El proceso por el caso Agronitrogenados contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, fue suspendido sin que el imputado tuviera que pagar los 30 millones de dólares que se pedían como reparación del daño.
Ayer jueves 31 de agosto, el exdirector de Pemex compareció por el caso Agronitrogenados, un caso que consistió en la compra fraudulenta que Pemex hizo de una planta procesadora a Altos Hornos de México a un sobrecosto de 200 millones de dólares.
La FGR pedía una condena de 15 años de cárcel y el pago de 30 millones de dólares que Pemex y la UIF pedían como reparación del daño por el delito de lavado de dinero contra el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero el juez de control en el reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, determinó la suspensión del caso debido a que el exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, ya está pagando 216 millones de dólares como reparación del daño por este mismo caso.
Alarcón López aplicó el criterio jurídico que establece que un acuerdo reparatorio beneficia al resto de los procesados aunque no lo hayan acordado.
“Según los tribunales federales y los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales, una vez celebrado un acuerdo reparatorio éste beneficia al resto de acusados, de tal manera que se procedió a suspender el proceso”, declaró a medios de comunicación el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros a las afueras del Centro de Justicia Penal Federal Norte.
Lozoya Austin permanecerá en prisión por el caso Odebrecht.
Así, Lozoya Austin, ex director de Pemex, libró el proceso penal por el caso Agronitrogenados, pero sigue vigente el juicio de Odebrecht, debido a lo cual permanece en prisión preventiva justificada.
El juez de control Genaro Gerardo Alarcón López ordenó ayer suspender el procedimiento luego de que los abogados argumentaron que los 216 millones de pesos que Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, está pagando, cubren la reparación del daño.
En la sentencia, el impartidor de justicia aplicó un criterio aislado del primer tribunal colegiado de Querétaro, a petición del abogado Alejandro Rojas Pruneda. El documento, publicado el viernes pasado en el semanario judicial, señala que la celebración de acuerdos reparatorios por un procesado favorece al resto de coacusados que no pactaron.
El juez precisó que, en términos simples, no se puede solicitar más de una reparación del daño por el mismo hecho delictivo, en la que se tiene que incluir a todos los involucrados. Con el fallo, Lozoya queda libre de pagar 3.4 millones de dólares por esta causa penal, una multa de 5 mil días y 15 años de prisión que solicitó el Ministerio Público federal, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.
Ancira quedó en libertad en abril de 2021 luego de suscribir con representantes de Pemex un acuerdo reparatorio de 216 millones 664 mil dólares (a pagar en un plazo de 2 años siete meses) por la compraventa de Agronitrogenados.
En la audiencia de ayer, que duró poco más de dos horas, se frustró una vez más la reparación del daño que exigían las autoridades a Lozoya por Agronitrogenados y Odebrecht. En una nueva propuesta, la fiscalía modificó el pago de 30 a 20 millones de dólares, pero Lozoya, visiblemente molesto y desesperado, rechazó la petición y pidió al juez continuar con el inicio de la audiencia intermedia: “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex, desde enero de 2022 pidieron por escrito 3.4 millones de dólares (por Agronitrogenados y 7 millones por Odebrecht). Me parece ilegal, inmoral y que raya en extorsión. Acepté pagar 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño. ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión?
“Como dice mi abogado, ha habido conversaciones, que yo llamaría extorsiones: primero 3.4 millones y después al 200 por ciento, y lo suben a 30 millones de dólares y lo bajan como si fuera mercado tropical. Hay un acuerdo cuando hay voluntades, respecto a peritajes y cifras ciertas, pero como no lo hay, no hay acuerdo, quieren utilizar el aparato de justicia para atropellar mis derechos”.
Tras la decisión, el ex director de Pemex y sus abogados cambiaron de semblante, mientras la UIF y Pemex presentaron un recurso de revocación por la suspensión del proceso, que desechó el juez. Dayrén Zambrano, apoderada legal de Pemex, solicitó que se garantizara la reparación del daño y reprochó al juzgador: “Usted también nos deja en estado de indefensión, porque nos está dejando sin esos 3.4 millones de dólares”.
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