La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, personas del pueblo maya dedicadas a la apicultura y al cuidado recíproco con abejas nativas, alertaron que la Ley Federal Apícola y la Iniciativa de la Ley General de Protección Apícola —propuesta el 11 de noviembre pasado por la senadora morenista María Merced González González—, son anticonstitucionales, violatorias de los derechos humanos, criminalizan y desprotegen a los apicultores tradicionales, y soslayan el tema de la posible prevención de contaminación ambiental, por lo que exigieron su “anulación inmediata”.
En una carta abierta, el organismo social hizo público su “rechazo absoluto ante las propuestas” expedidas, porque las considera “leyes inconstitucionales, ya que no respetan lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con respecto a los artículos 1o, 2o, 4o, y 26, al tiempo que transgreden acuerdos internacionales, al no tomar en cuenta las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de otros instrumentos internacionales que tienen por objeto la protección de los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas”.
Los puntos de la iniciativa, añade la misiva, “van contra las abejas, el trabajo de los apicultores y la vida”; aunado a que no existe “interés por abordar las problemáticas que aquejan a las familias que procuran la vida junto con las abejas”, dado que no toman en cuenta “amenazas como la deforestación, el cambio climático, la agricultura industrial de monocultivos, la siembra de cultivos genéticamente modificados, el amplio uso de plaguicidas y agrotóxicos, la comercialización de miel adulterada y falsa.
“Pretenden imponer obligatoriamente una serie de disposiciones ajenas a la realidad local y cultural, estableciendo innecesarios y numerosos requisitos, trámites complejos, costosos y burocráticos, que terminarían por desincentivar el quehacer de la apicultura, que se encuentra en condiciones de desventaja y desigualdad en territorios indígenas y campesinos.
“Son leyes racistas, ya que desconocen y desdeñan el manejo tradicional de la apicultura. Imponen de manera obligada la homogeneización de la actividad apícola por medio de la tecnificación y modernización en un modelo tecnocrático que no toma en cuenta ni incluye los saberes culturales de apicultores y campesinos, mucho menos observa aspectos para su conservación ni fortalecimiento”.
En su momento, comunicación social del senado de la República, informó que “la senadora González González, prevé en su propuesta de Ley General de Protección Apícola que la vigilancia de ésta, se realice por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Federación, estados y municipios; y plantea que todas las personas o individuos que se dediquen de manera preponderante u ocasional a la apicultura y los sectores relacionados a ella, serán sujetos de ella”.
En uno de sus apartados, explica el comunicado del Senado, la iniciativa propone “que las personas que tengan interés en tener una colmena en su domicilio, deberán solicitar el permiso correspondiente en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el propósito de realizar el estudio de viabilidad y protección ciudadana”; además de que tendrán “la obligación de registrarse en el Registro Nacional Apiarios y Apicultores, y finalmente, se establecen sanciones por el robo de colmenas”.
Al respecto, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, personas del pueblo Maya dedicadas a la apicultura y al cuidado recíproco con abejas nativas, puntualizaron que “a través de estas iniciativas de ley se establece la creación de nuevas instituciones” —como “un órgano de control y vigilancia que se conformará de acuerdo a su reglamento interno y que estará a cargo de la Secretaría. A su vez, se crea el Instituto Nacional de Investigaciones”, de acuerdo con la información difundida por el Senado—.
Tales entidades estarían, recalcaron los apicultores, por encima de ellos, “imponiendo una estructura autocrática a través de disposiciones legales y certificaciones monopólicas obligatorias bajo instrumentos, prácticas y estándares que no son descritos. Estas medidas violan el derecho a la libre determinación y organización autónoma de los apicultores del pueblo Maya así como de todos los que conforman este país”.
Por ello, los grupos sociales resaltaron que “estas leyes propuestas violan derechos humanos y de la naturaleza, ya que no prohíben pesticidas, agrotóxicos y venenos conocidos que contaminan suelos, el agua de cenotes y otros cuerpos de agua y que impactan negativamente la salud de personas, de cultivos, abejas y de otros seres vivos. No garantizan el derecho a un ambiente sano ni hoy ni para generaciones futuras”.
Añadieron que “estas leyes estigmatizan la labor tradicional de los apicultores, señalándolos como responsables de los peligros que enfrentan las abejas, cuando son actores que mantienen viva esta actividad pese a las precarias circunstancias de desigualdad ante los intereses aplastantes del mercado, la contaminación y la devastación creciente de los bosques.
“Estas iniciativas pretenden establecer nuevas y absurdas disposiciones en contra del trabajo tradicional de la apicultura, enfocándose en el diseño de múltiples, injustas y desmedidas multas y sanciones para la criminalización de apicultores”.
Aseveraron que las disposiciones —turnadas a las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y de Estudios Legislativos, Primera— promueven “en sus apartados la división social, pues confrontan las relaciones entre apicultores, así como entre cualquier persona de la comunidad contra el trabajo y actividades de apicultores, incentivando la denuncia popular, penal, y la vigilancia para quienes no respeten las disposiciones que establecen.
“Por lo tanto, condenamos las iniciativas ignorantes y con dolo de la senadora por Morena, la C. María Merced González González, apoyada desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a cargo del C. Víctor Manuel Villalobos Arámbula”.
Los productores hicieron hincapié en su rechazo al “carácter de estas leyes, que en la práctica convierten a las abejas en jornaleras, esclavas polinizadoras de la producción empresarial certificada.
“Más alarmante aún, en estas leyes se establece la introducción de robots-abeja patentados por empresas para sustituir la función polinizadora de las abejas. Con la disposición del uso de robots-abeja es indiscutible que no les importan las abejas, ni la apicultura, y que se pretende seguir desplazando la agricultura indígena y campesina para fomentar la prevalencia de la agricultura industrial, favoreciendo a las empresas poseedoras de semillas genéticamente modificadas (como Bayer-Monsanto) y el consecuente uso de paquetes agrotóxicos que envenenan todo: los suelos, los alimentos, el agua, la salud de las personas y de la naturaleza.
“Es evidente que lo único que les importa es mantener un nivel de producción agrícola que satisfaga las ganancias millonarias de las empresas y la demanda de alimentos que traerán los nuevos polos de ‘desarrollo’ y el turismo depredador de gran escala anunciado por el Tren de Fonatur.
Exigieron claridad en conceptos como “‘manipulación, modificación, o mejoramiento genético’; “abejas genéticamente modificadas”, y anunciaron que “de ninguna manera permitiremos que destruyan la naturaleza de las abejas, igual que como ha sucedido con muchas semillas”.
Finalmente reafirmaron “como pueblo maya y con el pueblo Maya que seguiremos luchando y defendiendo una forma de vida respetuosa y en equilibrio con las abejas y el territorio que nos es común. Refrendamos que nuestra lucha es por la autonomía, por la libertad, y por la vida”.
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