En torno al tema de la despenalización del aborto, cuya resolución habrá de tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “hemos actuado con mucha prudencia”, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia matutina respondió que esa relevante cuestión, la “tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo, y si lo está resolviendo la Suprema Corte, esperar que lo resuelva. Hemos actuado, en mi caso como presidente con prudencia, no queremos alentar ninguna confrontación. Si está ahí (el tema), que la Suprema Corte que ahí se resuelva”.
El tabasqueño fue enfático, y reiteró que no habrá de inmiscuirse en una determinación del Poder Judicial. “No tomo partido en mi caso, no creo que sea lo más prudente. Deben entenderse las cosas. Yo no puedo por la investidura presidencial exponerme a un desgaste, debo de cuidarme, si ya lo tiene la Suprema Corte, que ella lo resuelva”.
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, repitió a las madres y familiares de los niños “que no es obligatorio, es voluntario (el retorno a clases) es una decisión que tienen que tomar tanto los padres de familia” en su momento, y posteriormente hacer una evaluación.
También aseguró que la SEP da respuesta a todas las denuncias en torno a las escuelas en mal estado, “estamos atendiendo precisamente en redes, todas las situaciones que se están teniendo como dudas. Lo único que le estamos pidiendo es que cuando hagan alguna denuncia, alguna situación de información si anoten el nombre o el contacto, con el que nos podemos expresamente dirigir. En ocasiones mandan algún mensaje, cuando les decimos ‘dime en qué escuela’, ya no nos dicen nada, y entonces eso ya queda como no atendido, pero no porque no queramos atenderlos, y no simplemente porque no nos mandan el dato preciso entonces estamos a sus órdenes”.
Se perfila la SCJN por despenalizar el aborto
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apunta a declarar la invalidez del castigo de cárcel contra las mujeres que abortan. Al comenzar a analizar el Código Penal de Coahuila, que aplica hasta tres años de cárcel a quienes toman esta alternativa, ocho de los 11 ministros se han pronunciado por declarar inconstitucional esta sanción.
De acuerdo con la última reforma constitucional al Poder Judicial, si al tomar votación se confirma la mayoría calificada, la decisión de la SCJN tendrá efectos generales, anulando la prohibición absoluta del aborto en todo el país.
Al inicio de la sesión, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, explicó que se trata de una discusión histórica, pues será la primera vez que un tribunal constitucional de América Latina se pronuncie sobre el derecho humano de la mujer a determinar sobre su cuerpo, “sobre ser madre o no”.
Aguilar propuso invalidar la mayoría de los artículos del Código Penal de Coahuila que castigan la interrupción voluntaria del embarazo, pues “no tiene cabida ninguna postura paternalista que diga que las mujeres deben ser protegidas de la toma de sus propias decisiones, ni tampoco un control estatal basado en prejuicios”.
Al respecto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió que no es el papel de la Corte enjuiciar la moralidad de la interrupción del embarazo, lo que asumen, sostuvo, es el análisis jurídico sobre si es válido o no condenar a prisión a quienes toman esta vía.
Afirmó que, con base en los artículos primero y cuarto de la Constitución, sí existe un derecho al aborto, y pidió a los ministros asumirlo sin medias tintas.
En esto coincidió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien sin embargo advirtió que para ello sería preciso establecer el límite mínimo para que un aborto voluntario sea legal, y citó los parámetros de otros países, que van desde 12 a 24 semanas de gestación.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que ninguna mujer desea abortar, pues son las circunstancias particulares de cada caso las que llevan a tomar esta decisión, y por ello el problema no se soluciona con criminalizar su práctica, pues con eso únicamente se causa que mueran más mujeres en abortos clandestinos efectuados en condiciones insalubres y por personas poco capacitadas.
A su vez, la ministra Norma Lucía Piña Hernández advirtió que las creencias personales no son compartidas por todos, y por ello no pueden ser adoptadas y defendidas por el Estado sin violar su carácter laico y los derechos humanos.
Advirtió que penalizar con cárcel el aborto en realidad no busca la protección de un supuesto derecho a la vida, sino que castigan la conducta sexual de la mujer, limitando su libertad.
Ninguno de los ocho ministros que intervinieron en la discusión en la sesión del lunes se manifestó en contra del proyecto del ministro Aguilar. La discusión y votación de este asunto se realizará este martes.
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