El martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a Julia Carabias de haber otorgado los permisos a la empresa Vulcan Materials de explotar terrenos en Playa del Carmen, ella lo niega y dice que quien lo permitió fue el exgobernador Miguel Borge Martín.
Hoy, sin un permiso vigente, la empresa estadounidense Vulcan Materials Company (Sac-Tun en México, antes ICA) sigue extrayendo material para construcción y causando socavones cerca de Playa del Carmen, Quintana Roo, para llevarlo por barco a Estados Unidos.
Amparada en el T-MEC, demandó al Gobierno federal por indemnización por mil 500 millones de dólares más intereses tras el retiro de la concesión, por lo que se evalúa recurrir ante Naciones Unidas (ONU) si no hay acuerdo para que acepten que se usen los hoyos para albercas turísticas, señala el reportaje del sitio web Sin Embargo.
“Escarban, dejan los socavones y se llevan el material, pero se les venció el plazo tanto de la mina para extraer como para el uso del puerto en donde sacan”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana. “No es amenaza ni advertencia, es sencillamente: ya se acabó la impunidad. Y yo estoy seguro que los accionistas principales no saben de esta tragedia, estamos hablando de la destrucción de 400-500 hectáreas”.
Desde Palacio Nacional señaló el pasado 1 de febrero que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) dirigida entonces por Julia Carabias Lillo dio dos permisos, para extraer en 400 hectáreas y usar el puerto, el 30 de noviembre del 2000, el último día de gestión del Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000).
Sin embargo, esta mañana la bióloga afirmó a SinEmbargo que no tiene “ninguna responsabilidad”, ya que la empresa opera desde finales de los ochenta otorgados por el Gobierno estatal de Quintana Roo, es decir, por el priista Miguel Borge Martín (1987-1993) y se siguieron renovando en 1996, 2001, 2011 y hasta 2016 durante la gestión de Roberto Borge Angulo (2011-2016).
“Esa autorización de la extracción de caliza en esos predios de Playa del Carmen se hizo desde 1988. En 1996 es atribución del Gobierno del estado [de Quintana Roo] y todos los permisos los ha dado el Gobierno del estado”, dijo durante una conferencia de prensa sobre los riesgos de la absorción del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que ella dirigió en 1994, por la Semarnat.
“Nosotros no autorizamos el inicio de sus obras”, enfatizó a pregunta expresa de este medio. Solicitó a transparencia quién firmó el permiso con fecha del 30 de noviembre de 2020, el último día de su gestión en la Semarnat. “En cuanto tengamos más información la daremos a conocer, pero eso no fue el permiso para operar”.
El gobernador de Quintana Roo —cuando se dio luz verde para operar— era Miguel Borge Martín (1987-1993), priista primo de Kamel Nacif Borge, vinculado a una red de pedofilia y agresiones contra la periodista Lydia Cacho, actualmente amparado contra una orden de aprehensión. También es tío del gobernador Roberto Borge Angulo, detenido en Panamá por enriquecimiento ilícito.
El Presidente López Obrador planteó el lunes que como no se le amplió la concesión a la empresa porque estaba “destruyendo el territorio”, solicitó una denuncia internacional para pedir una indemnización millonaria. La bióloga precisó que eso sucedió en 2016 o 2018 a nivel municipal.
“[En 2016] ya no se les permite por un asunto local, que fue un cambio de ordenamiento ecológico local del municipio de Solidaridad. La empresa Calica (que cambió su nombre porque era antes ICA) puso un arbitraje en el espacio del Tratado de Libre Comercio desde 2016 o 2018, antes del cambio de Gobierno federal. Ese arbitraje que solicitan es porque dicen que están perdiendo sus inversiones y por lo tanto demandan a México por mil 500 millones de dólares”, detalló.
“Me indigna que México tenga que pagar por una situación de ese tipo, no es justo para el país. La empresa legalmente tiene derecho a defenderse, es un arbitraje del Tratado de Libre Comercio. Ojalá el embajador lo resuelva por la vía de negociación”, agregó.
La exsecretaria de Medio Ambiente cuestionó al Presidente López Obrador por atacar a los ambientalistas desde Palacio Nacional y difamarla. “¿Por qué me difama y por qué me señala con una doble moral?”, preguntó. “Esta difamación que se me hace me cae de sorpresa”.
Y se respondió: “Porque somos críticos de lo que está ocurriendo en la política ambiental nacional y se refleja en la disminución del empuje contra el cambio climático, en la disminución de los recursos económicos”.
Enfatizó que el presupuesto federal al ramo del medio ambiente sigue a la baja, ya que aunque este año subió un poco en la Semarnat la mayoría se dirige a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y ahora se encamina la desaparición del INECC, clave para la información científica que orienta políticas públicas contra la crisis climática.
Creación de albercas turísticas
La empresa estadounidense Vulcan Material señalada desde Palacio Nacional consideró que hacer público el arbitraje internacional fue “inapropiado” si se quería llegar a un acuerdo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, establecer comunicación con ellos por lo que viajó a Quintana Roo para constatar el daño en el suelo de la playa con mar turquesa y buscar la posibilidad de instalar albercas turísticas en los socavones provocados por la extracción de material.
“Ayer [lunes 31 de enero] me habló Esteban, que decían los señores —porque se saben, fíjense, las cosas que aquí se dicen—que por qué lo había yo mencionado, que lo veían como algo inapropiado si queríamos llegar a un acuerdo, que pensaban que también pudo ser de buena fe”, contó el mandatario. “Pues sí, es de buena fe, pero es también ya transparentar todo, si no ayudamos al medio ambiente todos…”.
Con base en las albercas turísticas que hay en la Riviera Maya conocidas como “el Xochimilco de Cancún”, López Obrador propuso que aún con el daño que se causó, es tan bella la zona con el agua turquesa que sale del banco donde han extraído el material podrían hacerse albercas.
“Es una de las propuestas que les estamos haciendo. Como ya escarbaron, el agua es turquesa por la piedra, entonces, con un poco de imaginación y de talento se podría utilizar como zona turística, casi albercas naturales, buscando un acuerdo. Pero que ya no se siga destruyendo y que retiren su demanda, porque no tiene fundamento legal”, reiteró el martes.
Vulcan Material cuenta con despachos jurídicos y fiscales. Pero el Presidente le pidió al embajador Moctezuma buscar al presidente del Consejo, “porque esta empresa es muy fuerte y tiene financiamiento de fondos de inversión”.
“Ponen la demanda a nivel internacional en contra del Gobierno de México. Bueno, si vamos a eso, pues vamos al pleito abierto. ¿Y qué es abierto? Que se sepa”, planteó.
Julia Carabias, titular de la Semarnap, dio el permiso para la explotación de los terrenos el 30 de noviembre de 2000, el último día del sexenio de Ernesto Zedillo.
Semarnat exhibe a Julia Carabias, ella autorizó
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que la empresa Calica fue autorizada para la explotación de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Dicho consentimiento ocurrió el 30 de noviembre de 2000, el último día del sexenio de Ernesto Zedillo, en donde Julia Carabias fungió como titular de dicha Secretaría, siendo nombrada de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) en aquel momento.
Sin embargo, la Semarnat apuntó a través de un comunicado que, al tratarse de una autorización de permisos de Impacto Ambiental, la única dependencia que tenía la facultad de darla era el Instituto Nacional de Ecología (INECC), órgano desconcentrado de la propia Semarnat.
Es ante esto que “la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del INECC era la facultada para emitir esos permisos, por lo que su titular Fedro Carlos Guillén Rodríguez fue el responsable de otorgar, en un periodo récord de 36 días, dicha autorización para realizar la extracción y aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático a cielo abierto”, mencionó la Semarnat.
Asimismo, la Semarnat destacó que la explotación minera debajo del manto freático se traduce en un grave daño ambiental; así como “la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero afectando su hidrodinámica, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo”, riesgo en la calidad y pureza del agua, el drenaje superficial y subterráneo debido al formación incrementada de oquedades. Igualmente se incluye la alteración al paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas de la zona.
La autorización para la extracción y aprovechamiento de la roca caliza representó sólo uno de seis mil 172 permisos de impacto ambiental llevados a cabo durante el sexenio de Ernesto Zedillo, puntualizó la Semarnat, quien además detalló que durante noviembre del 2000, último mes de la administración del expresidente priista, 23 por ciento de las autorizaciones de todo ese año fueron otorgadas.
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