Se repartieron el botín en Tamaulipas, el aún gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio más de 60 notarías a sus compinches, líderes del PAN y funcionarios.
García Cabeza de Vaca, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero, orquestó una serie de cambios legales en Tamaulipas para blindarse antes de que deje su cargo como gobernador: además de heredar un fiscal cercano a él y gozar de seguridad por al menos seis años más, en los tres últimos meses el Gobierno estatal ha entregado más de 60 notarías a dirigentes panistas, funcionarios estatales y municipales, por lo que diputados locales de Morena advirtieron que se debe hacer una investigación sobre estas irregularidades.
“La administración saliente debe rendir cuentas y en el proceso de entrega-recepción, que dura 60 días una vez de la toma de posesión, se deben hacer todas las observaciones”, dijo en entrevista el diputado local de Morena Jesús Suárez Mata. “Si hay pruebas suficientes, el nuevo Gobierno debe presentar las denuncias para que se investigue”.
Entre quienes recibieron la acreditación del Gobierno de Tamaulipas para ejercer como notarios públicos están Víctor Manuel Sáenz Martínez, exjefe de la oficina del gobernador García Cabeza de Vaca, y Blanca Isela Pérez Ramírez, esposa del diputado panista Félix Fernando García Aguiar. El primero la recibió el 6 de septiembre y la segunda el 6 de julio, según consta en el Periódico Oficial del Estado.
Además, el 20 de septiembre el gobernador publicó una lista con 32 patentes otorgadas a aspirantes a notarios y entre los nombres figuraban el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Alejandro Guerra Martínez, hermano del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Mauricio Guerra Martínez; Óscar Adrián Márquez Nava, director jurídico del Instituto Registral y Catastral; Abelardo Perales Huerta, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Manuel Alejandro Rodríguez Altamirano, fiscal contra delitos de Niñas y Niños, y Óscar Vicente Sánchez Gutiérrez, titular del Registro de la Propiedad en Nuevo Laredo.
La lista completa de las 32 acreditaciones para ejercer como notarios se encuentra en el Periódico Oficial del Estado, donde también destacan empresarios constructores y José Manuel Bonilla Martínez, expresidente de la Federación de Abogados de Tamaulipas.
Los notarios en México han jugado un papel relevante en las presuntas tramas de corrupción, por eso la importancia de los nombramientos del Gobierno de Tamaulipas en los últimos meses. Por ejemplo, por medio de notarios se han orquestado esquemas de despojo de terrenos y se han pasado por alto empresas fantasmas.
De acuerdo con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, los requisitos para ser notario son distintos en cada estado, ya que los establece la ley local. Sin embargo, en términos generales se requiere ser licenciado en Derecho, haber realizado una práctica en alguna notaría, tener buena reputación tanto personal como profesional y aprobar o en su caso ser vencedor en un examen de oposición.
“Será sancionado cuando se retire”
No obstante, diversos analistas y columnistas de Tamaulipas coinciden en que algunos nombres de la última lista de patentes publicada por el Gobierno de García Cabeza de Vaca no tienen la experiencia.
García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas desde 2016 por el Partido Acción Nacional (PAN), tiene desde el 19 de junio de 2021 una orden de aprehensión en su contra, pero la detención no pudo ejecutarse, primero, porque obtuvo un amparo y, segundo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió dejarle su fuero y anuló la orden de arresto.
No obstante, la decisión de la SCJN solo se limita a la validez de su fuero como gobernador, no a los delitos que presuntamente cometió en Tamaulipas, por lo que Santiago Nieto Castillo, asesor del gobernador electo Américo Villarreal, advirtió que será sancionado cuando se retire del cargo, el próximo 30 de septiembre.
El mandatario panista fue acusado por la FGR de defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. Según la dependencia, García Cabeza de Vaca posee “un caudal de bienes y recursos ocultos”: 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas usando prestanombres, entre estos hermanos y familiares.
El fiscal a modo
El fiscal de Tamaulipas Irving Barrios Mojica, quien pertenece al grupo de Felipe Calderón que en el estado lidera Roberto Gil Zuarth, estará en el cargo hasta el 2025 luego de que, en septiembre de 2021, el Congreso en su momento de mayoría panista amplió su periodo y le dio poder para proponer a los fiscales especializados, con lo que deja al margen al nuevo gobernador, el morenista Américo Villarreal, cuya validez de su elección está por resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de una impugnación del resultado interpuesta por el candidato César Verástegui, quien fue postulado por la alianza de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
Además de permanecer en su cargo como fiscal en la siguiente administración morenista, la legislatura pasada del Congreso estatal, de mayoría panista, quiso otorgar más poderes a la Fiscalía, pero el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) lo anuló el pasado 17 de agosto.
El Trieltam resolvió invalidar las reformas aprobadas en junio por el PAN y del PRI en el Congreso para crearle a Irving Barrios Mojica una “Súper Fiscalía” con el mando total del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5) y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE).
También los magistrados del Trieltam anularon la decisión del Congreso de Tamaulipas de conformar la Diputación Permanente con mayoría de PAN y PRI, así como la aprobación de 179 de las cuentas públicas de municipios y organismos descentralizados que no fueron revisadas.
Aunque el PAN aún puede impugnar esta decisión del Trieltam ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está también pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una impugnación de Morena sobre la violación al proceso legislativo en estas reformas aprobadas por el Congreso de Tamaulipas.
Irving Barrios Mojica, el Ministerio Público del Gobierno de Felipe Calderón que en mayo de 2009 orquestó el “michoacanazo” —como se conoce a la captura de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un juez de Michoacán que luego fueron absueltos del delito de narcotráfico—, también es señalado de fabricar culpables en Tamaulipas.
Barrios Mojica fue designado Procurador cuando García Cabeza de Vaca llegó al Gobierno, en 2016, y fue promovido por el propio mandatario como Fiscal hasta el 2025, con la posibilidad de extender su cargo hasta 2032, a partir de una reforma realizada a la Constitución del estado en septiembre pasado que eliminó el impedimento de ser reelecto.
En el marco del proceso electoral por la gubernatura de Tamaulipas, en donde perdió el candidato de la alianza Va por México, el Fiscal ha sido señalado de emprender una persecución contra alcaldes, diputados y dirigentes de Morena, que acusan a Barrios Mojica de fabricarles delitos, algo que él ha negado.
Seguridad gratis con cargo al erario
Además de heredar un fiscal cercano a él al nuevo gobierno y dar notarías a políticos afines, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se irá de Tamaulipas gozando de la protección de escoltas por seis años y con la posibilidad de extenderse por más tiempo.
Lo anterior será posible debido a que el Congreso estatal reformó su Constitución para que el mandatario saliente pudiera continuar con escoltas y seguridad, con cargo al erario.
“Con motivo de las funciones de su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”, señala el texto modificado y aprobado por el Congreso estatal, de acuerdo con su publicación en el Periodo Oficial del Estado el martes 21 de septiembre de 2021.
La redacción del párrafo plantea que dicha seguridad puede ser extendida por motivos que así lo ameriten, sin embargo, no establece criterios ni periodos de las prórrogas, por lo que dejaría abierta la medida en Tamaulipas.
Especialistas en materia de seguridad consideraron que es ofensivo para la población que, al menos en el caso concreto de García Cabeza de Vaca, un gobernador que es investigado por las autoridades por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, irregularidades y hasta por presuntos nexos con el crimen organizado, el pueblo vaya a pagarle aun por brindarle seguridad.
“Esto ya es como el colmo porque sabemos que los otros gobernadores no tienen guardaespaldas. Es el colmo que los tamaulipecos van a tener que pagar por la seguridad de una persona que puso en peligro a tantísima gente y sigue poniendo, que después de un sexenio criminal, tengan que pagar por su seguridad es una burla”, expresó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason en Virginia, especialista en temas de seguridad y estudios fronterizos.
La especialista, quien ha dado seguimiento puntual a la gestión de Cabeza de Vaca, destacó que el mandatario estatal en lugar de gobernar (que es lo que le corresponde) se ha dedicado en estos últimos meses a proteger su espalda.
Temen fuga de García Cabeza de Vaca
Américo Villarreal Anaya, gobernador electo de Tamaulipas, dijo el pasado 21 de septiembre que pedirá atención especial a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, para evitar que Francisco García Cabeza de Vaca se fugue una vez que concluya su cargo como mandatario estatal.
“Estamos esperando que se dé a través de la Fiscalía para que de acuerdo a como se llevaron los trámites y las decisiones que tuvo el Supremo Tribunal de Justicia en relación del mantenimiento de su fuero, se pueda volver a emitir la orden de aprehensión por la Fiscalía Federal para que responda a todo lo que en su momento se tuvieron de antecedentes y justificación para emitir estas órdenes o incluso este juicio de procedencia que todos conocemos”, dijo Villarreal Anaya.
El gobernador electo recalcó que una vez que comience sus labores el próximo 1 de octubre uno de sus primeras labores será reanudar el proceso legal en contra de Cabeza de Vaca, pues dijo, es una labor que está pendiente de resolver. “Efectivamente, así lo vamos a estar llevando a cabo para que se dirima una situación que sentimos está pendiente de dilucidar y él tendrá el derecho de defenderse ante las circunstancias e imputaciones que se hagan”.
Américo Villarreal indicó que durante los trabajos de entrega-recepción han surgido algunos señalamientos contra la actual administración por desvíos de recursos públicos, situación que ha permitido abrir nuevas líneas de investigación.
“En ese proceso de entrega-recepción ya se empezaron algunos señalamientos y desviaciones. Tuvimos la circunstancia de poner a consideración de la ciudadanía cuentas de correos electrónicos para que ellos mismos nos hicieran saber situaciones que consideraran de desviaciones de los recursos públicos a nivel estatal y hemos tenido amplia respuesta, en este sentido, que han dado diferentes líneas de investigación hacia el interior de la administración actual del Gobierno”, indicó.
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