El gobierno de los Estados Unidos extraditó este miércoles al exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba entregándolo a las autoridades mexicanas en el puente fronterizo de San Diego-Tijuana.
El exmandatario fue recibido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes inmediatamente lo trasladaron a sus instalaciones para realizarle los protocolos médicos correspondientes antes de someterlo a proceso.
Posteriormente, cerca del mediodía, Yarrington fue transportado vía aérea a la Ciudad de México, donde continuará el proceso legal en su contra por presuntos delitos cometidos durante su gestión como funcionario público.
La repatriación del exgobernador ocurre tras haber cumplido una parte de su condena en Estados Unidos, donde fue juzgado por múltiples cargos relacionados con corrupción y crimen organizado.
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El exgobernador tamaulipeco fue capturado en 2017 en territorio italiano y, tras un proceso judicial, fue extraditado a los Estados Unidos en 2018. En 2021, se declaró culpable ante una corte federal de aceptar sobornos de organizaciones criminales a cambio de permitirles operar libremente en su estado, mientras ocupaba diversos cargos en la administración pública.
Durante el juicio, las autoridades estadounidenses lo sentenciaron a nueve años de prisión por lavado de dinero, tráfico de drogas, fraude bancario y evasión fiscal. La sentencia incluyó la investigación de operaciones financieras irregulares que superaban los 12 millones de pesos, principalmente a través de la compra de propiedades.
En una decisión sorpresiva, Yarrington fue liberado anticipadamente en 2024, aunque las razones específicas detrás de su liberación no han sido divulgadas por las autoridades norteamericanas.
En México, la FGR ya había solicitado con antelación una orden de aprehensión en su contra también en este mismo año, acusándolo nuevamente por el delito de lavado de dinero.
Sin embargo, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, bajo la titularidad de la jueza Raquel Duarte Cedillo, decidió devolver la solicitud a la fiscalía, argumentando que existían fallas en la investigación que debían ser subsanadas antes de avanzar en el proceso judicial.
La llegada de Yarrington al país reabre un caso emblemático que expone los vínculos entre la política y el crimen organizado, y pone a prueba la capacidad del sistema judicial mexicano para juzgar a exfuncionarios de alto perfil.
Con Información de Agencias
