Revelador reportaje de la periodista Sugeyry Romina Gándara para el portal web Sin Embargo, en el que da cuenta de la sucesiva etapa de fiscales corruptos en Guanajuato, respaldados por los gobierno del PAN en el estado.
La investigadora señala que la crisis de violencia e inseguridad que vive Guanajuato se debe en gran parte a la omisión de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en el cumplimiento de su deber y responsabilidad, denunciaron especialistas en seguridad y crimen organizado.
“La Secretaría de Seguridad Pública está encabezada por otro personaje igual de siniestro que Zamarripa, Alvar Cabeza de Vaca, quien tiene siete años en el cargo. Entonces, este par de funcionarios han ido dejando una estela de destrucción y muerte en el estado”, dijo Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y cofundador de México Social.
Con más de 14 mil 632 personas asesinadas tan solo entre enero y mayo del presente año, Guanajuato se ubica como el estado más violento del país, pues concentra el 13 por ciento del total de los homicidios dolosos.
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer el pasado 30 de junio que iniciará una investigación a el Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, debido a que se sospecha que la detención de cinco personas, entre ellas la madre de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa, fue un montaje.
Carlos Zamarripa Aguirre, policía de carrera, es el Fiscal más longevo en el país, pues ha estado a cargo de la procuración de justicia desde hace 11 años, tiempo en que ha sumado una larga cauda de quejas y acusaciones de ineficiencia.
Aplicación selectiva de la justicia, ocultamiento o “falsificación” de datos, falta de resultados en la persecución de delitos del fuero común, e incapacidad para la integración de carpetas de investigación de casos importantes que han dado como resultado la liberación de presuntos criminales, son parte de los señalamientos que tienen hoy a la Fiscalía guanajuatense sumida en una crisis de credibilidad que se ha acentuado en los últimos dos años ante el alarmante incremento de asesinatos y violencia en la entidad, coincidieron los analistas entrevistados por SinEmbargo.
“Lo que sí es un hecho es que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública han sido totalmente omisas en el cumplimiento de su deber y su responsabilidad, lo que hoy tiene al estado bañado en sangre”, destacó Arellano Almanza.
Activistas, empresarios y políticos han denunciado públicamente a los dos funcionarios. En septiembre de 2019, el mismo Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Guanajuato, publicó en sus redes sociales que la Fiscalía obstaculizaba la recepción de denuncias, al no entregar a los policías las herramientas que se requerían.
Basta de trabas y obstáculos. No es posible que la seguridad de más de 1.5 millones de leoneses esté a contentillo de una persona.
El pasado 6 de febrero, las organizaciones Ciudadanos Hartos, Frente de Acción Ciudadana y Estudios ambientales, colocaron mantas en las que exigieron la renuncia del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y del secretario de Seguridad Pública Estatal, Alvar Cabeza de Vaca.
Carlos Zamarripa (izq), Fiscal de Guanajuato, con 11 años en el cargo; Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública 7 años en el cargo.
Fiscal perenne
Carlos Zamarripa es un policía que se formó desde muy joven en la Fiscalía estatal de Guanajuato cuando era Procuraduría, recorrió casi todos los cargos para hacer una carrera policiaca en la entidad.
“Empezó desde proyectista, avanzó a Fiscal, avanzó a director de averiguaciones previas y a la subprocuraduría en una división general”, relató Saúl Arellano.
En febrero de 2009, en el sexenio de Juan Manuel Oliva, Zamarripa Aguirre fue nombrado Procurador General de Justicia. Posteriormente, el entonces Gobernador Miguel Márquez Márquez lo ratificó con el argumento que “había hecho un buen trabajo” y que tenía enormes calificaciones en instancias internacionales, sobre todo en agencias norteamericanas, como el FBI y la DEA.
En 2018, el actual gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nuevamente lo ratificó y el año pasado, en medio de manifestaciones y severas críticas, Zamarripa fue propuesto y designado como primer Fiscal de la entidad, con una duración de nueve años en el cargo.
“No sólo fue ratificado, sino impulsado como Fiscal ante un Congreso anodino y a modo, con la mayoría panista que le aprobó en fast track el nombramiento, en lo que se le llamó pase automático”, dijo el especialista.
Gestión cuestionada
La gestión de Carlos Zamarripa como procurador y Fiscal ha sido muy cuestionada en Guanajuato, al igual que la del secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, quien lleva al menos siete años en el cargo.
Saúl Arellano, doctor en Política Social por la Universidad de Baja California, explicó que perpetuar a funcionarios en un alto cargo dentro de dependencias gubernamentales provoca una “atrofia institucional”, y en este caso la consecuencia es el deterioro de las condiciones de seguridad para la población.
“Cuando tienes a una persona responsable de una institución durante muchos años, esta persona o este grupo desarrollan procedimientos, mecanismos y métodos de trabajo que se vuelven inerciados e inerciales que impiden la innovación y la transformación institucional”, aseguró.
Los asesinatos crecieron 61.08 por ciento en el primer año de gestión de Zamarripa, pues de 257 homicidios dolosos registrados en 2018 pasaron a 414 en 2009. Además, si se comparan los homicidios dolosos registrados en el año anterior a su ingreso con los registrados en 2019, este delito se disparó 570.28 por ciento.
“El incremento habla de la incapacidad de este par de funcionarios, de Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública, y el Fiscal Carlos Zamarripa”, destacó el investigador de la UNAM.
El analista también señaló que en Guanajuato ha habido una práctica selectiva de la aplicación de la justicia, con la represión hacia la movilización social, por un lado, y por el otro la permisividad ante los grupos delincuenciales.
En diciembre pasado, estudiantes de la Universidad de Guanajuato denunciaron que algunos participantes del movimiento estudiantil fueron detenidos ilegalmente por elementos de la policía capitalina tras una serie de protestas para exigir seguridad y fin a la impunidad.
“Este tipo de ejemplos dan muestra que algo muy raro pasa en la Fiscalía General de Justicia, lo que se suma a cuestiones muy graves como el ocultamiento y el falseamiento de datos”, añadió el también investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
El pasado 24 de mayo, el Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, aludió que la Fiscalía Guanajuato oculta información, pues reveló que la dependencia a cargo de Zamarripa no otorga de manera apropiada, ni en tiempo y forma, toda la información para la incidencia delictiva.
“La obligación de los estados es aportar información, no obstante, la Fiscalía General de Guanajuato no entrega información, nunca lo ha hecho, tenemos que recurrir a vías trianguladas para conocer, para tener una aproximación a la situación real de los números de violencia en Guanajuato […] Es francamente un absurdo. ¿Cuál es el motivo?, ¿esconden algo? No quiero yo cuestionarlo, pero lo hemos intentado por todas las vías, ya sólo faltaría la jurisdiccional”, dijo Durazo durante una reunión virtual con senadores de la Coordinación Política del Senado.
Aunque Arellano Almanza considera que hay una omisión de la Federación al no obligar por la vía jurisdiccional a Guanajuato a entregar la información delictiva de manera correcta, el analista recalcó que sobre todo “hay una enorme irresponsabilidad” por parte de la Fiscalía estatal al no cooperar con los datos que solicita el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las detenciones y posteriores liberaciones, específicamente, de los familiares de «El Marro», no pueden ser «simples errores», son consecuencia de una evidente colusión de las autoridades de seguridad y judicial guanajuatense.
“Ineficiencia sospechosa”
La mala integración de carpetas de investigación que dan como consecuencia la liberación de detenidos a falta de suficientes elementos, es otro de los descontentos que se agregan a la lista contra Carlos Zamarripa.
María Eva Ortiz, Juana Erika Yépez y Rosalba “N”, madre, hermana y prima, respectivamente del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, fueron liberadas este domingo por falta de pruebas. Las mujeres fueron parte de las 31 personas detenidas en un operativo de autoridades federales y estatales realizado el pasado 20 de junio en Guanajuato.
Sin embargo, esta reciente liberación de familiares de “El Marro” no ha sido la única. De acuerdo con Telediario edición Bajío, al menos ocho integrantes del círculo cercano del líder del Cártel de Santa Rosa, entre los que destacan Karina Mora, la pareja, y Rodolfo Juan Yépez Godoy, padre, así como tíos y cuñado también han sido liberados tras una momentánea captura.
Para los analistas, la ineficiencia tan notoria en estos casos resulta sospechosa: “Son demasiados errores y demasiado seguidos como para que sean errores. Es decir, tú no puedes tener ministerios públicos tan chafas que no puedan integrar una sola averiguación previa bien. Esa es responsabilidad directa del Fiscal”, explicó Arellano.
Para que los grupos de la delincuencia organizada se fortalezcan y tengan una rápida expansión, como ha sido el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima, tiene que haber corrupción y protección por parte de las autoridades, explicó el periodista Ricardo Ravelo, experto en temas del crimen organizado.
“En Guanajuato está muy claro el grado de contubernio policíaco. De lo que sí no hay duda es que las policías están metidas en la protección de Santa Rosa de Lima”, expresó el especialista.
Ravelo destacó que, si la corrupción y la protección al crimen organizado es la razón del crecimiento del Cártel Santa Rosa de Lima, eso pone en evidencia que Guanajuato está ante un escenario de vacío de poder.
“Una parte de la legalidad está totalmente atrofiada. Hay un vacío de Estado, vacío legal, y donde hay vacío legal reina la delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades”, detalló Ravelo.
Para Saúl Arellano la única alternativa que tiene Guanajuato es que Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca sean cesados del cargo.
“Es insostenible la situación en Guanajuato. Lo sorprendente es que el Gobernador se obstine en mantener un personaje que está generando costos políticos tremendos […] Si el Gobernador quiere salvar su sexenio y de verdad quiere salir bien librado, incluso en términos de responsabilidad jurídica y política, tiene que correr a estos personajes. Le haría bien al estado, le haría bien al dialogo político y a su propia administración”, sostuvo el académico.
Con información de Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/03-07-2020/3815948
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