Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva a José Ascensión Murguía Santiago presidente municipal de Teuchitlán en el estado de Jalisco a quien se imputó por el caso del rancho Izaguirre.
El funcionario fue aprehendido el pasado sábado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), y apenas un día después se le imputaron serios cargos relacionados con delincuencia organizada, en un caso que ha provocado conmoción tanto en la región como a nivel estatal.
Según información proporcionada por la propia FGR, el expediente abierto contra Murguía Santiago incluye una serie de delitos de alto impacto, entre los que destacan el reclutamiento forzado de personas, trata y explotación, adiestramiento bajo coacción y desaparición forzada, todos ellos con afectación directa a múltiples víctimas, en lo que se perfila como una red delictiva de gran escala.
En el desarrollo inicial del proceso judicial, que tuvo lugar el domingo, el imputado decidió acogerse al derecho constitucional de no declarar en esta primera etapa.
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Su defensa legal, encabezada por el abogado Carlos Santos, solicitó el plazo de 144 horas para preparar adecuadamente la respuesta ante las acusaciones, por lo que la continuación de la audiencia se programó para el próximo viernes.
“Ya es un tema que las autoridades van a resolver. Nosotros haremos nuestro trabajo y ellos deberán actuar conforme a derecho”, declaró Santos, añadiendo que su cliente tendrá oportunidad de ofrecer su versión de los hechos en la próxima sesión judicial, ya que por el momento solamente se expusieron los elementos probatorios de la fiscalía.
Mientras tanto, el juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, lo que mantendrá al alcalde tras las rejas durante el proceso que se le sigue.
Fuentes cercanas a la investigación indican que varias personas afectadas por estas actividades identificaron directamente a Murguía Santiago como quien las habría reclutado con falsas promesas para llevarlas al rancho conocido como Izaguirre.
Además, se le atribuye el uso de recursos municipales para facilitar operaciones ilícitas, como la asignación de patrullas para resguardar al grupo criminal y evitar que las víctimas escaparan.
La acusación también sostiene que el alcalde recibía mensualmente una suma de 70 mil pesos a cambio de permitir el funcionamiento del grupo delictivo dentro del municipio, proporcionando protección y acceso libre a sus actividades.
Con Información de Agencias
