Los lineamientos que regularán los procesos para elegir a los futuros candidatos presidenciales no prohíben a los legisladores participar como aspirantes, y sólo imponen restricciones para no afectar la equidad.
Estas reglas inéditas aprobadas anoche por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) incluyen una amplia fiscalización a todos los involucrados en los procesos partidistas.
Por tanto, los bloques políticos deberán reportar –y documentar– desde la logística de las giras de sus aspirantes hasta los gastos de propaganda y encuestas.
El tope de gasto para cada uno de los aspirantes será de 34.3 millones de pesos, incluidas las aportaciones de militantes y simpatizantes (con un límite individual de 537 mil 41 pesos), mientras los propios inscritos para encabezar los procesos partidistas (futuros precandidatos) pueden aportar a su causa hasta 2.1 millones de pesos.
Consejeros consultados en un receso de la sesión, ya cerca de la medianoche, puntualizaron que las modificaciones circuladas de última hora a los lineamientos son de forma, no de fondo, con el objetivo de reforzar la prohibición a funcionarios de no utilizar recursos públicos en dichos procesos y tampoco emitir propaganda gubernamental con alusiones proselitistas.
Sin embargo, dijeron, se pone un foco para los legisladores porque a diferencia de funcionarios gubernamentales aquellos sí podrán ir a reuniones o asambleas informativas relacionadas con los procesos, pero sin descuidar su tarea en el Congreso.
Es así que personas inscritas que a la vez son legisladores (como Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes) se deberán concentrar en divulgar los objetivos del Frente Amplio por México y no hacer pronunciamientos electorales, ni usar recursos públicos para su traslado, por ejemplo.
“Pero no se les está poniendo la obligación de pedir licencia a sus cargos para seguir participando en los procesos; esa posibilidad sería un criterio de los partidos, lo mismo de en qué y cuánto van a gastar, con el tope señalado”, informó un integrante del Consejo General.
La orden del TEPJF al INE fue elaborar en cinco días naturales (el plazo venció ayer a la medianoche) lineamientos para “regular y fiscalizar” la convocatoria destinada a elegir a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México (promovido por PAN, PRI y PRD), y los procedimientos con características similares como es el de Morena y aliados para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
Morena, el Partido del Trabajo y algunos consejeros propusieron ciertos cambios, como bajar el tope de gasto, eliminar restricciones y modificar condiciones para el cumplimiento de la Unidad de Fiscalización, pero las propuestas no prosperaron.
El proyecto de lineamientos colocó reglas para contabilizar desde propaganda utilitaria (como los Amlitos), hasta sueldos de los equipos de aspirantes, rentas, gastos de traslado y hospedaje, propaganda exhibida en vía pública, en medios de comunicación y salas de cine, Internet y redes sociales, por mencionar algunos conceptos. La fiscalización será retroactiva desde el momento en que los partidos emitieron las convocatorias a sus respectivos procesos internos.
El organismo tendrá la autoridad de ordenar el retiro de la propaganda que califique de proselitista y que se halle en espectaculares, pegatinas en vehículos de transporte público y bardas en las que aparezcan los aspirantes. Si no es eliminada, de facto se cargará a su cuenta de gasto de precampaña.
El costo de las encuestas se abonará a las erogaciones ordinarias de los partidos, aun cuando no hayan sido contratadas por los contendientes, pero se consideraría que tuvieron beneficios de propaganda.
En cuanto a los servidores públicos, se indica que podrán asistir a los eventos políticos sólo en días inhábiles, y sin participar de manera destacada; los legisladores federales podrán hacerlo incluso en días y horas hábiles, siempre y cuando “no se distraigan” de sus tareas.
En el engrose elaborado de última hora se propuso la modificación del párrafo relacionado con restricciones a las personas inscritas (nombre que la autoridad electoral da a los aspirantes) que a la vez son diputados o senadores.
La propuesta, en el sentido de lo explicado por el consejero consultado, decía: “Las personas servidoras públicas que sean además personas inscritas, deberán abstenerse de participar en los procesos políticos en cualquier forma que pudiera implicar una vulneración a la equidad”.
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