El gobierno federal encontró 31 contratos relacionados al software de espionaje Pegasus, adquiridos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La afectación a las arcas públicas es de alrededor de mil 970 millones de pesos (poco más de 61 millones de dólares) para la compra y mantenimiento de esta infraestructura técnica y la adquisición de bases de datos y otras plataformas.
Así lo informó hoy durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al tiempo de manifestar que el actual gobierno no espía a nadie.
Los documentos encontrados serán difundidos en las redes sociales por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La funcionaria explicó que Pegasus operó entre 2011 y 2018 en los gobiernos referidos y fue vendido a la entonces Procuraduría General de la República.
Para sus transacciones, la firma israelí creadora de Pegasus utilizó empresas fachada para simular contratos en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia.
De los 31 contratos, 16 se encontraron en la extinta Policía Federal (suscritos con dos empresas) y otros dos firmados por la Secretaría de Gobernación, de donde dependía la Policía Federal.
En el órgano desconcentrado encargado de la operación de penales se encontraron siete contratos con cuatro empresas. En el Servicio de Protección Federal se hallaron dos más. En el Centro de Inteligencia (antes Cisen) se reportó cuatro contratos más.
“Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba, en el caso de Felipe Calderón, el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, actualmente preso en una cárcel, en un penal de Nueva York, y está reconocido por sus prácticas de espionaje, pero también en el caso de Peña Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio”, señaló la secretaria Rodríguez.
Ante López Obrador mostró la caja que contiene la documentación y que será entregada a la Fiscalía General para que investigue y localice a los responsables de “esta ilegal práctica que violó» la integridad de políticos, periodistas, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos, legisladores y servidores públicos.
“Y así este nuevo gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia. Aquí no se espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje”, subrayó.
Reiteró la titular de la SSPC que las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto pagaron millones a empresas fachada, como supuestas vendedoras de semillas o de textiles.
“Estos 31 contratos involucran a los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto bajo cuya protección operaba el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, actualmente preso en un penal de Nueva York y está reconocido por sus prácticas de espionaje; pero también en el caso de Peña Nieto mantuvo esa actividad durante todo su sexenio”, afirmó Rosa Icela Rodríguez.
Recordó que la empresa israelí NSO Group desarrolló el software de espionaje Pegasus que operó entre 2011 y 2018, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. “Y fue vendido a la entonces Procuraduría General [de la República] por medio del Grupo Tech Bull, que es quien tiene el contrato para la adquisición del sistema”, apuntó.
La funcionaria destacó que “para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del Gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”.
Por ello, señaló, la SSPC se dio a la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos digitales e impresos y pidió lo mismo a sus órganos desconcentrados. “Como resultado de esta búsqueda, se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al Grupo NSO”, reveló.
De acuerdo con Rodríguez Velázquez, en archivos de la extinta Policía Federal (PF) se encontraron 16 contratos suscritos con dos empresas distintas: KBH y la Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale. Además, en los mismos archivos se detectaron dos contratos más firmados por la Secretaría de Gobernación (Segob), de donde antes dependía la Policía Federal, con las empresas Proyecto Semilla y Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MB.
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