Enrique Rivas Cuéllar, exalcalde panista de Nuevo Laredo, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el almacenamiento de dos patrullas clonadas de la Marina, encontradas en oficinas de ese Ayuntamiento, mismas que habrían sido usadas para cometer desapariciones forzadas.
Las unidades fueron localizadas en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4 de Nuevo Laredo, el 15 de agosto de 2018, por un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.
Agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) de la FGR, fueron quienes aseguraron las unidades, las cuales estaban pintadas de color gris y tenían los logotipos de la Marina, mismas que se encontraban en el estacionamiento de la dependencia estatal.
El aseguramiento se dio como parte de una investigación de la FEIDDF, por la desaparición forzada de 36 personas, atribuida al personal de la Marina.
En ese momento, al frente del Ayuntamiento de Nuevo Laredo se encontraba el alcalde panista Enrique Rivas Cuéllar, a quien la FGR señala por el almacenamiento de dichas unidades.
Las patrullas apócrifas de la Semar
Se trata de dos vehículos que fueron descubiertos por el colectivo de familiares de desaparecidos a manos de la Armada de México. Por aquel entonces el alcalde tenía como escoltas a integrantes de la Marina, aunque las víctimas sospechan que esos vehículos apócrifos, ya que no portaban placas oficiales, pudiesen utilizarse en alguna de las desapariciones que denuncian. El 15 de agosto de ese mismo año, elementos de la fiscalía decomisaron las camionetas en el C4 de Nuevo Laredo.
Por el momento Rivas Cuéllar está señalado por un presunto delito de “uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas”, según el artículo 250 1 bis del Código Penal Federal. Este prevé penas de entre uno y seis años de cárcel por almacenar “vehículos con balizaje, colores, equipamiento, originales, falsificados o con apariencia tal que se asemejen a los vehículos utilizados por las fuerzas armadas o instituciones de seguridad pública”. Sin embargo, la pena puede ser de entre 5 y 12 años de cárcel en el caso de que dichos vehículos sean utilizados para la comisión de un delito.
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