Anuncia la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que serán investigadas posibles irregularidades en las contrataciones y adquisiciones del Instituto Nacional Electoral (INE), también del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los órganos públicos locales electorales estatales (OPLEs), correspondientes al periodo de 2000 a 2025.
El organismo fiscalizador anunció tres líneas de investigación para revisar el manejo de recursos públicos en las autoridades electorales del país, identificar posibles prácticas ilegales y detectar anomalías en los procesos de contratación.
La primera contempla indagatorias de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas del INE, el IFE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La segunda consiste en un estudio histórico de las adquisiciones realizadas durante los últimos 25 años, con énfasis en la concentración de proveedores y posibles esquemas de simulación.
Como tercera acción, la ASF realizará una auditoría integral al INE y revisará la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
Las investigaciones se producen después de que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informara sobre operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos acumuladas por dos grupos empresariales con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.
De ese monto, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales y 430 millones al INE.Entre los posibles mecanismos irregulares bajo investigación se encuentran la simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas de los mismos grupos y operaciones con compañías presuntamente utilizadas para emitir facturas.
Por su parte, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, respaldó la solicitud de una fiscalización emergente para revisar las adquisiciones y contrataciones del organismo.
La ASF precisó que las investigaciones se desarrollarán con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad. Los señalamientos forman parte de indagatorias en curso y no representan responsabilidades definitivas.
La revisión abarcará operaciones de distintas administraciones electorales, desde el extinto IFE hasta el actual INE, así como el gasto de los institutos electorales estatales.
