La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió una petición formal por parte del gobierno de Estados Unidos para la entrega en extradición del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya desde el 28 de abril.
Pese a la inconformidad de la dependencia por la «falta de discreción» de parte de las autoridades estadounidenses al hacer publica la investigación contra el gobernador y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de la entidad, se requirió la extradición desde un dia antes.
Pues de acuerdo con la propia SRE, la solicitud fue registrada el 28 de abril alrededor de las 18:00 horas y, pero conforme a los procedimientos legales vigentes argumentados por la dependencia, fue canalizada a la Fiscalía General de la República (FGR) «para su análisis».
De acuerdo con la Cancillería, corresponde a la FGR determinar si existen bases jurídicas suficientes que permitan avanzar en el proceso, incluyendo la posible emisión de órdenes de detención provisional con fines de extradición.
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Esta evaluación deberá realizarse bajo los criterios establecidos en la legislación mexicana, particularmente en la Ley de Extradición Internacional. No obstante, las autoridades mexicanas señalaron que, hasta el momento, la documentación enviada por el gobierno estadounidense no contiene pruebas concluyentes que acrediten la responsabilidad de los señalados en los delitos que se les imputan.
Entre las acusaciones mencionadas se encuentran presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con el uso y acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, derivados de una supuesta asociación con el Cártel de Sinaloa.
La SRE subrayó que el procedimiento de extradición exige una revisión exhaustiva de los elementos presentados antes de tomar cualquier decisión. En este sentido, enfatizó que la FGR será la instancia encargada de valorar la consistencia de la información y su compatibilidad con el marco legal nacional.
Entre las acusaciones mencionadas se encuentran presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con el uso y acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, derivados de una supuesta asociación con el Cártel de Sinaloa Foto: Gobierno de Sinaloa
En el mismo comunicado, la Cancillería manifestó inconformidad respecto a la manera en que se difundieron públicamente las acusaciones contra el mandatario estatal.
Razón por la cual señaló que se enviará una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, al considerar que la divulgación de estos señalamientos podría contravenir los acuerdos internacionales vigentes en materia de confidencialidad.
El gobierno mexicano reiteró que, en casos de esta naturaleza, los canales diplomáticos y legales deben respetarse estrictamente, evitando filtraciones que puedan afectar el debido proceso.
Asimismo, destacó la importancia de mantener la cooperación bilateral dentro de los marcos establecidos por los tratados internacionales suscritos entre ambas naciones. El caso se encuentra ahora en etapa de revisión por parte de la Fiscalía, instancia que deberá definir si procede o no la solicitud conforme a derecho.
Con Información de la SRE
