La plataforma Uber recibió una suspensión definitiva por parte de la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa que impide a la Guardia Nacional detener a los socios conductores que presten servicio en los más de 70 aeropuertos del país.
El fallo judicial permite que los choferes de esta plataforma puedan recoger y dejar pasajeros en zonas federales aeroportuarias sin temor a ser arrestados, al menos mientras se resuelve el juicio de amparo que la empresa interpuso.
La medida, que ha marcado un precedente en la operación de plataformas digitales de transporte en México, según especialistas en derecho administrativo, podría tener implicaciones relevantes para el resto de las aplicaciones de movilidad que operan bajo condiciones similares.
Con esta decisión, el Poder Judicial respalda —aunque de manera provisional— la posición que Uber ha defendido durante más de diez años: que las detenciones de sus conductores en aeropuertos carecen de fundamento legal.
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En un comunicado, la compañía celebró la determinación judicial y subrayó su importancia en el contexto del Mundial de Futbol 2026, evento que traerá a millones de turistas al país.
“Uber confía en que esta suspensión quede asentada en una resolución final, tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentran los aeropuertos del país en este momento: el próximo año se celebrará el Mundial de Fútbol en México”, indicó la empresa.
Además, Uber instó a las autoridades federales a respetar la resolución y pidió al Congreso de la Unión avanzar hacia una legislación que regule el acceso de las plataformas digitales a los aeropuertos.
Según la compañía, contar con un marco jurídico claro no solo favorecería a los conductores y usuarios, sino que fortalecería la competitividad del sector turístico, al convertir los aeropuertos en una “carta de presentación moderna y eficiente” para México ante el mundo.
Sin embargo, el tema sigue siendo motivo de disputa. El pasado 6 de octubre, permisionarios de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron que no existe ningún acuerdo oficial que permita la entrada de servicios de aplicación a la terminal. Los transportistas acusaron la existencia de “un corrupto negocio que la Marina tiene con el transporte de aplicación” y señalaron a Moisés Alfonso Magallanes, subdirector de Terminal de Supervisión de Transportación Terrestre del AICM, como presunto responsable de permitir el ingreso irregular de unidades, afectando —según dijeron— a los concesionarios legalmente establecidos.
La controversia entre taxis tradicionales y plataformas digitales vuelve así a encenderse, justo cuando México se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.
Con Información de Agencias
