Parte del gabinete de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, se encuentra en prisión, ha sido procesado o está prófugo de la justicia desde hace años; un equipo «precioso» el del ‘góber’ poblano.
Ahora que se reportó la detención de Javier López Zavala señalado por ser el autor intelectual del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, perpetrado bajo sus órdenes el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula, suman ya cinco funcionarios bajo procesos penales.
Entre ellos se encuentra el propio exgobernador quien, de tener el poder entre los años 2005 y 2011 ahora habita una prisión en el centro penitenciario de Cancún, Quintana Roo.
En el caso del exsecretario de Salud, Alfredo Arango García y Valentín Meneses Rojas, extitular de la Secretaría de Comunicación y Transportes ambos fueron sometidos a proceso y estuvieron en prisión. Hoy caminan libres por las calles.
Otros funcionarios se mantienen evadiendo a la justicia como Javier García Ramírez, extitular de Obra Pública y el exdirector de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán.
Por el delito de tortura en contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el jueves 3 de febrero del 2021 detuvieron a Mario Marín en Acapulco, Guerrero. Después lo ingresaron al Centro de Readaptación Social de Cancún, Quintana Roo.
A pesar de que la justicia alcanzó al exgobernador poblano apenas el año pasado, el peregrinar de Lydia Cacho ha sido de más de 16 años.
Por este caso el exjefe de la Policía Judicial, Adolfo Karam, aún está prófugo de la justicia. Kamel Nacif Borge consiguió la revocación de su orden de aprehensión en julio del 2021.
Los tres forman parte de una lista de 11 funcionarios y otros personajes públicos que participaron en un complot para detener, torturar e ingresar al penal de Puebla a la periodista. Esto como castigo por mencionar a Kamel Nacif en el libro Los Demonios del Edén como uno de los asistentes a las fiestas del pederasta Jean Succar Kuri en Cancún, Quintana Roo.
El empresario Kamel Nacif y Mario Marin acordaron la detención de Lydia Cacho iniciándose un proceso penal por el delito de difamación y calumnia que se realizó de manera exprés ante el Poder Judicial y la jueza Rosa Celia Pérez Gonzalez liberó la orden de aprehensión que se ejecutó a través de la Policía Judicial que en ese entonces dirigía Adolfo Karam Beltrán.
El 5 de enero de 2012 la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) ejercitó acción penal en contra de José Alfredo Arango García tras detectarle bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias por 54 millones de pesos acumulados a lo largo del sexenio de Mario Marín cuando fue parte de su gabinete, en el que fungió como director del ISSSTEP y titular de la Secretaría de Salud.
El 12 de enero de ese mismo año lo detuvieron en su mansión en el lujoso fraccionamiento La Vista Country Club, ubicado en la ciudad de Puebla.
La detención sucedió a unos días de que el Gobernador Moreno Valle rindiera su primer informe de labores por lo que la detención del exfuncionario estatal se presumió como uno de sus grandes logros.
El 27 de diciembre de 2013 lo sentenciaron a cuatro años de prisión, pero podrá salir de la cárcel con el pago de una multa y gracias a que el estado le decomisó bienes por 79 millones de pesos.
La sanción la tomaron bajo el argumento de ser un “primo delincuente”, es decir, porque no cuenta con antecedentes penales. Tras salir de prisión el exfuncionario ha continuado su vida en Puebla sin mayores complicaciones.
Los bienes que se le decomisaron por una suma total de 79 millones 3331 mil 567 pesos son cuatro, tres suman 67 millones 305 mil y uno ubicado en Tehuacán, por un monto de 12 millones 26 mil 371 pesos.
Quizá uno de los casos más buscados por la justicia poblana es el de otro miembro célebre del gabinete de Mario Marín: Javier García Ramírez.
Hace diez años, el 16 de enero del 2012, el juez sexto de lo penal en Puebla liberó contra el exfuncionario estatal una orden de aprehensión, después de que se confirmó que había incurrido en el delito de peculado según la averiguación previa 261/2011/ANTIC/DGSP iniciada ante la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ).
La orden de aprehensión en contra del funcionario marinista por el delito de peculado sigue vigente, y todavía le restan dos años para que se considere que expiran los cargos por los que se le busca, según el artículo 131 del Código Penal del Estado de Puebla.
A García Ramírez se le señaló por amasar una fortuna de 23 millones de pesos, varias residencias, así como vehículos de lujo que la PGJ le incautó. Sin embargo, jamás se ha dado con su paradero, aunque versiones extraoficiales han señalado que se le detectó en París, Francia.
Desde la segunda semana de enero del 2012 el entonces titular de la PGJ, Víctor Carrancá Bourget, admitió que García Ramírez se había dado a la fuga.
Debido a esto, el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle Rosas incautó bienes inmuebles del ex titular de Obra Pública, entre ellos una residencia en el fraccionamiento Jardines de Zavaleta, en San Pedro Cholula, ubicado frente a las instalaciones de la delegación de la PGR Puebla.
Recién llegado a la Fiscalía de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, declaró que “la ficha roja de Interpol de Javier García Ramírez seguía vigente” según dijo el 9 de enero de 2020.
El 6 de febrero de 2021 detuvieron a Valentín Meneses Rojas, quien pasó por el área de Comunicación Social, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y de Transporte de Mario Marín Torres.
La detención de Meneses ocurrió después de años de mantenerse discretamente como Notario Público. Después de reaparecer manifestó su intención de contender por la alcaldía de Puebla bajo las siglas del PRI o también por buscar una diputación.
El funcionario tres meses después, el 13 de mayo se confirmó su salida luego que un juez le fijó una fianza de 500 mil pesos en efectivo.
Como Periódico Central informó, el exfuncionario se encontraba en prisión acusado por el delito de evasión de reos durante su administración en la Secretaría de Gobernación de Puebla.
Recientemente el juez de primera instancia ordenó su libertad bajo caución, sin embargo, el agente del ministerio público de la Fiscalía General del Estado (FGE) se conformó por lo que la defensa del exfuncionario marinista inició un procedimiento de amparo.
Le entregaron el amparo a Valentín Meneses y en el documento el Juez federal planteó que se le otorgará el beneficio de la libertad a cambio de la presentación de una suma económica de 500 mil pesos en efectivo. Valentín Meneses presentó el dinero en efectivo como garantía y lo liberaron.
El más reciente ex funcionario Marinista detenido es Javier López Zavala, quien según los señalamientos de la Fiscalía de Puebla, pagó a un sobrino Jair “N” y a un sicario identificado como Silverio “N” para ejecutar a la abogada y feminista Cecilia Monzón Pérez la mañana del 21 de mayo de 2022.
López Zavala estaba por casarse el 24 de junio con Guadalupe Maciel Mani, una política ligada a Movimiento Ciudadano y en el mes de abril concertó con los autores materiales dándoles información, una pistola Pietro Beretta y una motocicleta para realizar el crimen.
Ambos llegaron a Puebla y por días siguieron a la abogada para asegurar su rutina hasta que finalmente la ejecutaron en San Pedro Cholula, después escaparon y dejaron la motocicleta en la colonia Universidades de Puebla Capital. Jair usó una camioneta propiedad de Santiago B., exsecretario particular de Javier López Zavala para escapar.
El jueves 2 de junio detuvieron al sobrino del integrante del gabinete de Mario Marín y admitió todos los hechos y lo señaló.
El 6 de junio, detuvieron a Javier López Zavala, así como a su exsecretario particular. Aún se busca a Silvestre, el sicario encargado de disparar contra Cecilia Monzón.
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Esta entrada fue modificada por última vez en miércoles, 8 de junio, 2022
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