El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió actuar contra las autoridades civiles y militares vinculadas a los llamados “vuelos de la muerte” que se realizaron durante las décadas de los 70 y 80, en el periodo conocido como la guerra sucia.
A pregunta sobre información publicada entre domingo y lunes por La Jornada, donde una sentencia judicial corroboró la existencia de los “vuelos de la muerte” y de una práctica catalogada como “terrorismo de Estado” en esa época y se ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal contra los señalados, el mandatario federal sentenció: “Que se actúe”.
En la mañanera, refirió que se deben seguir con las investigaciones en torno a los delitos del pasado durante la llamada guerra sucia.
“Hay que seguir con la investigación y con la condena, que es lo mismo del 68 y todas las atrocidades que se han cometido en el país”.
-La sentencia habla de ejercer acción penal contra militares, incluidos generales y un ex secretario de la Defensa —se le comentó.
-Que se actúe —enfatizó el jefe del Ejecutivo.
Reiteró que su gobierno no es igual a los del pasado y subrayó que su gobierno está por concluir “y les puedo decir, lo voy a exponer en el Zócalo el día primero (de septiembre, en su último informe): no desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubo masacres, no reprimimos. No somos iguales”.
“Vuelos de la muerte”, “sistemático método de exterminio”
Los llamados vuelos de la muerte representaron un método sistemático y organizado de exterminio durante la guerra sucia en el estado de Guerrero, confirmado por declaraciones de personal militar, por lo que constituyen delitos de lesa humanidad, concluyó Karla María Macías Lovera, titular del juzgado noveno de distrito, con sede en Irapuato, Guanajuato.
Documentos militares refieren el lanzamiento de aproximadamente mil 500 víctimas al mar por medio de esas prácticas, señaló la jueza en su sentencia, dictada apenas el 22 de agosto, en un juicio de amparo promovido en 2018.
El fallo se convirtió en un mandato para que la Fiscalía General de la República (FGR) atienda las omisiones cometidas en la indagatoria de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, un activista guerrerense que formó parte del grupo de Lucio Cabañas y fue detenido, torturado y víctima de desaparición forzada por integrantes del Ejército en 1974.
La sentencia es la primera en la que se demuestra la existencia de documentos y testimonios conocidos hace más de 20 años que acreditan que el gobierno cometió terrorismo de Estado en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, en las acciones realizadas contra grupos guerrilleros que operaban en el país.
Una revelación de la sentencia es que los vuelos de la muerte quedaron registrados en libros (bitácoras), de los cuales se enviaban copias a las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional.
Las ejecuciones
En la averiguación previa militar SC/034/2000/V/E/BIS consta el siguiente testimonio del integrante del segundo Batallón de la Policía Militar Gustavo Tarín Chávez: A veinte metros de una pequeña construcción dentro de la misma base (Aérea Militar Número 7, en Pie de la Cuesta, Guerrero), a la orilla de la playa, tenían un banco de fierro tipo giratorio, una carretilla, costales, bolsas de plástico, hilos para coser los costales y un montón de piedras.
Y luego detalla el momento de las ejecuciones:
“Los guerrilleros, atados y vendados, eran bajados de una camioneta Chevrolet Van, color café, que tenía capacidad como para 15 personas y eran conducidos una a uno hasta el banquito de fierro que conocíamos como el banquito de los acusados, y ya en este lugar se les sentaba con la creencia de que se les iba a fotografiar. Y así, ya sentados, los que ejecutábamos Mario Arturo Acosta Chaparro, Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre I. Quintanar y Humberto Rodríguez Acosta, de un disparo en la nuca con una pistola calibre .380, que tenía adaptado un ‘moflecito’, es decir, un silenciador. Inmediatamente después se les colocaba sobre la cabeza una bolsa de nylon que se les ataba al cuello para evitar quedaran restos de sangre. Siempre se utilizó la misma pistola .380 para las ejecuciones, tan es así que la bautizamos como la espada justiciera”.
El agente de la Policía Federal Rubén Gardea Vara “también ejecutó personalmente a dos o tres ‘guerrilleros’ en la Base Aérea Militar Número Siete, lo cual le consta tanto al sargento primero de Infantería Alfredo García, como a los sargentos segundos de la Policía Militar conocidos como La Carona y La Tripa”.
Tarín agrega: Una vez que se realizaba este procedimiento, se colocaba a las personas dentro de los costales de yute, se les ponían unas piedras y se cosían, para después ser transportados en la carretilla hasta el avión. Mientras se realizaban las ejecuciones, normalmente entre las 22 horas y las 4 o 5 de la mañana, el personal militar que normalmente custodiaba la base aérea era trasladado a las instalaciones de la vigesimaséptima Zona Militar, y en su lugar llegaban elementos de la Policía Militar que habían participado en la lucha contra la guerrilla.
Registro de vuelos
En 1974 o 1975, declara Tarín, se percató de que el sargento segundo de la Policía Militar conocido como La Carona llevaba el control de los libros que contenían los nombres de las personas que eran ejecutadas en la Base Aérea Militar Número 7 por órdenes del general Francisco Quirós Hermosillo.
Tarín aporta la siguiente descripción de los libros: de pastas gruesas, color negro, tamaño carta, de aproximadamente 100 hojas cada uno. La Carona anotaba todos los datos de quienes iban a ser ejecutados, como sus nombres, apodos, fechas de nacimiento, lugar de su detención y a qué grupo pertenecían.
Relata que después de que La Carona anotaba esos datos en dos libros, se los entregaba al general Quirós Hermosillo. Pero en realidad era Alberto o Roberto Barquín quien tenía la custodia de esos libros.
Los testimonios y documentos forman parte de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007, de la averiguación previa del fuero militar SC/034/2000/V/E/BIS, del informe final de actividades de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero, del 15 de octubre de 2002 y en las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP7001/2002 y PGR/FEMOSPP/69/2002.
Ante la justicia castrense
La confirmación de que la justicia militar conoció de manera directa esta información fue corroborada en una diligencia realizada por la Procuraduría General de Justicia Militar el 27 de junio de 2001 ante esa jurisdicción, en la que “dio fe ministerial de las siete bitácoras del avión Arava matrícula 2005, que pertenecía al Escuadrón Aéreo 208, con el cual habrían sido arrojadas personas al mar:
Se trata de siete libretas de tamaño carta encuadernadas en forma apaisada y en cuyas carátulas aparece la denominación REPORTE DE VUELO (sic), así como instrucciones para los pilotos y mecánicos de la aeronave de que se trate, dándose también fe de que las bitácoras se encuentran integradas por dos tipos de hojas que se encuentran intercaladas y sin folio, corresponde una de ellas al reporte de mantenimiento y la cual se utiliza para anotar rubros como los estados de inspección, servicio en la estación de salida, inspección de equipo auxiliar, observaciones de pilotos y mecánicos y al calce de la hoja se anotan los datos de la fecha, lugar, mecánico del avión, dependencia, grupo, modelo y número del avión, los datos del avión y el tiempo total de vuelo, mientras la otra hoja corresponde a las operaciones, apreciándose que en la parte superior se anotan los datos de la fecha, dependencia, grupo, escuadrón, estación, mecánico encargado, tipo y modelo del avión, así como su número, y ya en el cuerpo de la hoja, la cual se divide en nueve columnas, en la primera de las cuales se anota grado y nombre de la tripulación de vuelo que se trate; en la segunda columna, la clase de vuelo; en las columnas de la tercera a la séptima se anota el tipo de comisión y condiciones de vuelo, aunque en las bitácoras que nos ocupa se aprecia que en el espacio de dichas columnas aparecen anotadas las fechas de los vuelos; en la octava columna se anotan los datos del vuelo tales como el lugar de destino y de procedencia, el tipo de misión y el número de aterrizajes; en tanto que en la novena columna se anota los horarios de los vuelos y el tiempo de su duración.
Soldados también fueron pasados por las armas
El capitán mecánico Margarito Monroy Candia compareció el 28 de junio de 2001 para que identificara en las bitácoras del avión Arava 2005 los vuelos realizados para arrojar cuerpos de personas al mar.
Reveló que estas acciones no sólo se aplicaron a integrantes de la guerrilla, sino también para castigar la indisciplina y la insubordinación de quienes manifestaban su desacuerdo con las órdenes recibidas.
Algunas veces llegué a ver militares que eran detenidos y ejecutados, que según se habían pasado al bando de los de la Liga 23 de Septiembre y habían sido sorprendidos en eso, de los que recuerdo eran jefes, oficiales y personal de tropa, pero no me enteré de sus nombres; recuerdo el caso de un paracaidista que se había volteado de bando y que fue detenido y lo llevamos de aquí (Distrito Federal) a Guerrero, él decía que ya sabía que lo íbamos a matar, lo cual efectivamente sucedió.
Jueza reconoce terrorismo de Estado
Un juzgado federal mexicano reconoció por primera vez que hubo terrorismo de Estado en la lucha contra los grupos guerrilleros en las décadas de 1970 y 1980, en connivencia con las autoridades civiles y militares, y en particular en el estado de Guerrero. La sentencia ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie acción penal contra las autoridades vinculadas a esas acciones.
El fallo de la jueza titular del Juzgado Noveno de Distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, Karla María Macías Lovera, se basa en un recurso de amparo que data de 2018, debido a las omisiones en la búsqueda y localización de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en una acción del Ejército, según recoge el diario mexicano ‘La Jornada’.
Esta sentencia, fechada el 22 de agosto, confirmaría así la implicación de las autoridades en el marco de la lucha contrainsurgente que supuso violaciones graves a los derechos humanos, tales como la desaparición forzada de cientos de personas en los conocidos como vuelos de la muerte desde la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero. Los militares arrojaban al mar los cuerpos de disidentes tras someterlos a torturas y ser ejecutados.
El juzgado considera que existen pruebas que acreditan la existencia de responsabilidades, en calidad de perpetradores, del expresidente Luis Echeverría Álvarez, así como de militares que aún están vivos y participaron en esas acciones, uno de los cuales llegó incluso a ser ministro de Defensa durante el Gobierno de Ernesto Zedillo: el general Enrique Cervantes Aguirre, quien en el momento de los hechos era aún capitán.
La sentencia señala que existieron omisiones e indolencias gubernamentales para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de detenciones y ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones a mujeres y niños, como parte de una acción sistemática, así como la existencia de prisiones clandestinas. Existen documentos oficiales que prueban de manera suficiente la culpabilidad de las más altas autoridades civiles y militares en estos sucesos.
También se recurrió al bloqueo de suministro de víveres, desplazamiento forzado de la población y destrucción de comunidades enteras entre 1971 y 1984.
Además, la sentencia concluye que esta violencia no fue el resultado de acciones aisladas o decisiones individuales, sino parte de un patrón sistemático, planeado y dirigido desde los niveles más altos del mando militar y con el conocimiento del presidente Luis Echeverría Álvarez, fallecido el 8 de julio de 2022.
El fallo de 665 páginas reúne numerosos testimonios de exmilitares que trabajaron en la Base Aérea Militar Número 7 de Acapulco, Guerrero, que confirman la existencia de los vuelos de la muerte. Las víctimas, a menudo con los ojos vendados y las manos atadas, eran trasladadas a la base, ejecutadas con disparos en la nuca y luego arrojadas al océano desde un avión.
Se elaboraron bitácoras de vuelo que documentan los horarios y la tripulación que participó en los vuelos de la muerte, así como la participación de altos mandos militares que coordinaban estas operaciones.
Sin embargo, según la jueza, existió omisión de investigar con seriedad y profesionalismo en el marco de una estrategia de encubrimiento gubernamental. Así, insta a la Fiscalía a que investigue y sancione a los fiscales que incurrieron en omisiones en este tema desde 2011 hasta la fecha.
Además, pide que se creen espacios para la memoria en la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en las instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar en el Campo Militar número 1, y ordena que todos los cabildos del país y autoridades federales retiren los símbolos conmemorativos, fotografías, estatuas y nomenclaturas de vialidades que honren o enaltezcan a quienes formaron parte del aparato estatal responsable del terrorismo de Estado.
Con información de agencia AP y Europa Press
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