La gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo ha abierto una indagatoria interna contra su sucesor, el también blanquiazul Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por un presunto conflicto de intereses vinculado con la renta de una propiedad en Texas, Estados Unidos, conocida como la “Casa Azul”.
La polémica estalló luego de que el portal PopLab revelara que Rodríguez Vallejo, tras dejar el cargo, estableció su residencia —junto con su familia— en una zona exclusiva de Houston. Según la investigación, el inmueble situado en The Woodlands, y con un valor cercano a un millón de dólares, está registrado a nombre de Daniel Ezquenazi Beraha, representante de la empresa Seguritech, la cual opera los sistemas de cámaras y seguridad en el estado de Guanajuato.
La empresa, que habría recibido contratos multimillonarios de seguridad durante la administración de Rodríguez Vallejo, se convierte así en el presunto vínculo directo entre los recursos públicos estatales y el alquiler de la residencia en Estados Unidos.
No se puede saber cuánto dinero y cuántos contratos fueron otorgados a la empresa porque el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue los mando a clasificar como secretos por años.
El destape de la propiedad
En conferencia improvisada, la gobernadora Libia García informó que el día 27 de junio la Secretaría de la Honestidad de Guanajuato inició una investigación por el arrendamiento de esta vivienda. Subrayó que, en lo que va de su gobierno ni durante el anterior se mantiene contrato alguno con Seguritech ni con la persona ligada a la propiedad. Indicó que la pesquisa busca deslindar responsabilidades y confirmó que su obligación no es proteger personas o empresas, sino guardar transparencia en beneficio de la ciudadanía.
Aclaró que el avance será público; no obstante, podría haber información reservada por razones de seguridad. “No podemos poner en riesgo la operación en materia de seguridad”, advirtió la mandataria estatal.
El uso de la Secretaría de la Honestidad estatal, en este caso, indica que se analiza una posible violación a la ley estatal de responsabilidad administrativa y manejo transparente de recursos públicos. Si se confirman contratos directos o favoritismo en adjudicaciones, la Fiscalía Anticorrupción estatal podría activar procesos legales adicionales.
Diego Sinhue consiguió está propiedad gracias a una empresa que benefició con millones de pesos en contratos.
Respuesta de Sinhue ante la polémica
El exgobernador respondió mediante una carta en la que niega ser propietario de la llamada “Casa Azul”. Asegura que quienes residen allí son únicamente su esposa e hijas, estudiantes en Estados Unidos, y que el inmueble es un alquiler temporal.
Desde su partido, el PAN, han surgido voces divididas. Aldo Márquez Becerra, presidente del PAN en Guanajuato, defendió al exmandatario, declarando que no existen irregularidades evidentes en el arrendamiento. En contraste, Román Cifuentes Negrete —exlíder estatal del partido y síndico del municipio de León— exigió esclarecer los hechos para mantener la coherencia del partido en casos de manejo irregular de recursos públicos, en referencia a escándalos como la “Casa Blanca” o la “Casa Gris”.
¿Cuáles serán las acciones del gobierno estatal?
La Secretaría de la Honestidad estatal debe entregar pronto los resultados preliminares. Si se comprueba vínculo contractual entre Seguritech y el exgobernador, o uso de recursos estatales en beneficio del exmandatario, podría iniciarse un procedimiento administrativo o sancionador.
En caso de delitos graves, como tráfico de influencias, la Fiscalía Anticorrupción podría intervenir. El PAN estatal deberá definir si toma una postura corporativa de defensa doctrinal o si respalda la investigación como estrategia de fortalecimiento institucional.
“Fiscalía tiene que investigarse”
Ante los señalamientos contra el exgobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, en el que se le involucra con una residencia en Woodlands, Texas, cuyo dueño fue un contratista en su gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el Gobierno federal pueda intervenir en este caso, sino que tienen que ser las fiscalías.
“Las fiscalías pues tienen autonomía, entonces si hay una denuncia en particular a la Fiscalía General de la República, pues la fiscalía tendría que ver si tiene atribuciones para ello intervenir. De parte del gobierno federal no”, aseguró la mandataria.
En ese sentido, Sheinbaum comentó que la Unidad de Inteligencia Financiera podría intervenir con una denuncia, “más allá de lo que salga en un periódico o en un medio de comunicación”, cuando encuentra algún asunto de lavado de dinero interviene preventivamente cerrando o solicitando el congelamiento de la cuenta, “y si es el caso, presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República”.
“La Fiscalía General de la República, sí tiene atribución, si fueron fondos federales, pues tiene la posibilidad de hacer una investigación. Y las propias fiscalías y las propias instituciones de auditoría del estado de Guanajuato”, dijo.
“¿Coordinaría a la gobernadora?”, se le preguntó a Sheinbaum durante la conferencia matutina.
“Depende de ellos. Yo creo que el exgobernador tiene que aclarar. Se está diciendo que él tiene una casa a nombre de una empresa que él contrató, en la cual vive ahora…de comprobarse que eso es cierto, pues es corrupción. ¿Pero quién tiene que hacer la investigación? Pues las instituciones tienen que hacer esas investigaciones”, señaló.
