El fallo favorable que obtuvo el Estado mexicano en la demanda internacional de las empresas Espíritu Santo Holdings, Libero Partners LP y L1bre Holding, LLC, relacionado con el retiro de la concesión para la instalación de taxímetros digitales y tabletas en vehículos de alquiler que se asignó en la administración de Miguel Ángel Mancera, dejó al descubierto un sistema de corrupción en el que funcionarios permitieron la presunta falsificación de documentos oficiales para beneficiarse de dicho proyecto, que fue otorgado a Lusad, subsidiaria de las demandantes.
El entramado ocurrió en 2016 y 2017, cuando se expidieron documentos desde la Secretaría de Movilidad (Semovi) firmados por funcionarios que hacían creer que la concesión otorgada a Servicios Digitales Lusad SdeRL de CV –la cual fue firmada por el entonces titular Héctor Serrano y quedó publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 30 de mayo de 2016– se había llevado de manera lícita, según quedó establecido en el memorial de contestación realizado por el gobierno de México ante el arbitraje internacional.
Los documentos expedidos contaban con anomalías que fueron detectadas por las autoridades federales en la investigación, y de las que no se encontraron registros, archivos ni expedientes dentro de la Secretaría de Movilidad, lo que llevó a que señalaran: “la gravedad a considerar es que alguien falsificó un documento para dar la apariencia de que fue firmado por un secretario de la Ciudad de México”.
Dichas anomalías de falsificación de documentos no fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México en 2017; sin embargo, determinó que sí había cumplido los procesos de asignación para Servicios Digitales Lusad SdeRL de CV frente a otros proyectos, aunque dicha empresa, consta en las indagatorias, ya sabía que sería beneficiada.
Uno de estos documentos, presuntamente había sido firmado por Rufino H. León Tovar, quien fue titular de la entonces Secretaría de Transporte y Vialidad de diciembre de 2012 a julio de 2015, pero las autoridades lograron establecer que esto no ocurrió así, pues en 2016 ya no se encontraba en el cargo.
También establecieron que diferentes funcionarios firmaron esos documentos en favor de los empresarios Eduardo Z y Santiago León, imputados en dos carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), los cuales en 2022 seguían en etapa de indagación.
Ellos buscaban que Lusad recibiera una “comisión contraprestación” por viajes, de anuncios que se difundieran en las tabletas y los ingresos por el uso de wifi en las unidades. Sin embargo, su sistema nunca quedó plenamente instalado en las unidades en el periodo de prueba, que consistió del 15 de agosto de 2016 al 15 de agosto de 2018, aunado al descontento que surgió entre los sindicatos de taxistas.
