Un mes antes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, varios sujetos pertenecientes al grupo criminal conocido como “Escuadrón Suicida” habrían cobrado 100 mil pesos para cavar la fosa en donde –según testimonio del jefe de esa banda que se encuentra en prisión– fueron enterrados los restos de los normalistas rurales.
El próximo 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida en 2014, y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa tendría ya identificado el lugar de la región de Tierra Caliente de Guerrero en donde estaría supuestamente la fosa con los cuerpos.
El encargado de dicha Comisión por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, Félix Santana Ángeles, interrogó en prisión al jefe del grupo criminal, quien reveló el paradero del poblado guerrerense a donde supuestamente fueron llevados y enterrados los cuerpos de los estudiantes.
Esta información, además de ser conocida por la Secretaría de Gobernación, también está en poder de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que de ser corroborada por el fiscal que está a cargo de las investigaciones, en los próximos días o semanas se podría resolver una parte importante de este crimen de Estado, ejecutado en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con declaraciones ministeriales rendidas ante la FGR y que forman parte del grueso expediente acumulado desde hace nueve años, en el secuestro y posterior desaparición de los estudiantes participaron en una acción coordinada elementos del Ejército Mexicano, agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), autoridades municipales, policías estatales y elementos del crimen organizado, todos bajo supuestas órdenes de políticos priístas que con ese crimen lograban regresar al poder en Guerrero.
Otro declarante ante la FGR es el profesor Eliseo Villar Castillo, excoordinador regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) –en la región Costa Chica y Montaña del estado de Guerrero–, quien por 8 años compartió celda con el jefe del grupo criminal Escuadrón Suicida, quien le reveló el lugar en donde habrían sido enterrados los restos de los estudiantes, lo que permitió a las autoridades recabar sus testimonios.
Hace un mes, el 27 de julio, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba en su conferencia matutina que en los próximos días el gobierno federal podría anunciar la localización de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, pues se había roto el “pacto de silencio” en este crimen de Estado.
“Estamos trabajando en la búsqueda. Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos información: ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables, y en eso vamos a seguir avanzando”, afirmó el primer mandatario.
La revista Contralínea entrevistó al profesor Eliseo Villar Castillo, quien comentó que después de estar más de ocho años prisión, salió absuelto de todos los delitos que le imputaban hace apenas dos meses, pero allí en la cárcel conoció a varios sujetos que estuvieron involucrados en el secuestro y desaparición de los normalistas.
“Se me acercaron y empezamos a platicar y pues sí, todo apuntaba de acuerdo con lo que yo sabía de la investigación que hice cuando también participé en la búsqueda –lo cotejé con mis datos–, y todo apuntaba a que lo que me estaban diciendo era cierto. Nos pusimos de acuerdo y acordamos no decir nada en ese momento, porque todo había sido planeado por políticos del PRI y en ese momento el estado era gobernado por ese partido y si abríamos la boca nos iban a dar cuello”.
Con el cambio en la administración federal y cuando López Obrador gana la Presidencia de la República, el profesor Villar Castillo convence a sus compañeros de prisión para buscar a las autoridades y negociar los beneficios que como testigos colaboradores podrían adquirir si revelaban el lugar del paradero donde estaban los normalistas.
Según Villar Castillo, las autoridades ofrecían 1.5 millones de pesos por cada estudiante normalista y también pedirían la liberación de los dos sujetos que eran parte del grupo criminal Escuadrón Suicida, pero asegura que había mucha desconfianza a la información que estaban proporcionando, razón por la que hasta el momento apenas están en el proceso de rendir declaración ministerial.
De acuerdo con la versión de este informante, tanto él como los integrantes del Escuadrón Suicida fueron golpeados y amenazados de muerte para que no revelaran información sobre los estudiantes, lo que también les hizo permanecer en silencio varios años. Asimismo, asegura que las amenazas fueron la razón por la cual en más de una ocasión dieron información falsa a las autoridades, para evitar que sus familias también fueran agredidas.
De lograr las autoridades federales ubicar la fosa con los restos de los estudiantes normalistas, ahora faltaría conocer a los autores intelectuales de este crimen de Estado que tanto daño y dolor han causado a sus familias y a toda la sociedad mexicana.
Con información de la revista Contralínea
