La controversia que rodea al grupo norteño Los Alegres del Barranco se trasladó de los escenarios a los tribunales cuando sus integrantes se presentaron en el Juzgado 16 de Control y Juicio Oral en Puente Grande estado de Jalisco para enfrentar los cargos que les imputan relacionados con apología del delito.
La audiencia, presidida por el juez Gildardo Joel Landeros Parra, tuvo lugar en la sala 5 del recinto judicial. Desde tempranas horas, alrededor de las 9:30 de la mañana, hicieron su aparición Armando Moreno Álvarez, José Pavel Moreno Serrano, José Carlos Moreno Álvarez y Cristóbal Reyes López, músicos de la agrupación originaria de Sinaloa.
También acudieron Yani Camarena, su promotor musical, y la abogada que representa legalmente al grupo. Todos ellos evitaron hacer declaraciones al ingresar y salieron del juzgado cerca de las 12:20 sin brindar mayores comentarios a la prensa.
Aunque el hermetismo fue la tónica entre los acusados, Yani Camarena expresó brevemente: “Esperamos que llegue una buena resolución y que sea lo justo, primeramente Dios”, y declinó responder a más preguntas, actitud que replicaron los demás asistentes.
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Durante la sesión, se formularon cargos formales por apología del delito. En respuesta, el juez impuso varias medidas cautelares: los acusados deberán permanecer en el estado de Jalisco por al menos seis días más, hasta que el próximo lunes se reanude la audiencia y se defina su situación legal. Además, se les fijó una garantía económica individual de 300 mil pesos, lo que equivale a un total de un millón 800 mil pesos entre todos los involucrados.
El caso gira en torno a un concierto realizado el pasado 29 de marzo en el Auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan. En ese evento, Los Alegres del Barranco interpretaron su tema «El dueño del Palenque», mientras se proyectaban imágenes que rendían homenaje a Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este acto fue considerado por las autoridades como una exaltación del crimen organizado.
La situación judicial del grupo se complica debido a que la Fiscalía del Estado también ha iniciado otras dos carpetas de investigación por hechos similares ocurridos recientemente en dos municipios jaliscienses: Tequila y Cihuatlán. Aunque dichas carpetas aún no están judicializadas, sí se suman al expediente del caso ocurrido en Zapopan.
Según la Fiscalía, en Cihuatlán, donde se presentaron el sábado 3 de mayo en la Monumental Plaza de Toros, presuntamente proyectaron la letra de un corrido que alude a personajes del crimen organizado. Al día siguiente, el domingo 4 de mayo, en el municipio de Tequila, en el Lienzo Charro Mario Orendain, habrían incurrido en conductas similares.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reaccionó duramente a estos hechos. Criticó con severidad lo que consideró una reincidencia delictiva por parte del grupo, pese a que ya enfrentan un proceso judicial activo: “Es una burla. No sé si los presidentes municipales se dejen que este grupo quiera verles la cara. Este narco-karaoke que armaron durante el fin de semana lo único que hace es apología del delito”, declaró.
Lemus también indicó que si los músicos no hubieran comparecido ante el juzgado, se habrían emitido órdenes de aprehensión en su contra. Además, pidió al fiscal estatal, Salvador González de los Santos, que cite a declarar a los alcaldes de Cihuatlán y Tequila por su posible responsabilidad administrativa.
El mandatario recordó que estos ediles firmaron un compromiso previo con los organizadores de los conciertos, en el que se estipulaba que no se permitirían manifestaciones que constituyeran apología del delito.
“Lo que hicieron, tocando la música y después poniendo la letra para que la gente lo interpretara, es una simulación. Y los alcaldes deben de responder porque se ha firmado un compromiso. Las presidencias municipales son las que emiten las licencias para la celebración de estos espectáculos”, subrayó.
La tensión continúa creciendo en torno al caso, en tanto se define la resolución judicial que podría sentar un precedente en la regulación del contenido musical en eventos públicos en el estado de Jalisco.
Con Información de Agencias
