La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira al menos a dos “peces gordos” por el huachicol fiscal: Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, enfrentaría una orden de aprehensión; el otro individuo ya detenido se trata del exjuez del famoso caso de los Porky’s, Anuar González Hemadi.
De acuerdo con El Universal, el caso de Ruffo Appel está entre más de 200 órdenes contra agentes aduanales, empresarios, personal militar y funcionarios involucrados en el ingreso ilegal de combustibles al país.
Ruffo Appel está vinculado al megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila, realizado el 7 de julio. Su nombre aparece como socio mayoritario de Ingemar S.A. de C.V., la empresa señalada en esta operación.
La compañía, que comenzó dedicada a bienes raíces y construcción, dio un giro en 2019 para entrar al negocio de los hidrocarburos. En plena congelación de permisos, Ingemar logró autorización federal para importar hasta 500 millones de litros de gasolinas y diésel.
Tras el decomiso, Ruffo Appel se defendió en entrevista con El Universal. Aseguró que está tranquilo y listo para colaborar:
“Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”.
El exgobernador de Baja California Norte, Ernesto Ruffo Appel.
Negó que Ingemar tenga responsabilidad y señaló a otra empresa como la verdadera operadora:
“Crismón es nuestra comercializadora, es nuestro único cliente, fue el que nos autorizó la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros sólo tenemos un permiso de importación, pero no tenemos comercializadora”.
Mientras tanto, el gabinete de seguridad que encabeza Omar García Harfuch mantiene la lupa sobre el huachicol fiscal, considerado uno de los negocios ilícitos más jugosos en las aduanas del país.
El ex gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel con Emilio Álvarez Icaza.
¿Qué es el huachicol fiscal?
El huachicol fiscal no es un combustible ordeñado de ductos, sino un fraude aduanal: toneladas de gasolina entran al país disfrazadas de insumos como sosa cáustica o aditivos, con la complicidad de funcionarios y empresarios.
“Exjuez de Los Porkys”, uno de los detenidos
El exjuez federal Anuar González Hemadi fue uno de los detenidos durante el mega operativo contra el huachicol fiscal por sus presuntos nexos con el tráfico ilegal de hidrocarburos.
El ex magistrado, destituido en 2019 por corrupción y recordado por otorgar un polémico amparo en el caso de “Los Porkys” de Veracruz, fue presentado por el Gabinete de Seguridad federal como parte de una red criminal vinculada al huachicol.
De acuerdo con investigaciones realizadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), González Hemadi se convirtió en apoderado legal de Mefra Fletes, empresa utilizada para transportar combustible robado.
Desde noviembre de 2023 figuraba en actas oficiales como representante legal de esta compañía, la misma que en marzo pasado fue sorprendida movilizando el megadecomiso de huachicol en Altamira, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California.
Su caída no sorprende, pues no es la primera vez que se le liga con presuntos actos delictivos. Como juez federal, González Hemadi, en 2017, concedió un amparo que favorecía a Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los jóvenes acusados de violar a la menor Daphne Fernández.
Su decisión, ampliamente cuestionada, fue la gota que derramó el vaso y derivó en su destitución por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que lo señaló por “corrupción, actuar en contra de constancias y errores inexcusables”.
Hoy, el llamado “juez de Los Porkys” aparece en el corazón de una estructura de huachicol que involucra a empresarios, exfuncionarios y hasta familiares de políticos locales. MCCI documentó que detrás de Mefra Fletes está el empresario Roberto Blanco Cantú, cuyo hermano, Rigoberto Blanco Cantú, fue acusado en 2022 por Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel del Golfo.
El operativo que lo capturó incluyó también la detención de sobrinos de un exsecretario de Marina y de Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de la ASIPONA en Tampico, vinculado a la importación de combustible ilegal.
