estatal pidiendo la libertad de los jóvenes capturados.

De las 39 personas detenidas durante los disturbios, 32 fueron liberadas dentro del plazo legal de 48 horas. La Fiscalía señaló que permanecen en libertad, aunque el Ministerio Público se reservó la posibilidad de continuar integrando carpetas de investigación en su contra.

Además, la dependencia desistió de la línea de investigación que inicialmente había anunciado por presuntos delitos cometidos contra representantes de la autoridad, lesiones y ataques a las vías de comunicación, para informar posteriormente sobre los cargos que atribuye a los siete hombres que continúan detenidos.