Por ocho votos contra tres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalido la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El fallo del máximo tribunal implica que la corporación policiaca deberá regresar al control administrativo y operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El argumento principal de esta decisión es que el artículo 21 de la Constitución define a la Guardia Nacional como una corporación civil, que debe depender de la SSPC.
“Se concluye que resultaría en un fraude a la Constitución Federal afirmar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo la normativa militar”, señaló el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien elaboró el proyecto aprobado.
Entre el voto mayoritario, la ministra Margarita Ríos Farjat señaló que no es posible mantener a la Guardia Nacional como una corporación de carácter civil, si depende operativamente de los militares.
“Me resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo. En mi entendimiento, una institución no puede ser dirigida en realidad sin tener control de su operación y su administración. Al ser castrenses estos controles la dirección también lo es y el carácter civil queda entredicho”, señaló la ministra.
En contra de invalidar este traspaso votaron solamente los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Aunque la decisión está tomada, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hizo notar que regresar a la Guardia Nacional a la SSPC requería de varios ajustes legales y operativos, por lo que planteó que es preciso finarle a los poderes Legislativo y Ejecutivo un plazo de varios meses para cumplir con lo que decidió la SCJN.
Por ello, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, propuso al ponente que reelabore su proyecto en cuanto a los efectos de la sentencia, y los presente en la sesión del jueves próximo.
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