Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió de nueva cuenta a jueces y magistrados que han favorecido a presuntos criminales, en los casos de Ayotzinapa y a Roberto Borge.
Entre estos dos casos expuestos desde el Salón de la Tesorería, destacó en primer lugar el de José Luis Abarca, exalcalde del municipio de Iguala relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el de su esposa María de los Ángeles Pineda, así como, el del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
En la sección de Cero Impunidad de la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad expuso a tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el Estado de México: José Pablo Pérez Villalba, Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez.
En el primer caso, recordó que el pasado 15 de noviembre de 2023, el Tribunal Colegiado otorgó un amparo a José Luis “N” para que el Juez Tercero de Control de Toluca cite a las partes a una nueva audiencia para determinar nuevas medidas cautelares. Los magistrados del tribunal que votaron a favor fueron Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez.
Recordó que el Magistrado Montellano Iturralde revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión, que le había sido impuesta a María de los Ángeles “N” por delincuencia organizada y ordenó la reposición del procedimiento.
Rodríguez Bucio explicó que el pasado 15 de noviembre, por mayoría de votos, el Tribunal Colegiado otorgó un amparo a Abarca para que el Juez Tercero de Control de Toluca citara a una nueva audiencia para que se determinen otras medidas cautelares distintas a la previsión preventiva oficiosa.
El subsecretario señaló que el Tribunal Colegiado consideró que la prisión preventiva oficiosa impuesta a José Luis Abarca viola sus derechos convencionales en atención a las sentencias emitidas.
José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda —presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac—, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.
Asimismo, el subsecretario también señaló al magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde por la apelación a María de los Ángeles Pineda, quien el pasado 29 de septiembre había sido sentenciada a 10 años de prisión por delincuencia organizada, hipótesis contra la salud y lavado de dinero, por el caso Ayotzinapa.
Rodríguez Bucio apuntó que el pasado 23 de abril, el magistrado Mintellano Iturralde revocó la sentencia condenatoria de 10 años de Pineda, y ordenó la reposición del procedimiento, ya que a su consideración, el Juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica.
“De acuerdo con el Magistrado Montellado, el Juez desahogó diversas diligencias sin la asistencia de la defensa; tampoco llevó a cabo el careo procesal entre la implicada y un testigo colaborador; ni se cercioró si el defensor público federal que asistió a la defensa de la implicada en su declaración preparatoria, contaba con cédula profesional”, dijo.
Respecto al segundo caso, el Juez Marco Antonio Beltrán Moreno, determinó modificar la prisión preventiva oficiosa justificada contra Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, procesado por lavado de dinero. En lugar de ello, ordenó la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario, mediante el pago de una garantía de 10 millones de pesos.
El subsecretario acusó que el Juez Beltrán Moreno benefició a Borge bajo la jurisprudencia que establece que a una persona procesada se le debe revisar la medida cautelar dos años después de ser impuesta, sin embargo, otro Juez confirmó la medida de prisión preventiva por delincuencia organizada, por lo que seguirá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Morelos.
El exgobernador de Quintana Roo enfrenta dos procesos vigentes en la justicia local de la entidad, uno es por peculado porque se presume que desvió 594 millones de pesos y por la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V, durante el periodo de 2011 a 2013.
El otro es por el delito de aprovechamiento ilícito del poder -donde ya también concluyó la etapa de investigación complementaria-, relacionado con el pago irregular de 594 millones de pesos a la empresa paraestatal VIP Servicios Ejecutivos S.A. de C.V.
El 19 de mayo de 2019, el político quintanarroense también quedó vinculado a proceso por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, en perjuicio de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP-Saesa), por 590 millones de pesos, por subcontratación simulada a empresas de transporte aéreo (aviones y helicópteros).
El 5 de enero de 2019, Borge Angulo fue vinculado a proceso por el presunto lavado de 900 millones de pesos, que fueron presuntamente desviados del erario de Quintana Roo. Al exgobernador se le acusaba de rematar 22 predios que formaban parte de una reserva natural, con precios por debajo de las valuaciones a familiares y amigos.
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