Tras subrayar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está excediendo en sus funciones al asumir por si sola la decisión de anular la prisión preventiva oficiosa -derivado de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió que de invalidar el artículo 19 de la Constitución, impactaría en la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes: 11 mil 640 acusados de homicidios; 7 mil 150 de secuestros; 5 mil 617 de violación y 4 mil 13 de narcotráfico, entre otros.
En la conferencia presidencial, dijo que aunque esta resolución obliga a todo el estado mexicano, la SCJN atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y cómo México debe darle cumplimiento” descalificando otras opciones, entre ellas, una obvia, es que el Congreso de la Unión debería analizar estas modificaciones.
Señaló que ante esta preocupación, el Gabinete de Seguridad envió una carta a cada uno de los ministros de la Corte expresándoles los alcances de tomar esta decisión porque, tan sólo en el estado de México, desactivar la prisión preventiva oficiosa, implicaría la liberación, con riesgo de fuga de 21 mil 718 presuntos delincuentes. En Jalisco 8 mil 342 y en Veracruz 4 mil 554, cuando en gran medida la cantidad de personas en esta condición obedece a la gran tardanza en los procesos legales que hay en el Poder Judicial.
Aseguró que esto coloca en riesgo a testigos y las víctimas que las han acusado, personal de las policías y las fiscalías, propios juzgados, riesgo a población en su conjunto, comisión de los nuevos delitos, seguridad nacional porque están asociados al crimen organizado con capacidad económica y operativa con alto riesgo de darse a la fuga.
Alcalde dijo que la Corte se excede en sus facultades y pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que significa paz y seguridad por lo que el gabinete determinó enviarle la carta para advertir de los riesgos.
Según la funcionaria, ningún estado, gobierno o tribunal extranjero puede ordenar a México modificar su constitución, régimen político. Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia.
Aunque la Constitución y los tratados internacionales tienen la misma jerarquía, cuando una norma internacional se opone a una norma nacional, debe prevalecer siempre la Constitución. Es un criterio se ha tomado en otras ocasiones.
Así, Alcalde Luján expresó su preocupación por la discusión en la Suprema Corte sobre la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, y compartió la carta que el Gabinete de Seguridad envió a las y los ministros con una lista de los riesgos.
Alcalde Luján explicó que la posible reforma a la prisión preventiva impactaría en la eventual liberación de 68 mil presuntos delincuentes, acusados en su mayoría de homicidio, secuestro, violación y narcotráfico.
“El número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces, y a la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse”, aseguró.
“La Suprema Corte está proponiendo invalidar el Artículo 19 constitucional, y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una resolución, emitida en enero de 2023, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, en donde condena a México y resuelve se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva”, explicó.
La secretaria declaró que la Corte atrajo la sentencia “oficiosamente para interpretarla, y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta otras instituciones, una obvia sería el Congreso de la Unión, quien debería de analizar la posibilidad de estas modificaciones”.
“Creemos que la Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades, pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”, aseguró.
Alcalde Luján desglosó que la cifra de los más 68 mil presuntos en: 11 mil 640 acusados de homicidio; siete mil 150 acusados de secuestro; cinco mil 617, de violación; cuatro mil 013, de narcotráfico y narcomenudeo; tres mil 800, de portación de armamento o explosivos; mil 405, de feminicidio; mil 273, de pederastia, abuso infantil y corrupción de menores; y 445 de delincuencia organizada.
Asimismo, enlistó las entidades que más liberarían presuntos delincuentes: Estado de México, 21 mil 718; Jalisco, ocho mil 342; Veracruz, cuatro mil 554; Michoacán, tres mil 315; y Puebla, tres mil 044.
La secretaria apuntó que la eliminación de la prisión preventiva es un riesgo para la seguridad de testigos y víctimas; para la seguridad de policías, personal de fiscalías y juzgadores; para la población ante la posibilidad de volver a delinquir; para la seguridad nacional; y para el sistema de justicia porque “tendría una carga de trabajo excesiva”.
También la titular de la Segob consideró que quitar la prisión preventiva oficiosa vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse.
“Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, a respetar la división de poderes, a no excederse en sus facultades, a considerar las graves consecuencias de eliminar la prisión preventiva oficiosas tendría para la seguridad nacional, y que valoren atacar la tardanza de sus resoluciones”, concluyó.
El pasado viernes 12 de abril, el Gabinete de Seguridad envió una carta a las y los ministros de la SCJN, en donde les plantearon sus preocupaciones sobre la discusión. El documento lo compartió la Secretaria de Gobernación, a través de sus redes sociales esta mañana.
En la carta, Alcalde Luján externó su preocupación por la corrupción que existe en el Poder Judicial, en la que “algunos juzgadores” puedan actuar de “manera facciosa” para favorecer a las y los presuntos delincuentes.
“La preocupación aumenta ante la corrupción que con frecuencia se ha detectado al interior del Poder Judicial de la Federación por parte de algunos juzgadores que actúan de manera facciosa para favorecer a delincuentes; corrupción que hemos denunciado reiteradamente ante el Consejo de la Judicatura Federal sin que se investigue o sancione y que, de invalidarse la prisión preventiva oficiosa, resultaría en un atentado contra la seguridad pública”, criticó.
“Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y abonará al mantenimiento de la paz y la seguridad de la sociedad”, finalizó.
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