La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciaron la primera etapa de los trabajos para el rescate de los restos de 63 mineros que desde el 19 de febrero de 2006 quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.
El Plan de Reparación durará 14 meses y consiste en la construcción de dos lumbreras o tiros verticales para acceder a los puntos donde, según las bitácoras, los obreros trabajaban cuando colapsó la galería. Tendrán una profundidad aproximada de 150 metros y servirán como respiraderos para la obra principal; se prevé que este proceso concluya el 6 de abril de 2023, informó el gobierno federal en un comunicado.
La segunda etapa implicará la construcción de rampas de aproximación y túneles de conexión; se espera que esta fase empiece en marzo y dure 20 meses, indicó Vicente Arévalo, gerente de estudios de ingeniería civil de la CFE.
Finalmente, dijo, las labores se enfocarán en la obra principal, la operación del sistema de ventilación, desgasificación, excavación del pilar seguro y estabilización selectiva de las obras abandonadas, para así empezar la búsqueda y rescate de los restos de los mineros.
Será hasta mayo del próximo año cuando se asigne a la empresa encargada de los trabajos de la etapa final.
Luisa María Alcalde, titular de la STPS, comentó que el arranque de labores para la recuperación de restos tomó tiempo debido a que es importante que se hiciera con mucha planeación para que haya seguridad y certeza de lo que se está haciendo. La funcionaria federal se reunió con familiares de los 65 trabajadores fallecidos para darles detalles de la tarea.
El plan de acción del gobierno federal incluye la dotación de viviendas a los deudos de los mineros; la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que a la fecha 34 de las 65 familias han sido incorporadas al programa para recibir casas. Una ya se entregó, cinco lo harán la siguiente semana, otro número igual a mediados de marzo y cinco más en abril.
Mientras, la Secretaría de Gobernación informó que de los 65 núcleos familiares con derecho a una indemnización por 3 millones 700 mil pesos, solo tres no la han recibido debido a que uno es menor de edad, otro está privado de su libertad y el tercero se encuentra en Estados Unidos. En marzo de este año, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano comenzará la construcción del memorial para las víctimas y los trabajos de mejoramiento y dignificación urbana de los municipios de la región carbonífera.
Negó Grupo México rescatar cuerpos en Pasta de Conchos
Por otra parte, desde el pleno del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, recordó que que este sábado se cumplen 16 años de la tragedia de Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros debido a la “negligencia e irresponsabilidad” de Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea, se negó a rescatar los cuerpos de los trabajadores, en complicidad con “los gobiernos corruptos de Fox y de Calderón”, crimen industrial que sigue impune.
El senador de Morena demandó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no rechacen la experiencia de los mineros de Coahuila para rescatar los cuerpos de 63 compañeros suyos, que permanecen sepultados en el mineral de carbón.
Antes, en conferencia, el también dirigente nacional del Sindicato Minero, denunció que Larrea reinició “la guerra sucia” en su contra, con una campaña mediática que revive el destino de los 55 millones de dólares que Grupo México se vio obligado a entregar al organismo sindica, como una estrategia para evadir su responsabilidad en Pasta de Conchos y las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete, Zacatecas.
Horas más tarde, Grupo México hizo llegar un comunicado en el que acusa de Gómez Urrutia de “mentir”, de hablar “sobre huelgas que no existen” y de eludir, “el pago de 55 millones de dólares, más intereses, que les debe a los mineros y que sigue reteniendo indebidamente en sus cuentas bancarias”.
Se queja del “uso faccioso” que Gómez Urrutia hizo “de la Tribuna del Congreso”.
En realidad, el senador de Morena lo que hizo fue denunciar que la tragedia de Pasta de Conchos pudo evitarse, pero los mineros fallecieron por las nulas condiciones de seguridad que desde el 2000 el Sindicato denunció, además, Grupo México se negó a rescatarlos y para ello contó con la protección primero de Fox y luego de Calderón.
“Una negligencia criminal, una irresponsabilidad, producto de la arrogancia y el descuido de una empresa, que se ha caracterizado siempre por llevar destrucción y muerte donde opere”, resaltó Gómez Urrutia. Recordó que los trabajadores fueron abandonados y al quinto día de la explosión, Grupo México decidió suspender el rescate, bajo el argumento de que los mineros habían muerto, porque la explosión fue de tal magnitud que habían sido calcinados”.
Sin embargo, un año después dos cuerpos de los 65 mineros fueron sacados de la mina y la autopsia que se les hizo demostró que habían muerto por asfixia, no por carbonización. Ello significa, recalcó el senador de Morena, que Larrea y Fox y su secretario del Trabajo, el actual senador suplente del PAN, Francisco Javier Salazar, suspendieron las actividades de rescate, sin saber si los mineros de Pasta de Conchos estaban aún con vida o lo condenaban a muerte.
Ahí siguen, expuso, los cuerpos sepultados y abandonados en el fondo de la mina, de mineros, con cuyo trabajo ha acumulado una fortuna inmensa el empresario Larrea. Esa tragedia, insistió, “no puede quedar en la impunidad.
En conferencia de prensa, el senador Gómez Urrutia respondió a cuestionamientos sobre los 55 millones de dólares que Grupo México debió entregar al Sindicato Minero, luego de un litigio de más de una década. Corresponde, explicó al cinco por ciento de las acciones de Minera de Cananea, que, de acuerdo al título de concesión, estaba obligado a entregar al organismo gremial, luego de adquirir la histórica mina.
Es un tema, recalcó, que Larrea utilizó después del conflicto de Pasta de Conchos, para atacarlo y tratar de destruir al Sindicato Minero. Sin embargo, recalcó, la mayor parte se distribuyó entre los trabajadores, otra se usó para apoyar a los huelguistas de Cananea y otra parte está congelada por las autoridades hacendarias. Dejo claro que el caso llegó hasta la Suprema Corte, la que lo absolvió de toda responsabilidad.
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