El juzgado segundo de distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión en contra del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como del ex jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores, al considerar que el Ministerio Público Federal aportó pruebas de su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada al estar relacionados con el Cártel Guerreros Unidos y por desaparición forzada respecto del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Funcionarios federales refirieron que la determinación jurídica se notificó a los representantes del Ministerio Público Federal y a los defensores de los acusados.
De acuerdo con la información obtenida el Ministerio Público Federal entregó los testimonios de dos testigos protegidos que señalaron a José Luis Abarca y su esposa de brindar protección a integrantes del cártel de Guerreros Unidos.
En la indagatoria contra de Abarca y su esposa, también se encuentran acusados, el general José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería y tres militares más que se encontraban bajo su mando el 26 de septiembre de 2014 cuando se realizó la desaparición de los 43 normalistas.
Entre los testimonios que aportaron en el pliego de consignación los representantes de la Fiscalía General de la república (FGR) se encuentran los testimonios del testigo protegido identificado con el nombre clave de “Juan”, cuya identidad corresponde a Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, uno de los líderes regionales de Guerreros Unidos y uno de los que ordenó la ejecución de los 43 normalistas, según las investigaciones de la FGR respecto del también llamado Caso Iguala.
Asimismo, se aportó la declaración ministerial de otro testigo protegido con el nombre clave de Karla quien aseguró que el matrimonio Abarca-Pineda tenía nexos con el grupo delictivo.
Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República.
Otorgan amparo a Murillo Karam contra delitos de tortura
El juzgado 16 de distrito en materia de amparo otorgó una suspensión provisional en favor del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en lo que se refiere al auto de vinculación a proceso por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada, por lo que un impartidor de justicia analizará si concede la suspensión de plano y entra al análisis de si la decisión judicial estuvo apegada a derecho.
En el acuerdo judicial se informa que se admitió a trámite la demanda de amparo y se cita para la audiencia constitucional en la que se habrá de definir si concede la suspensión definitiva el próximo 11 de octubre.
En la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal se menciona que se notificará “a la autoridad jurisdiccional responsable que deberá suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la etapa de intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el presente juicio de amparo”, en este caso el juez Marco Antonio Fuerte Tapia.
Se requiere al juzgador que vinculó a proceso a Murillo Karam, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte, “que informe quién es el Agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia de 24 de agosto de 2022, donde emana el acto reclamado”.
Al menos siete policías resultaron heridos por el lanzamiento de petardos y piedras por parte de manifestantes, al término de una protesta frente a la Fiscalía General de la República, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Manifestación por los 43 termina con enfrentamiento
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se manifestaron afuera de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyas inmediaciones están resguardadas por elementos de la policía.
En esta ocasión, los familiares de los jóvenes, acompañados por estudiantes de diversas normales rurales, exigieron a esta institución que dé a conocer “cuál ha sido el motivo de la demora en ejecutar las más de las 80 órdenes de aprehensión” que anunció en agosto pasado.
“Queremos una explicación de por qué no han sido detenidos los 16 militares ni funcionarios de alto nivel que ellos nos informaron que tenían órdenes de aprehensión, y que era cuestión de horas para ejecutarlas”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madre de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Lamentó que en esta ocasión “Nos encontramos con una fiscalía rodeada de policías, con un fiscal reacio”. Otra vez “la cerrazón”, dijo.
Igualmente consideró que la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam “fue un relumbrón político, fue estridencia mediática y no se trató entonces de una ruta que nos lleve al esclarecimiento de los hechos”.
Al término de la protesta frente a la Fiscalía General de la República (FGR) hombres con el rostro cubierto lanzaron piedras y cohetones contra el inmueble de esta institución, lo que dejó por lo menos cinco elementos de la policía capitalina lesionados.
Los policías sufrieron heridas en sus piernas, según se pudo apreciar, pues estaban rodeados por compañeros y paramédicos. Hasta el momento cuatro de ellos han sido trasladados en ambulancias al hospital.
Justo cuando ya se habían retirado varios de los autobuses que trasladaron a los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes de normales rurales, un grupo reducido de encapuchados empezaron a lanzar los cohetones y piedras que dieron contra el inmueble y los elementos policiacos que únicamente estaban resguardando el edificio.
Los encapuchados también hicieron pintas en uno de los costados del inmueble, donde plasmaron: “+43”, “ni perdón ni olvido”, “Ayotzinapa vive”, “Fue el Estado”.
En el lugar quedó un artefacto que no detonó cuando fue lanzado, por lo que los elementos policiacos ya resguardaron la zona para evitar accidentes e intentar desactivarlo.
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