El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó hoy que Morena no podrá devolverle los 200 millones de pesos que pretendía para la adquisición de vacunas, toda vez que la reglamentación vigente no contempla esa figura.
Los recursos podrán regresar al erario como remanentes tras la fiscalización a los ingresos y gastos del partido en 2021, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdova.
Morena buscaba regresar esos recursos a fin de cumplir la promesa de destinar el 50 por ciento de su financiamiento para la compra de biológicos contra el Covid19.
El documento aprobado por la mayoría de los consejeros destaca la imposibilidad de devolver al INE los recursos ya ministrados a los institutos políticos, “dado que forman parte de su patrimonio desde el momento en que …son recibidos y, en consecuencia, están sujetos a las reglas de fiscalización establecidas en la normatividad aplicable”.
Conforme al punto anterior, no procede la petición realizada por Morena el 8 de noviembre pasado, en el sentido de regresar un monto del financiamiento destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes que ya fue depositado al partido político en el ejercicio fiscal 2021, establece el acuerdo.
INE ajusta parámetros de consulta para reducir costos
Por otra parte, las adecuaciones presupuestales que hizo el INE para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato impactarán directamente en los parámetros de organización del ejercicio democrático.
Este miércoles, el Consejo General aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los mil 738 millones de pesos que hacen falta al organismo para realizar la consulta.
Esa cantidad resultó de una serie de ajustes que hizo el INE en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que ahora está en manos del gobierno que la revocación se lleve a cabo en los términos óptimos y constitucionales, dijo el consejero Ciro Murayama.
“Si el gobierno rehúsa a dar recursos al INE, no va a ser posible tener las 161 mil casillas. Creo, mis estimaciones, es que con las suficiencias propias del INE estaremos en alrededor de un tercio de esa cifra. Si nos dan la mitad de lo que pedimos, pues quizá llegaremos a poco más de 100 mil. Ojalá que haya sensibilidad desde el gobierno”.
Para el consejero hay indicios de que será lo contrario, pues Hacienda pidió una aclaración de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando desde su punto de vista no podría ser más claro.
¿Cómo impactará el ajuste en la consulta?
El acuerdo aprobado prevé una serie de reducciones que se aplicarán directamente a la consulta y los parámetros de idoneidad para realizarla. Con esos ajustes se prevén ahorros por casi 500 millones de pesos.
- Contratarán a menos personal para supervisar las casillas y se les va a solicitar que vigilen una mayor cantidad de las mismas.
- Habrá un menor tiempo de capacitación para los funcionarios de mesa.
- Se prevé utilizar papel convencional para las boletas, en lugar de papel de seguridad.
- Las casillas contarán con una menor cantidad de insumos sanitarios.
- Se solicitará a los observadores electorales que provienen del extranjero que acudan por sus propios medios.
Una consulta viable, pero no “ideal”
El consejero presidente Lorenzo Córdova aclaró que estas consideraciones para que la consulta sea más austera garantizan su viabilidad, pero no significan un escenario ideal, pues la arrincona a diversos riesgos.
“Se propone un esfuerzo por reducir el costo del ejercicio de los 3 mil 830 millones de pesos, originalmente costeados, a 3 mil 306.73 millones de pesos. Es decir, una disminución de 523.67 millones de pesos. Quiero ser claro, esto no es lo ideal, pues el margen de maniobra operativa del INE se acota y estamos colocando al ejercicio de revocación de mandato en una zona de cuidado, que si bien es manejable de ninguna manera es deseable”.
Para el consejero Roberto Ruiz refirió que están ya en el límite de los ahorros, y que no hay oportunidad, tiempo, o posibilidad material, para comprometer más recursos sin arriesgar los resultados.
Ven viables más ajustes
En contraste con sus compañeros, la Consejera Carla Humphrey señaló que aún podrían recortarse algunos recursos del rubro de comunicación oficial destinados a la revocación, llamó a hacer uso de las redes sociales y pedir más tiempos gratuitos para promocionar este ejercicio participativo que no sólo el INE quiere llevar a cabo sino, la ciudadanía y por supuesto el Gobierno federal.
“Sin embargo, aún hay margen para seguir avanzando sin sacrificar nuestros más altos estándares ni la certidumbre que la norma demanda en todas las fases de este procedimiento. Creo que aún podemos y debemos hacer más para mejorar este acuerdo y seguir en la ruta de conseguir más recursos para la organización de este ejercicio. Respecto al fondo del acuerdo, creo que nos hace falta plantear el ahorro en el tema de comunicación”.
Los ahorros en esa área podrían alcanzar los 33 millones de pesos adicionales, de acuerdo con la consejera, quien refirió que es un tema que ya se ha puesto sobre la mesa en otras ocasiones.
El representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, acusó que la sentencia no fue acatada en su totalidad porque se redujeron recursos que deberían destinarse a la consulta, pero muy pocos de servicios generales y administrativos. Como es ya costumbre, llamó a que se disminuya el fondo para los trabajadores que se retiran o incluso los seguros de gastos médicos.
“Aún es tiempo de hacer ajustes prudentes y muy necesarios y no sólo de donde no afecta el bolsillo. No vemos reflejado en este en este acuerdo que se haya tocado, analizado o integrado el seguro de gastos médicos mayores. Ahí hay un importante recurso que rondan por los 131 millones de pesos. No vemos reflejado tampoco en ese acuerdo el seguro de separación, que ronda por el orden de los 300 millones”.
En respuesta, el consejero Ciro Murayama señaló que tales medidas violentarían los derechos laborales de los empleados, y atentarían contra otras regulaciones del funcionamiento del Instituto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene hasta el próximo 31 de diciembre para resolver si les otorga o no los millones solicitados y argumentar su decisión.
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