Dos jueces federales que otorgaron suspensiones a los trabajadores del Poder Judicial contra la reforma a ese sector —que se discute en el Legislativo— fueron exhibidos en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La intención, dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, es que el Congreso de la Unión no discuta ni dé trámite legislativo a la reforma del mandatario federal.
Señaló que se trata de la jueza quinta de distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, y del juez tercero de distrito de amparo y juicios federales en Chiapas, Felipe V. Consuelo Soto, que otorgaron sendas suspensiones bajo argumentos de evitar daños y perjuicios de “difícil o imposible reparación”.
En el primer caso, jueces federales presentaron un amparo directo el 29 de agosto de este año contra la reforma al Poder Judicial y un día después, la jueza Magaña López concedió una suspensión de oficio al considerar que ésta podría generarles un “daño de imposible reparación”.
El proyecto de esta suspensión es para que, el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa de reforma, adiciona y deroga la Constitución con respecto al Poder Judicial (el cual fue discutido y aprobado el 26 de agosto de 2024 por la Comisión de Puntos Constitucionales) “no surta efecto para los quejosos”.
El funcionario explicó que esto implicaría que dicho proyecto no podrá ser discutido ni votado por la Cámara de Diputados de la recién iniciada legislatura, que comenzó labores el 1 de septiembre.
En su resolución, “la jueza Magaña López mencionó que actúa estado en protesta por los ataques a la independencia judicial”, señaló el subsecretario
En tanto, el juez Consuelo Soto concedió a otros jueces federales —que presentaron un amparo indirecto el 30 de agosto— una suspensión de oficio ese mismo día para evitarles daños y perjuicios de “difícil reparación”.
Rodríguez Bucio apuntó que en este caso, “los efectos de la suspensión serían para que el Congreso de la Unión se abstenga de enviar el dictamen a las legislaturas de los estados y la Ciudad de México para la aprobación hasta no se resuelva la suspensión definitiva en este amparo”.
Según la información presentada por el subsecretario, el juez Consuelo Soto argumento que de permitirse la culminación de proceso legislativo, el amparo promovido quedaría sin materia, pues sería imposible reparar el daño a los promoventes.
Felipe Consuelo Soto y Martha Eugenia Magaña López, los jueces que invaden funciones
El sábado 31 de agosto, dos juzgados estatales otorgaron suspensiones provisionales contra la reforma al Poder Judicial; una para que la Cámara de Diputados no discuta la iniciativa y otro para que, en caso de ser aprobada, no sea enviada a los congresos estatales.
Un recurso fue otorgado por el juzgado tercero de distrito con sede en Chiapas a cargo del juez Felipe Consuelo Soto; la segunda suspensión fue concedida por la jueza Martha Eugenia Magaña López del Juzgado Quinto de Distrito de Morelos.
Felipe Consuelo Soto, polémico juez
Los casos de Mexicana de Aviación, la naviera Oceanografía y la destitución del presidente de la Cooperativa “Cruz Azul”, Guillermo “Billy” Álvarez, tuvieron algo en común: pasaron por el escritorio del juez Felipe Consuelo Soto.
Consuelo Soto fue designado juez federal de Distrito en septiembre del 2000. Ha estado en diversos juzgados en la Ciudad de México y también en Chiapas. Tiene diversas quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) e incluso fue suspendido por irregularidades detectadas en los procesos de los que ha sido responsable. En 2017, tuvo una suspensión de seis meses, relacionada con el expediente de Mexicana de Aviación, del que estuvo a cargo del 2010 al 2012 y en el que fue relevado por el propio CJF.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, le fue asignado el caso de la empresa de Amado Yáñez Osuna, Oceanografía, otro caso de corrupción ocurrido durante los sexenios encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN) y por partido Revolucionario Institucional (PRI). La naviera “Oceanografía”, cuyos propietarios son Amado Yáñez Osuna y Amado Yáñez Correa, comenzó su despegue en el 2002. Desde entonces se le conoció como una influyente empresa favorecida repentinamente en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, a través de contratos que, se sospechaba, le hacían ganar Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox.
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🚨 YA SALIÓ EL PEINEVean nada más de quién es alumno, el representante de los estudiantes que están en contra de la Reforma Judicial… pic.twitter.com/rgqbXIpLWl
— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 3, 2024
En 2006 la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre violaciones a las leyes de Obra Pública por parte de la empresa Oceanografía, sin que se tomaran cartas en el asunto. De 2011 a 2013, Oceanografía obtuvo unos 43 contratos Pemex Exploración y Producción (PEP) por servicios en altamar, como reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, transporte e instalación de plataformas, construcción de gasoductos y oleoductos, entre otros.
Luego de poco más de 7 años de aquel llamado de atención, la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigó los contratos firmados con Pemex entre 2011 y 2012, aplicó una multa de 24 millones de pesos e inhabilitó a la compañía por 21 meses para trabajar con dependencias de la administración pública federal, por realizar cobros que excedían el precio pactado con la paraestatal; sin contar el presunto gran fraude bancario de la naviera contra Banamex, filial mexicana de Citigroup, por alrededor de 400 millones de dólares.
Consuelo Soto devolvió la naviera a Amado Yáñez, la sacó de la quiebra y le reinstauró su capacidad de ejercicio por lo que los extrabajadores de Oceanografía impugnaron este fallo y denunciaron al juez ante el CJF, debido a que ignoró los reportes del saqueo de la naviera a los barcos que están en garantía de pago a los exempleados y acreedores. Los afectados dijeron que representantes de Oceanografía comenzaron a desvalijar los navíos, a llevarse equipos y otros bienes de la compañía que se encuentran en los patios del puerto de Laguna Azul, en Ciudad del Carmen.
También revelaron que enviaron fotografías como evidencias probatorias, pero el juez Consuelo Soto “ocultó” toda la documentación. Los trabajadores solicitaron ser reconocidos como trabajadores de la empresa con el fin de reclamar su liquidación y la revocación del convenio concursal que afectaba a sus derechos.
Además, este juez dio su aval en una orden judicial en 2019, con la que cooperativistas de “Cruz Azul”, impulsaron para apoderarse del control de las cuentas bancarias de la cementera
Martha Eugenia Magaña López, ligada a Piña
Es la jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca. Ha sido oficial judicial y secretaria en juzgados y en tribunales. Ocupa el cargo de jueza de distrito desde octubre del año 2020, Es muy cercana a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.
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