Exhibe el INE los “enjuagues” del Partido Verde al contratar y pagar a los llamados “influencers” un millón de dólares, por lo que sería multado con el doble de esa cantidad.
En vísperas de la aprobación de los dictámenes de fiscalización de los gastos de campaña, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral determinó que el Partido Verde Ecologista de México es responsable por la contratación para difundir propaganda ilegal en periodo de veda electoral a través de la vinculación con influencers. Por ello, aprobó la cancelación durante un año de las prerrogativas de radio y televisión a ese partido e imponer una multa de 40 millones de pesos.
Como parte de la aprobación de un conjunto de quejas asociadas al gasto de campañas, la comisión se reunió ayer y el tema central fue la polémica actuación del PVEM al utilizar a influencers para promocionar su oferta política durante los tres días de veda electoral.
En su momento, motivó que, la Comisión de Quejas y Denuncias, dictara medidas cautelares el día de la jornada electoral para que las diversas plataformas de redes sociales retiraran los mensajes.
Cabe destacar que este es apenas una de las vertientes de sanción contra este partido -en una conducta reincidente porque durante la elección de 2015, incurrió en prácticas similares con personalidades famosas-, pues en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) hay abierta una carpeta de investigación y, en paralelo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral elabora otra investigación relacionada específicamente con el contenido de la propaganda electoral que, en su momento, deberá resolver la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Durante la sesión de la comisión, se propuso incorporar en la sanción el retiro de todos los espots al PVEM durante un año, a partir de que, en su caso, cause estado la sanción. Es decir, que el Consejo General lo avale este jueves y, ante una eventual impugnación, sea confirmada por el TEPJF.
De las investigaciones realizadas por el INE, que involucró citar a declarar a los influencers involucrados y a dirigentes del partido, se determinó que el monto económico involucrado en esta operación ilegal rondaría los 20 millones de pesos. La reincidencia en la actuación de ese partido derivó en que se considerara una multa por el doble de dicha cantidad, por lo que la multa que se incluyó en el dictamen alcanzaría los 40 millones de pesos.
De acuerdo con reportes de medios locales, que citaron a fuentes del INE, esto es resultado de una investigación que determinó que el PVEM pagó unos 20 millones de pesos a casi un centenar de “influencers” para que promovieran el voto a su favor previo a las elecciones del pasado 6 de junio.
Debido a ello, la Comisión de Fiscalización determinó el castigo, el cual deberá ser avalado mañana jueves por el Consejo General y por el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación.
De acuerdo con las fuentes anónimas, tras más de un mes de investigación se concluyó que el Partido Verde incurrió en un delito grave al pedir a unas 95 personas que hablaran a su favor a cambio de un monto económico que habría ido de los 15 mil pesos a los 100 mil pesos.
El 6 de junio, día de la elección, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a 30 “influencers” retirar de sus perfiles de Instagram mensajes a favor del partido.
Entre los más de 80 señalados estaban personalidades de televisión como Raúl Araiza, Bárbara de Regil, Ivonne Montero, Lambda García, Brandon Peniche, Raquel Bigorra, Laura G, Eleazar Gómez y Gabriel Soto, y cantantes como Karla Díaz y Regina Murguía.
También se señalaron a personajes que se dedican de forma particular a promoverse en YouTube, Instagram, TikTok u otras redes, como Alex Strecci, Fernanda Moreno, Pamela Voguel y Alan Sandoval.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, anunció el 10 de junio que los llamados “influencers” serían investigados por difundir de manera ilegal propaganda.
Además de esta sanción, el Partido Verde tiene abierta en su contra una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por supuestamente usar empresas fantasma para financiar actividades y costear actos de campaña.
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