Juez que amparó a Gálvez se está extralimitando: Alcalde

El gobierno federal llevará ante el Consejo de la Judicatura Federal al juez octavo de distrito en materia administrativa Martín Santos Pérez por considerar que está “extralimitándose de sus facultades, aprovechándose de un amparo”, promovido por la senadora Xóchitl Gálvez relacionado con alusiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional se aseguró que el juzgador adoptó una decisión que va en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad al ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de expresar manifestaciones con “malicia efectiva” en redes sociales y canales oficiales.

“Se está extralimitando de sus facultades y, aprovechándose de un amparo, se toman decisiones que violentan la libertad de expresión, no solo del presidente de México, sino del derecho a la información de todas las mexicanas y los mexicanos, afectando con ello la democracia”, declaró Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia, el presidente acusó al juez de ser él quien actúa con “malicia efectiva”. “Le voy a enviar formalmente un escrito al consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y su actuación sectaria e ilegal e injusta. Además, politiquera. Hoy o mañana, me dio un plazo de 48 horas.

“Entonces es una oportunidad, si, una carta pública, la vida pública tiene que ser cada vez más pública, voy a fundar mi escrito y se lo voy a enviar al juez y también al consejo de la Judicatura”, señaló el mandatario.

Sostuvo que supuestamente el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada.

“Miren cuantos jueces actúan de manera arbitraria y con evidente interés en favor de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Tienen que actuar, además ganan muchísimo dinero y no hacen nada. Como 300 o 400 mil pesos mensuales, se rayan y no hacen nada”.

Poco antes, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde describió la actuación del juez que acumula un conjunto de resoluciones contrarias a las políticas de gobierno: Suspensión del acuerdo que permitía a las fuerzas armadas realizar labores de seguridad pública, suspendió el programa piloto para aplicar el plan de estudios de preescolar, primaria, secundaria, 2020-2023, suspendió la decisión que prohibía la venta de cigarrillos electrónicos; otorga suspensión a prohibición a restaurantes para permitir fumar y había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra.

En su resolución, apuntó la funcionaria, se ordena al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera a abstenerse de proporcionar información financiera, fiscal y empresarial de las compañías de Gálvez.

Señaló que la senadora Gálvez está asesorada por el Consejo Nacional del Litigio Estratégico integrado por algunos miembros como Gustavo de Hoyos, Claudio X González, presidente Miguel Carbonell, Fernando Gómez Montt, Lía Limón. Anunció que se presentarán los recursos necesarios, pero por lo pronto, dijo, hacemos público las extralimitaciones del juez afectando democracia, pretendiendo con este amparo silenciar al presidente de México.

También informó que se presentarán los recursos jurídicos necesarios. “Pero hacemos pública nuestra preocupación por la extralimitación. Este juez se extralimita, afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este amparo silenciar al presidente de México”, recalcó la secretaria de Gobernación.

El presidente López Obrador anunció que contestará al juez dentro de las próximas 48 horas, al considerar que su objetivo es silenciarlo, al tiempo que lo acusó de hablar con “malicia efectiva”.

“Le voy a contestar porque la malicia efectiva es de su parte, y le voy a enviar también un escrito formal al Consejo de la Judicatura (Federal) en contra del juez por todos sus antecedentes y su actuación sectaria, ilegal e injusta, además de politiquera”, expresó el mandatario.