Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) tienen antecedentes que se remontan a la gestión de Lorenzo Córdova Vianello, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del organismo en 2023.
De acuerdo con los registros de contratación disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, empresas vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas obtuvieron al menos 49 contratos del INE y de diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) entre 2018 y 2025, por un monto acumulado superior a 1,450 millones de pesos, para suministrar materiales como boletas, urnas y mamparas electorales.
Las contrataciones comenzaron durante la gestión de Córdova al frente del Consejo General del INE y continuaron en los años posteriores, por lo que los antecedentes de estas operaciones no corresponden exclusivamente a la presidencia de Taddei.
Entre las empresas relacionadas con Hernández Casillas se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati y Seriplast de México, proveedoras de materiales utilizados en los procesos electorales.
Según la información, Corporativo Zeg registró contratos por al menos 123 millones de pesos entre 2019 y 2024, mientras que Cajas Graf acumuló al menos 656 millones de pesos mediante una veintena de convenios.
Denuncias y solicitudes de transparencia
Los cuestionamientos sobre las contrataciones de materiales electorales tampoco son recientes. En noviembre de 2023, la revista Contralínea publicó una investigación sobre empresas proveedoras del INE y de organismos electorales locales, en la que señaló presuntas irregularidades en el mercado de la papelería electoral y cuestionó los controles sobre la producción y destrucción de boletas excedentes.
La publicación documentó que, durante la gestión de Lorenzo Córdova, empresas privadas obtuvieron contratos para producir materiales electorales, pese a que Talleres Gráficos de México, empresa pública dependiente de la Secretaría de Gobernación, también podía participar en este mercado.
Los registros de contratación y las solicitudes de acceso a la información pública han permitido conocer los montos, las empresas beneficiadas y la continuidad de estas relaciones comerciales a lo largo de distintas administraciones del organismo electoral.
Posteriormente, los señalamientos se extendieron a posibles irregularidades en las adjudicaciones y presuntos conflictos de interés. De acuerdo con publicaciones periodísticas, existen expedientes de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionados con empresas y personas vinculadas a estas contrataciones.
Los cuestionamientos también incluyen posibles vínculos entre proveedores y funcionarios que han ocupado cargos dentro de las instituciones electorales, por lo que las investigaciones deberán esclarecer si existieron irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.
En este contexto, la renuncia de Guadalupe Taddei no elimina la necesidad de revisar las contrataciones realizadas durante las distintas administraciones del INE.
El esclarecimiento de los hechos requiere establecer si hubo conflictos de interés, incumplimientos en los procedimientos de adjudicación o posibles responsabilidades administrativas y penales, así como identificar a los funcionarios y particulares que, en su caso, hayan participado en las operaciones cuestionadas.
