El Instituto Nacional Electoral (INE) acusó “presión de gasto” tras los recortes al presupuesto para el ejercicio de 2023 por 4 mil 475 millones de pesos, reducción aplicada por la Cámara de Diputados al anteproyecto solicitado por el organismo electoral.
Pese a ello, la dependencia no incluyó en sus medidas financieras reducciones en los sueldos de los altos funcionarios, aunque sí previó modificaciones presupuestales en planes de infraestructura inmobiliaria y en la compra de materiales para oficina.
“Para atender la presión de gasto señalada, el Instituto postergará el proyecto de infraestructura inmobiliaria que consideraba un monto de 305 millones 540 mil pesos y se realizará el ajuste a varios proyectos que las áreas del Instituto reconsideraron, con lo que se logró una disminución en sus montos por la suma de 8 millones 944 mil 612 pesos. Lo anterior suma un total de 314 millones 484 mil 612 pesos”, apuntó el Instituto.
El INE informó que los recursos asignados a las prerrogativas de los partidos políticos no se modificarán, por lo que la institución “absorberá” la reducción asignada por la Cámara baja. Sin embargo, señaló que una parte del déficit presupuestario forma parte de la elección extraordinaria de una senaduría en el estado de Tamaulipas, proceso que aseguró que no se consideró en el Anteproyecto del órgano electoral.
Asimismo, parte del déficit presupuestario deriva de que la elección extraordinaria de una senaduría por el principio de Mayoría Relativa en Tamaulipas no se consideró en el Anteproyecto de Presupuesto 2023, ya que ésta fue convocada por la Cámara de Senadores el pasado 30 de noviembre, y se requiere un monto adicional de 87 millones 731 mil 58 pesos que se sumará a la presión de gasto del Instituto.
Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE.
Asegura Córdova que la reforma pone en riesgo la credibilidad de los comicios
Dos días después de la aprobación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina, advirtieron que la enmienda pone en riesgo la organización y credibilidad de los comicios venideros, así como la estabilidad política y la gobernabilidad del país.
En opinión de Córdova, la reforma –apoyada por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados– “parece ser la menos racional y responsable que hayamos visto las y los mexicanos en casi medio siglo”.
Agregó que no permitirá “se socave” el Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, cuya plantilla es actualmente de cerca de 18 mil trabajadores; llamó también a no permitir que se “dinamite” o se pierda el sistema electoral del país.
“Eliminar indiscriminadamente plazas del servicio profesional, fusionar estructuras que tienen dinámicas de trabajo intensas, diversas y en ocasiones sobrepuestas en el tiempo; aumentar el número de boletas que recibirán los presidentes de casilla y disminuir los tiempos para capacitar a quienes integrarán las casillas son, entre otras, medidas que claramente no contribuyen a la certeza de los procesos electorales”, señaló.
Sin hacer menciones explícitas, dejó entrever que combatirán al menos algunas de las reformas, en cuyos efectos, por ejemplo, está ya aprobado el cese de su brazo derecho, Jacobo Molina, de quien, al saludarlo, expresó: “Tiene un mandato constitucional, aunque algunos no se hayan dado cuenta”.
Durante la firma de un convenio con las entidades en las que habrá comicios el año entrante (Coahuila y el estado de México), indicó que los términos en que se aprobó la reforma, la madrugada del miércoles, “pueden poner en riesgo la calidad técnica de las elecciones del país, y con ello la gobernabilildad democrática que hemos conseguido”.
Mencionó que desde su creación, en 2014, el INE ha organizado 330 comicios de todo tipo y en ninguno ha habido conflictos postelectorales o fraudes.
Esos ocho años y medio, sostuvo, es el “periodo más largo de estabilidad política, de paz pública y de gobernabilidad democrática” en el país.
No se ha entendido, añadió, que las elecciones son una responsabilidad de Estado y tampoco que las reglas del juego democrático requieren del mayor consenso posible para garantizar que el día después todos acepten los resultados.
La reforma que está en proceso, dijo, todavía no concluye el trámite legislativo y ya está dividiendo a la sociedad y a las fuerzas políticas; es decir, son cambios “que están naciendo con el germen de la división, del atizamiento a la polarización…Se está gestando un problema en donde hoy no lo hay”.
Hoy le toca al Senado, añadió, actuar con prudencia y visión de Estado “para corregir el rumbo” y no colaborar en la “erosión” de las instituciones electorales “por prejuicios o eventuales rencores personales”.
Como primer orador en la ceremonia, Jacobo Molina consideró que de aprobarse la reforma en los términos actuales se “pone en jaque a la organización de las elecciones y la certeza de que la expresión ciudadana a través del voto sea respetada; con ello lo que está en juego es la credibilidad del resultado electoral y la estabilidad política de este país. En medio de todo eso, aquí estamos”.
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