Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex Emilio Lozoya, promovió un nuevo juicio de amparo tras denunciar la filtración de información confidencial, fotografías y videos que autoridades federales tomaron durante su arresto.
La demanda la tramitó el pasado 24 de julio ante el juzgado octavo de distrito en materia penal en Ciudad de México, donde reclamó la supuesta infiltración de la Fiscalía General de la República (FGR), el 2 de julio, cuando dio a conocer su captura en el Aeropuerto Internacional de la CDMX por su presunta vinculación en el caso Agronitrogenados.
No obstante, el juez, Rubén Darío Noguera Gregoire, dio un plazo de cinco días para que la quejosa aclare los actos que quiere combatir bajo protesta de decir la verdad, de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
“Bajo protesta de decir verdad narre todos aquéllos hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes que dieron origen al acto o actos que desea combatir en la presente instancia constitucional, y que guarden estrecha relación con el mismo”.
Caso Agronitrogenados
A principios de mes la FGR la imputó de conocer y participar en acciones con las cuales en 2012 se “lavaron” 3.4 millones de dólares que su hermano recibió como soborno por parte del accionista mayoritario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, para que Pemex adquiriera la empresa Agronitrogenados.
No obstante, Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, la vinculó a proceso por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la dejó en libertad condicional.
Ese día, la togada consideró que la FGR no aportó pruebas de que investigó durante los últimos tres años el paradero de Gilda Susana, ni de que la citó a comparecer ante el Ministerio Público y tampoco que le haya solicitado que acudiera ante autoridades judiciales.
Además, la juzgadora federal calificó de legal la detención, pero determinó que el Ministerio Público no aportó elementos de prueba para dictarle prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica.
Para su abogado, Alejandro Rojas Pruneda, la publicación de la fotografía y video de la imputada difundida por la FGR, constituyen graves violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la protección de datos personales y al ejercicio libre de la función de defensa.
En una carta difundida hace unas semanas afirmó que “la ejecución de una orden de aprehensión para presentar a mi representada ante un juez resultaba absolutamente innecesaria. Los agentes del Ministerio Público conocen plenamente que la defensa mantiene comunicación permanente con la fiscalía y que bastaba con una solicitud para que mi representada compareciera voluntariamente ante cualquier requerimiento de la autoridad. Así ha sido en múltiples casos”.
Y reiteró que la publicación de la imagen de Gilda Susana en medios de comunicación, tanto en video como en fotografía, en la cual se advierte “sometida, esposada y custodiada por dos agentes de la fuerza pública es ilegal y viola el artículo 113 fracciones XIV y XV del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también, vulnera su presunción de inocencia, la privacidad de su imagen y datos personales, así como su dignidad humana”.
