El Gobierno de México presentó hoy en Palacio Nacional un informe detallado de casos sospechosos en donde juzgadores en todo el país liberaron a presuntos criminales, muchos de ellos buscados tanto en México como en el extranjero (como Rafael Caro Quintero), como parte del debate sobre la prisión preventiva oficiosa que, este 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver.
La Corte discute la constitucionalidad de esta medida, que el Congreso de la Unión estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso, pero también por el resto de los grupos parlamentarios, incluido PRI y PAN: se trató de una reforma constitucional. Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. Pero el Gobierno de México afirma que permite retener a presuntos criminales que, en los juzgados, ya de por sí, sospechosamente la tienen ganada.
El proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”. El Gobierno federal, por su parte, ha alertado que eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas, tanto de víctimas como de elementos de la policía, el Ejército y los propios jueces.
“Ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces [que liberan detenidos]. Esto que pasó hace dos días que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un Juez lo libera”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de agosto y citó el caso de José Bernabé “N”, alias “La Vaca”, quien no fue vinculado a proceso después de que lo determinara un Juez en el Estado de México. Luego prometió un informe que hoy fue presentado por Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Jesús Ramírez Cuevas, director de comunicación de Presidencia de la República, además exhibió cómo PRI, PAN, especialistas, columnistas, periodistas y medios defendieron la Reforma del Artículo 19 constitucional en 2008, cuando se establece la prisión preventiva oficiosa, pero ahora están de acuerdo con ella. Dijo que el debate está politizado y no tiene una lógica a favor de las víctimas, siquiera: en 2008 se apoyaba la prisión preventiva oficiosa, ahora abrumadoramente se le rechaza.
El caso de Rafael Caro Quintero
El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja expuso, como un primer caso, el de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara detenido en julio pasado, quien permaneció 9 años libre por un fallo judicial que fue revertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando ya nadie sabía dónde se encontraba.
“A Rafael Caro se le acusó en diferentes causas penales de privación ilegal de la libertad, de homicidio calificado, de delitos contra la salud y asociación delictuosa, introducción de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por estos delitos se estableció una sentencia en primera instancia que determinó que se le acumularían 40 años de prisión”, expuso el funcionario.
Mejía Berdeja recordó que la defensa de Caro Quintero impugnó esta resolución logrando modificar esta sentencia, que permitió que en un primer momento se le absolviera de delitos contra la salud, introducción de armas y asociación delictuosa. “Frente a esta resolución promueve luego un amparo y el amparo sobresee, es decir deja sin efecto diferentes delitos, como privación ilegal de libertad, en modalidad la de secuestro, y homicidio calificado cometido en agravio del exagente de la DEA, Enrique Camarena”.
El subsecretario indicó que a partir de este amparo se concluyó que Rafael Quintero ya había compurgado diferentes años en prisión “y al no estar ya estos delitos, según el Juez que llevó el caso, se establece su inmediata libertad; en consecuencia, Rafael “C” deja el penal durante la madrugada del 9 de agosto de 2013 cuando el Procurador era Murillo Karam”.
José Bernabé “N”, “La Vaca”
El presunto líder del Cártel Independiente de Colima, el cual mantiene pugna con otro grupo de dicha entidad, fue detenido el pasado 19 de agosto, sin embargo, Mejía Berdeja señaló que el Juez Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, determinó no vincular a proceso a “La Vaca”, quien, además de haber sido detenido en flagrancia con armas y droga, “es un peligroso criminal que está imputado en diferentes ilícitos como es homicidio de un agente de investigación que lo trasladaba en cumplimiento de una orden de aprehensión al estado de Tamaulipas”.
El subsecretario también recalcó el papel de “La Vaca” en los actos violentos al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima el pasado 25 de enero de 2022, el cual dejó un saldo de ocho muertos y siete heridos, además de “haberse constituido en el principal generador de violencia de Colima”.
“El Contador”
El subsecretario Mejía Berdeja indicó que otra resolución es la de José Alfredo Cárdenas “El Contador” considerado como objeto prioritario en Tamaulipas y señalado como líder del Cártel del Golfo, quien en noviembre de 2020 obtuvo su libertad tras la decisión de un Juez de Control de no vincularlo a proceso penal pese a ser identificado como un importante líder criminal.
En febrero de este año fue detenido nuevamente en la Ciudad de México, donde fue vinculado a proceso penal. “Es evidente la reincidencia, es decir cuando hay un beneficio procesal o una no vinculación este tipo de personas vuelve a seguir cometiendo los actos criminales”.
Los “Montadeudas”
Otro de los casos que fue exhibido la mañana de este viernes en la sección de “Impunidad Cero” de la conferencia mañanera, fue el de los “montadeudas” que están bajo proceso penal en libertad. Por esta trama de fraude han sido detenidas 28 personas.
Por este caso, elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México realizaron el 17 de agosto pasado un cateo en el que detuvieron a 23 personas y aseguraron diversos chips y teléfonos celulares. De manera simultánea, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital ejecutó acciones similares en 12 inmuebles, deteniendo a cinco personas más.
El subsecretario Mejía Berdeja expuso que un año antes, el 16 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (PANAUT) con el propósito de combatir delitos como secuestro, extorsión, delincuencia organizada y trata. Sin embargo, al día de que entró en vigor el Juez Juan Pablo Gómez Fierro, “sistemáticamente comenzó a admitir juicios de amparo otorgando suspensiones provisionales y definitivas”.
En abril de 2022, la Suprema Corte declaró inconstitucional el decreto, frente a lo cual el Gobierno federal señaló este día que “estos actos motivan a grupos criminales a seguir operando bajo el anonimato”.
“El Fantasma”
También se expuso el caso de Rafael “N”, alias “El Fantasma”, presunto narcotraficante señalado como uno de los principales lugartenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zacatecas y acusado del delito de secuestro, que fue detenido en Chihuahua el pasado 12 de febrero.
El subsecretario Mejía Berdeja indicó que “El Fantasma” fue puesto a disposición del Juez de Control Sergio Rodarte Oliva de Zacatecas, quien decretó la vinculación a proceso y ordenó su inmediata libertad. “(El Juez) decía que las cuentas en donde depositaron las víctimas al secuestrador no estaban a su nombre”.
Edwin Omar “N”, “Minimix”
En el informe presentado se informa que el Juez de Control Carlos Arellano dejó en libertad, luego de no vincular a proceso penal, a Edwin Omar “N”, quien presuntamente asesinó, entre otros, a Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la policía investigadora de la Fiscalía de aquella entidad.
“Él fue detenido y el juez desacreditó todos los testimonios del testigo y, finalmente, salió en libertad este sujeto que sigue delinquiendo y sigue siendo un objetivo prioritario”, dijo el subsecretario.
“El Mesías”
Ricardo Mejía Berdeja indicó que el mismo Juez Carlos Gallegos Arellano determinó decretar la libertad de Jorge “N” “El Mesías” debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar la audiencia por una lesión en la mandíbula, cuando realmente se encontraba estable.
Secuestradores en Guerrero
El subsecretario también dio a conocer el caso de un Juez de Guerrero, Marco Antonio Ordorica Ortega, titular del Juzgado 2 de lo Penal del Distrito de Bravos con sede en Chilpancingo, quien ha exonerado en distintos procesos a presuntos secuestradores. No obstante, el Tribunal Superior ha revertido estas sentencias y pedido la recaptura al determinar que sí existían elementos para señalar que estaban involucrados en el delito de secuestro.
Caso de la jueza Viviana Judith Juárez
De igual se presentó el caso de la jueza federal Viviana Judith Juárez de Baja California, quien en tres casos que se le han presentado de detenciones en las garitas o en la aduana de sujetos que tenían armas de uso exclusivo del Ejército determinó que eran ilegales las detenciones porque no habían justificado cómo revisaban los vehículos y finalmente les concedió la libertad, explicó el subsecretario Mejía Berdeja.
La jueza también dejó en libertad el pasado 10 de julio de 2022 a Erick Manuel “N”, señalado de ser el presunto autor intelectual del crimen del agente Alonso “N” ocurrido el pasado 30 de junio. “El argumento fue que por cuestiones administrativas no era legal su detención”.
“El Monstruo” o “La Bestia de Tamuin”
El subsecretario Mejía Berdeja dio a conocer además el caso de Filiberto “N” conocido como “El Monstruo” o “La Bestia de Tamuin”, un presunto feminicida que entre 2010 y 2014 asesinó a por lo menos cinco mujeres.
“Un juez local en 2016 dictó auto de libertad debido a que había encontrado inconsistencias, no obstante que el feminicida había señalado el lugar donde enterraba a las víctimas. Sin embargo, la madre de una de las víctimas logró un amparo, se reabre el caso y actualmente continúa en un penal de alta seguridad”, expuso el funcionario federal.
Los Lucio, secuestradores
Daniel Hernández, Juez de Control del estado de Tlaxcala, determinó no vincular a proceso a tres involucrados en el grupo de secuestradores conocido como “Los Lucio”, señalados por el delito de secuestro y de trata de personas. Se permitió su libertad inmediata pese a la acusación de delitos graves.
“Determina otorgarles la libertad no obstante que están involucrados en diferentes ilícitos y secuestros en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y hay diversas carpetas de investigación abiertas todavía”, declaró Mejía Berdeja.
Los presuntos delincuentes no fueron vinculados a proceso penal, a pesar “todos los elementos aportados por el Ministerio Público”.
Las cuentas de Kamel Nacif y Mario Marín
En la mañanera también se expuso el caso de descongelamientos de cuentas bancarias del empresario Kamel Nacif, vinculado a una red de pedofilia, y del exgobernador de Puebla, Mario Marín, ambos acusados de la tortura a la periodista Lydia Cacho.
El 19 y 21 de septiembre de 2020, los jueces primero y octavo de distrito de juicios federales en Puebla ordenaron descongelar las cuentas de ambos, por una cantidad de 800 millones de pesos, cuando se encontraban prófugos por las agresiones a la periodista Lydia Cacho. Mario Marín fue detenido en febrero de 2021.
“El Marro”
También se presentó el caso de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible en Guanajuato, quien ya fue sentenciado por secuestro agravado a 60 años, no obstante en mayo del 2021 un Juez decretó no vincularlo a proceso por el delito de tentativa de homicidio contra personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía.
“Está detenido y sentenciado por secuestro, pero en otros delitos le han venido quitando los cargos”, acusó el subsecretario Mejía Berdeja, quien recordó además que en junio de 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional detuvieron a 31 personas vinculadas a la organización criminal de “El Marro”, a quienes un Juez dejó en libertad.
“El exfederal”
El subsecretario exhibió también el caso de Javier “N”, ex agente de la Policía Federal implicado en el desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos en cheques y quien se entregó a las autoridades. Se trata de uno de 19 exfuncionarios de la Policía Federal, que son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.
No obstante, a finales de abril de 2021, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México, determinó que no hay elementos para vincularlo a proceso.
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